Pablo Quierno y Carlos Presti recorrerán el predio elegido para la obra mientras el Ejecutivo prepara una nueva iniciativa vinculada con la soberanía y la defensa.
El Gobierno acelera los planes para construir la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, en el marco de su estrategia de defensa y del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Para avanzar con el proyecto, el Ejecutivo enviará al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, a recorrer el predio elegido para la obra.
Desde la Casa Rosada informaron que la visita de los funcionarios, prevista para este viernes, busca avanzar con los detalles del proyecto militar y darle impulso a los trabajos previstos en la zona.
El Ejecutivo también anticipó que la próxima semana enviará a Diputados la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, una iniciativa que se suma a la estrategia oficial vinculada con la defensa del territorio y el reclamo argentino por las Malvinas.
En paralelo, el Gobierno comunicó nuevas sanciones contra un nuevo grupo de 15 empresas internacionales que operan sin autorización en Malvinas, luego de que otros 45 sujetos —entre personas humanas y jurídicas— fueran notificados durante el fin de semana.
Ambas definiciones fueron confirmadas por fuentes oficiales este martes después de una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, de la que Quirno y Presti participaron por primera vez. Allí, los funcionarios también detallaron los avances del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados.
El proyecto, tal como lo planteó Milei, persigue tres objetivos centrales. Primero, endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, habilitando en los casos que corresponda el juicio en ausencia.
En paralelo, propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. En tercer lugar, le pide al Congreso dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas especiales para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Durante el encuentro de la mesa política, Presti presentó los detalles del proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que el Gobierno busca desarrollar en Tierra del Fuego.
Para llevar a cabo la iniciativa, el Gobierno ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que las estimaciones finales del proyecto contemplarían entre US$400 y US$500 millones, por lo que el Ejecutivo deberá definir de dónde obtener el 70% del financiamiento aproximado restante.
Para ello, Milei dio la instrucción a su ministro de Economía, Luis Caputo, de que priorice en el Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.
En ese contexto, la visita de Presti y Quirno a la zona donde estará ubicado el obrador apunta a acelerar la construcción de la instalación. “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”, aseguró esta mañana en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Con el avance del proyecto, el Gobierno busca ampliar su influencia sobre la zona, mientras avanza a la par con las sanciones contra las empresas involucradas en actividades extractivas en Malvinas. La última medida en ese sentido fue la denuncia penal presentada este lunes por el canciller Pablo Quirno y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según aclara el comunicado oficial, la acción está dirigida contra “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” de las compañías que hubiesen intervenido en el hecho.
En el marco de las nuevas sanciones anunciadas este martes, el Gobierno remarcó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. Y sentenció: “Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.