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La senadora admitió modificaciones para casos graves tras las críticas al artículo que reduce salarios y denunció una “mafia de certificados truchos”.
La polémica por el recorte salarial durante las licencias por enfermedad dentro de la reforma laboral generó un fuerte rechazo político y social, lo que obligó al oficialismo a recalcular su estrategia y anticipar cambios en el Congreso. La senadora Patricia Bullrich reconoció que impulsarán modificaciones para garantizar el cobro total del salario en casos de patologías graves.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicó que la excepción al recorte aplicará exclusivamente para “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre que exista una “corroboración concreta y fehaciente” del diagnóstico médico. La legisladora confirmó que el oficialismo ya trabaja en modificaciones que serán incorporadas durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
El punto cuestionado forma parte del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue incluido en la reforma laboral y obtuvo media sanción en el Senado. La norma establece que, ante una enfermedad o accidente no laboral, el trabajador cobrará solo el 50% del salario si el cuadro es producto de una “actividad voluntaria y consciente del riesgo”, y el 75% si no hubo intención de asumir ese riesgo.
El artículo fue incorporado a último momento en el debate del Senado, lo que generó tensiones incluso dentro de los bloques aliados del oficialismo. Según fuentes legislativas, la medida puso en duda el acompañamiento de sectores dialoguistas, que consideraron excesivo el recorte y advirtieron sobre posibles conflictos judiciales y sindicales.
Ante ese escenario, Bullrich anticipó que el oficialismo busca introducir un “parche” durante el debate en la Cámara baja, con el objetivo de evitar que el proyecto deba regresar al Senado para su corrección. Un eventual retorno a la Cámara alta implicaría demoras en la promulgación de la reforma, algo que el Gobierno busca evitar para cumplir con su agenda legislativa.
En ese sentido, la senadora afirmó que ya se está trabajando en la "ingeniería legislativa" necesaria para incorporar las modificaciones sin alterar el curso legislativo del proyecto, que es considerado una pieza central del paquete de reformas impulsado por la Casa Rosada.
El recorte salarial en licencias por enfermedad fue uno de los puntos más cuestionados del paquete laboral, especialmente por sindicatos, especialistas en derecho laboral y sectores de la oposición. La redacción original del artículo establece que los trabajadores recibirán solo la mitad del salario si la enfermedad o lesión fue consecuencia de una conducta voluntaria que implicara riesgo, como practicar deportes o realizar actividades recreativas.
El Gobierno utilizó como ejemplo el caso de una persona que se lesiona jugando al fútbol para justificar la reducción del pago, lo que generó un amplio debate público y críticas por considerar que la medida penaliza actividades habituales de la vida cotidiana.
Además, se cuestionó la vaguedad del concepto de “actividad voluntaria y consciente del riesgo”, que podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de empleadores o aseguradoras, y derivar en conflictos judiciales.
Ante las críticas, Bullrich defendió la esencia del recorte y sostuvo que existe una “mafia de certificados truchos” que perjudica a las empresas y distorsiona el sistema de licencias médicas. En ese marco, aseguró que hay médicos, clínicas y personas procesadas o condenadas por emitir certificados falsos, y planteó que el objetivo de la reforma es terminar con esas prácticas.
“Tendríamos que tener muchos más presos, hay presos en todo el país por certificados truchos. Hay médicos presos, clínicas que han tenido juicio. La Libertad Avanza llegó para terminar con las mafias”, afirmó la senadora, al justificar la columna vertebral del proyecto.
La legisladora remarcó que el Estado debe establecer controles más estrictos sobre las licencias médicas, y que el sistema actual genera costos significativos para las empresas, lo que —según el oficialismo— impacta en la contratación de personal y la competitividad.
El artículo generó un fuerte rechazo en centrales sindicales y organizaciones laborales, que advirtieron que el recorte salarial podría afectar derechos básicos y vulnerar principios constitucionales. También legisladores de la oposición cuestionaron la medida y anticiparon que presentarán cambios o impugnaciones judiciales si la norma avanza sin modificaciones.
Desde sectores dialoguistas, incluso algunos aliados del Gobierno manifestaron reparos, señalando que el recorte podría generar conflictos sociales y judiciales, además de tensar las relaciones con los gremios en un contexto económico ya complejo.
En ese contexto, la marcha atrás parcial anunciada por Bullrich fue interpretada como una señal de pragmatismo político del oficialismo, que busca garantizar la aprobación de la reforma sin fracturar apoyos parlamentarios clave.