Buscan reconstruir el recorrido del funcionario y determinar quién pagó el viaje. La causa es por presuntas irregularidades y posible enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial sobre el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este sumó nuevas medidas clave. El juez federal Ariel Lijo ordenó recopilar registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando y documentación vinculada a la contratación del vuelo privado en el que el funcionario se trasladó junto a su familia en febrero.
Según se dispuso, la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá reunir todas las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al 12 de febrero. El objetivo es reconstruir en detalle cada movimiento del viaje, desde el ingreso al predio hasta el despegue.
La medida abarca registros de accesos, egresos, estacionamientos, pista, hangares y también oficinas o inmuebles cercanos al sector donde Adorni abordó el avión.
En paralelo, el magistrado solicitó información completa sobre el vuelo que partió desde San Fernando hacia Punta del Este a bordo de un avión “Honda Jet”, matrícula LVHWA, operado por la firma Alpha Centauri S.A.
Además, requirió el listado total de vuelos que despegaron y aterrizaron en ese aeropuerto durante las cuatro horas previas y posteriores al traslado investigado. Con estos datos, la Justicia busca establecer el contexto operativo en el que se realizó el viaje.
Otra de las medidas apunta directamente a la empresa involucrada. Alpha Centauri S.A. deberá presentar facturas, comprobantes de pago, contratos y cualquier documentación respaldatoria de la contratación del servicio. El foco está puesto en determinar quién financió el vuelo y bajo qué condiciones se realizó.
Por su parte, el fiscal Eduardo Pollicita solicitó nuevas diligencias que aún no fueron autorizadas por el juez. Entre ellas, pidió que el periodista Marcelo Grandio, quien habría viajado junto a Adorni, preste declaración testimonial.
También requirió a la Dirección General de Aduanas que informe si se realizaron controles sobre el vuelo en cuestión, en línea con las sospechas sobre posibles irregularidades en los procedimientos.
La investigación apunta a establecer si se cumplieron las normativas vigentes en materia de vuelos privados y si existieron inconsistencias en la contratación o el desarrollo del viaje.
El caso se originó a partir de una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano, quien pidió investigar un posible enriquecimiento ilícito del funcionario tras conocerse detalles del viaje familiar a Punta del Este.
Según planteó, el costo del traslado en avión privado no se correspondería con los ingresos declarados por Adorni, por lo que solicitó determinar si hubo un incremento patrimonial injustificado.
En su presentación, además, señaló que pocos días antes del viaje la propia Jefatura de Gabinete había impulsado cambios en el régimen de viajes oficiales, con restricciones más estrictas sobre las comitivas.
A esto se suma otra denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a Adorni de presunta malversación de fondos públicos en relación a otro viaje oficial, en el que habría utilizado recursos del Estado.
Ambas presentaciones quedaron radicadas en distintos juzgados federales: la de Pagano en el de Daniel Rafecas y la de Dalbón en el juzgado subrogado por Ariel Lijo.
El viaje se conoció a partir de una publicación periodística que indicó que se realizó entre el 12 y el 17 de febrero en un avión Honda Jet contratado a la empresa Alpha Centauri.
Adorni habría viajado junto a su esposa, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista Marcelo Grandio. Según trascendió, al regresar al país el funcionario habría solicitado realizar los trámites migratorios en un hangar privado, evitando las áreas comunes del aeropuerto.
También se conoció una declaración jurada que confirma el regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Uruguay, hacia San Fernando el 17 de febrero de 2026.
La controversia creció en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos y la presencia de familiares en viajes vinculados a la función pública. En ese contexto, la Justicia avanza ahora con nuevas medidas para esclarecer los detalles del traslado y su financiamiento.