El abogado de Michel González cuestiona la acusación de la fiscalía y hace una nueva lectura sobre lo que pudo haber pasado en el hospital donde murió el nene.
No sólo eso: además planteó por primera vez otra hipótesis vinculada al posible origen de las lesiones en la cabeza del niño.
Según sostiene, son en el cuero cabelludo del niño y no fueron producidas por golpes, sino durante los intentos por revivirlo en la guardia del Hospital Regional de la ciudad, a la que llegó sin signos vitales el domingo 5 de abril de 2026.
Alejandro Varas, defensor público de Chubut, también sostuvo que la acusación inicial de los fiscales fue "apresurada", que el expediente presenta "contradicciones" y que hoy existen "dos hipótesis completamente distintas" sobre la causa de muerte.
Uno de los puntos centrales del argumento del defensor oficial está en los tiempos.
Según Varas, el informe histopatológico incorporado al expediente establece que las lesiones observadas en el cuero cabelludo del niño tendrían "una evolución no mayor a 12 horas antes de la muerte".
Ese dato, sostiene, ubica las marcas dentro del período de internación en el Hospital Regional, y no antes.
"El histopatológico marca un límite concreto de 12 horas. Eso podría ubicar las lesiones dentro del período de internación", afirmó en diálogo con Radio del Sur.
Varas explicó que la defensa analiza la posibilidad de que esas "microinfiltraciones, simétricas, redondeadas" que señala el informe hayan sido generadas por los electrodos del electroencefalograma utilizados durante el protocolo para determinar muerte cerebral.
De este modo, pone en duda que el origen hayan sido golpes recibidos por el menor, un elemento central en la acusación de homicidio inicial de la fiscalía contra González y la madre biológica del nene, a quienes el juez les dictó prisión preventiva por seis meses.
Según explicó, los especialistas consultados por la defensa indicaron que esos electrodos tienen forma de "botón de camisa" y se adhieren con una masa especial.
La hipótesis no está confirmada, pero es uno de los ejes de la ampliación pericial que ya pidió.
"No estamos afirmando nada concluyente. Lo que hacemos es investigar posibilidades sobre la base de la información médica y pericial", aclaró el abogado.
Varas remarcó que Ángel "no tenía fracturas ni fisuras en el cráneo" y que la médica que lo recibió al ingresar al hospital recorrió con los dedos toda la cabeza del niño sin detectar ninguna lesión visible.
"Lo primero que hizo la doctora fue revisar toda la cabeza para corroborar si existían lesiones visibles y no encontraron nada", relató.
Sobre el edema cerebral y las hemorragias detectadas, el defensor explicó que los médicos consultados por la defensa señalaron que esos cuadros pueden ser consecuencia directa de una hipoxia severa: una falta de oxígeno producida por la neumonía que habría derivado en el edema y en el "enclavamiento cerebral".
"El edema cerebral podría sobrevenir de una falta de oxígeno. El cerebro comienza a inflamarse y eso genera presión sobre el tronco encefálico", ilustró.
Varas señaló que la propia Fiscalía ya modificó su acusación: pasó de la hipótesis original de 20 o 22 golpes en la cabeza como causa de muerte a sostener actualmente un homicidio por omisión, bajo el argumento de que González y Mariela Altamirano conocían el estado de salud del niño y no actuaron para evitar su muerte.
El defensor rechazó también esa figura. "Para que exista homicidio por omisión debe haber intención de provocar el resultado muerte", explicó.
De este modo, cuestionó que esté probado que los imputados "querían la muerte de Ángel".
Como contrapeso, señaló que hay evidencia de que González y Altamirano sí se hacían cargo de los cuidados del niño.
"Hay evidencia de que lo llevaban al CAPS, al jardín (de infantes), a vacunarse y a distintas actividades. Eso contradice la idea de que buscaran su muerte", argumentó.
En ese escenario, Varas cuestionó la prisión preventiva que tanto su defendido como la madre de Angel cumplen actualmente.
"Entiendo que no existe riesgo de fuga. Ellos nunca abandonaron la ciudad y siempre estuvieron a disposición de las autoridades", sostuvo.
Reconoció, sin embargo, que la situación procesal sigue condicionada por la gravedad de la calificación jurídica y por la falta de un domicilio apto para cumplir medidas alternativas.
El defensor oficial reveló que ya solicitó al juez una serie de medidas para resolver estas cuestiones que plantea.
"Hemos pedido que se amplíe el informe para esclarecer estas contradicciones y determinar concretamente cuál fue la causa de muerte", indicó.
Además, insistió en que todavía no hay una conclusión definitiva.
"Hoy no tenemos concretamente definido si hay dos causas de muerte o una sola causa de muerte", afirmó.
Por eso, pidió no sacar conclusiones rápidas.
"La sociedad debe ser paciente. Un caso penal complejo no se resuelve en un mes y todavía falta mucha prueba por analizar", concluyó.