Tras el informe, el STJ de Chubut ordenó cambios para mejorar el trabajo de psicólogos y especialistas que asesoran a los jueces de Familia en esas decisiones.
El pequeño de cuatro años falleció el 5 de abril de 2026 en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, menos de seis meses después de que un juzgado de Familia le quitó la tenencia a su padre, Luis López, y se la dio a su madre, Mariela Altamirano a partir de un informe de los especialistas del ETI.
Hoy, la mujer está detenida e imputada por homicidio junto a su pareja, Michel Kevin González, padrastro del menor.
Concluida la intervención, la máxima autoridad judicial de la provincia patagónica ordenó implementar las recomendaciones surgidas de la auditoría integral al funcionamiento del ETI, que se extendió durante sesenta días y sacó varias conclusiones.
El informe, presentado este martes 30 de junio de 2026 por la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, María Marta Nieto, concluye que el organismo técnico cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para funcionar.
Sin embargo, advierte una serie de problemas de gestión y articulación que afectan la rapidez y la eficiencia de las intervenciones en causas de niñez, violencia familiar y personas en situación de vulnerabilidad.
La auditoría fue ordenada mediante un acuerdo plenario del 14 de abril y al día siguiente, el STJ designó a la Cámara de Apelaciones comodorense para ejecutarla.
Antes de ahondar en las conclusiones, Nieto se detuvo a aclarar que el trabajo no nació solo por la muerte de Angel López, sino por reclamos que se acumulaban desde hacía tiempo contra el desempeño del ETI, y no solo nen el común de la sociedad.
"Esto surge con posterioridad al caso Ángel y con motivo de los cuestionamientos que existían dentro de la comunidad, pero también de todos los operadores jurídicos”, afirmó en conferencia de prensa.
Y detalló que “abogados, Colegio de Abogados, Asesoría de Familia, Defensoría y distintos actores inquietudes respecto del funcionamiento del Equipo Técnico Interdisciplinario y también del Fuero de Familia".
La camarista detalló que la primera fase del trabajo consistió en relevar oficinas, vehículos, computadoras, sistemas informáticos, licencias del personal, y en entrevistar a abogados, defensores oficiales, asesores de familia y a los colegios profesionales de Psicólogos y de Trabajadores Sociales.
"Había que determinar si existía alguna limitación objetiva que justificara un funcionamiento deficiente", señaló.
La conclusión fue contundente. "El Equipo Técnico Interdisciplinario cuenta, desde hace varios años, con los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios para cumplir con las funciones para las cuales sus integrantes concursaron y prestaron juramento", indicó el informe.
Incluso, detectó que en los últimos tres años el organismo sumó vehículos oficiales, dispositivos móviles para las guardias y conectividad, por lo que las deficiencias son de carácter procedimental.
El ETI está integrado actualmente por ocho trabajadoras sociales, ocho psicólogas y un administrativo, y recibe en promedio unas 130 solicitudes mensuales del Fuero de Familia. Los tiempos de intervención oscilan entre los 22 y los 161 días según la complejidad de cada caso.
Entre los "nudos críticos" detectados, el ausentismo ocupa el primer lugar: el 35% de los turnos otorgados no se concreta.
En números, entre lo analizado fueron 189 entrevistas perdidas sobre un total de 536 programadas.
Esta situación, se determinó, genera un desgaste operativo que se agrava por la ausencia de mecanismos automáticos de confirmación y la dificultad para localizar a las familias citadas.
La auditoría también encendió una alarma sobre las demoras entre una denuncia de violencia y la primera intervención efectiva del equipo.
Nieto explicó que cuando un juez dicta medidas cautelares de protección, el ETI tiende a postergar las entrevistas porque las medidas ya están vigentes.
"En abril había agendas con turnos hasta junio. Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, junio es muy lejos", evaluó Nieto.
Por eso recomendó que, aun con medidas cautelares vigentes, el equipo realice una intervención temprana para informar rápidamente al juez si esas medidas fueron las adecuadas.
"El juez toma una decisión urgente para proteger. Pero después necesita la mirada interdisciplinaria para saber si esa decisión fue suficiente, si debe modificarse, ampliarse o mantenerse", detalló.
Otra de las observaciones centrales apuntó al funcionamiento del Sistema Integral de Protección de Derechos.
Nieto advirtió que alrededor de una misma familia pueden intervenir simultáneamente escuelas, el Servicio de Protección de Derechos (SPD), áreas municipales, centros de salud, programas de adicciones y el Poder Judicial.
Sin embargo, muchas veces cada organismo actúa por separado.
"Al intervenir de manera estanca y no integrada se producen superposiciones, omisiones e incluso revictimización", señaló.
La magistrada fue gráfica al ejemplificarlo: "Puede pasar que alguien diga 'yo no fui al domicilio porque pensé que ya había ido el Servicio de Protección de Derechos', cuando en realidad nunca había concurrido nadie".
En paralelo, detectó desbalances de carga dentro del propio equipo: "Había profesionales con tres entrevistas por día y otros, con cinco".
Nieto fue categórica al momento de informar sobre la incidencia de los jueces de familia en este tipo de deficiencias.
"Un juez solo, sin la intervención del equipo técnico, no puede resolver adecuadamente un conflicto familiar", dijo.
De todos modos, aclaró que el ETI tampoco puede reemplazar a los jueces y asumir la responsabilidad de decidir. "No pueden decir qué resolución debe dictarse", afirmó.
De este modo, introdujo una recomendación clara para los magistrados del fuero de Familia, orientada a que recuperen mayor protagonismo en cada expediente y revisen cuántas veces y para qué solicitan la intervención del equipo.
A partir del diagnóstico, la auditoría formuló un conjunto de seis recomendaciones que el STJ ya ordenó implementar.
Nieto también destacó un cambio de enfoque en la capacitación de los operadores judiciales.
"La capacitación debe hacerse con perspectiva de vulnerabilidad y no solamente con perspectiva de género", sostuvo.
La camarista explicó que el concepto abarca a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, y llamó la atención sobre un grupo en particular.
"A los adultos mayores muchas veces les pasa lo mismo que a los niños. No los escuchan, no los ven y no se presta suficiente atención a su relato".
Cuando se conoció el caso Angel, desde la familia de su padre apuntaron contra la “perspectiva de género” en las decisiones que orienta el ETI, y varias organizaciones salieron a denunciar a los especialistas que intervinieron en la decisión vinculada al nene fallecido.
De hecho, en una causa paralela al juicio por la muerte en el que están imputados la madre y el padrastro, investigan su desempeño .
Más allá de esa situación puntual, Nieto insistió en que la auditoría no apuntó a señalar responsables individuales respecto a ningún caso en particular.
"No fuimos a auditar personas. Diseñamos una metodología para auditar procesos y detectar dónde podían existir mejoras", remarcó.
La jueza describió al ETI como un organismo que no gestiona simples expedientes sino "crisis humanas, violencias, derechos de niños, niñas y adolescentes y las problemáticas que atraviesan las familias en sus múltiples conformaciones".