La justicia de Chubut ordenó la intervención del máximo organismo para que zanje las contradicciones entre los dictámenes forenses incorporados en la causa.
Ángel López, de cuatro años, falleció en el hospital de Comodoro Rivadavia, en Chubut.
La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años fallecido el 5 de abril de 2026 en el hospital regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut, en circunstancias todavía sin aclarar, sumó un nuevo capítulo judicial.
El tribunal revisor integrado por los jueces penales Raquel Tassello y Martín Cosmaro hizo lugar al pedido de la defensa de la madre y el padrastro del pequeño, detenidos con preventiva desde el 15 de abril e de 2026, y ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De este modo, revocó la decisión inicial del juez Alejandro Soñís, que había rechazado el planteo en primera instancia y sostenido la carátula de la causa que formuló la fiscalía, y que avala la querella, en reperesentación del padre del menor fallecido.
Los peritos del máximo tribunal del país deberán analizar los dictámenes contradictorios que conviven en el expediente.
Por un lado, los informes del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut —del 12 de abril, 18 de mayo y 1 de junio— y por el otro, el dictamen del médico legista Federico Segura, perito de la defensa, fechado el 3 de junio.
Para tramitar el pedido, ya se libró intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Ciudad de Buenos Aires, que recibirá copias certificadas de la historia clínica, el estudio histopatológico y todos los informes periciales.
En qué difieren los dictámenes de los peritos
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tribunal revisor estableció dos preguntas concretas que los especialistas de la Corte Suprema deberán responder.
La primera es si las lesiones halladas en la parte interna del cuero cabelludo de Ángel tuvieron entidad suficiente para provocarle la muerte.
La segunda cuestión es aún más determinante para el rumbo de la causa.
Los peritos deberán establecer si corresponde tener en cuenta el límite temporal fijado por el informe histopatológico, de menos de 12 horas, para esas lesiones.
Sucede que si se confirma que las infiltraciones hemáticas se produjeron dentro de ese plazo previo al fallecimiento, la hipótesis investigativa que sostiene actualmente la acusación podría quedar en entredicho, según señalaron los jueces en su resolución.
Fundamentalmente, lo que se podría caer, en ese caso, es la idea de que el fallecimiento se produjo por golpes reiterados que produjeron las lesiones en la cabeza.
Por el contrario, podrían corresponder a las propias maniobras para tratar de salvarle la vida al niño en el hospital, que es lo que sostiene la defensa.
La postura de la defensa: "Buscamos especialistas independientes"
El abogado defensor Alejandro Varas, que representa a la madre, Mariela Altamirano, y al padrastro, Michel González, sostuvo que el objetivo de la medida es garantizar una revisión técnica sin condicionamientos.
"La defensa tiene derecho a cuestionar las conclusiones periciales cuando considera que existen aspectos que deben ser aclarados”, argumentó.
“Lo que buscamos es que intervengan especialistas independientes y que puedan analizar toda la documentación disponible", agregó.
Varas rechazó las acusaciones del abogado querellante, quien vinculó la resolución con supuestos intereses políticos y una estrategia dilatoria.
Sobre los tiempos del proceso, el defensor fue escueto: "Será el propio organismo quien determine los tiempos necesarios para estudiar la documentación y emitir su dictamen."
Lo cierto es que hoy no hay plazos establecidos.
Para la querella sólo buscan "retrasar el juicio"
Roberto Castillo, abogado de Luis López, el padre de Ángel, consideró que la resolución no busca aclarar los hechos sino demorar el juicio.
"Desde mi punto de vista, esto es la injerencia directa de la política. No creo que el objetivo sea obtener un nuevo informe, sino retrasar el juicio para que llegue en otro momento político de la ciudad y de la provincia", afirmó el abogado.
Castillo es conocido por ser pareja de la conductora y mediática Cinthia Fernández, quien desde un primer momento se involucró en el reclamo de justicia encabezsaado por la familia paterna del pequeño, que desde un primer momento sostiene que la muerte fue responsabilidad de la madre y el padrastro.
Detrás del caso, se cuela además la eficacia -o no- del sistema de protección de menores de la justicia, que en noviembre de 2025 le habían restituido la custodia del nene a su madre biológica.
Hasta ese momento, y desde que tenía un año, el menor había quedado bajo cuidado de su padre y su pareja, madre de crianza de Ángel.
La idoneidad del perito de la defensa
Castillo cuestionó la idoneidad del perito de la defensa, Federico Segura, al señalar que no es especialista en pediatría.
"Lo único que hizo fue criticar a los peritos oficiales sin respaldar sus afirmaciones con bibliografía ni fundamentos científicos sólidos”, disparó el abogado.
E insistió: “Nos parece una pretensión muy floja y que solo genera demoras", sostuvo.
Por otra parte, Castillo también advirtió que no existe certeza de que la Corte Suprema acepte intervenir, ya que se trata de una medida excepcional.
Cómo sigue la causa
La causa continúa su curso con Altamirano y González en prisión preventiva.
La expectativa, ahora, está puesta en el dictamen que elabore el Cuerpo Médico Forense, que podría ser determinante para definir si el proceso avanza hacia la elevación a juicio o, por el contrario, se revisa todo lo actuado hasta el momento.
Desde la muerte de Ángel, el expediente acumuló pericias con conclusiones divergentes sobre la causa de muerte: mientras las autopsias iniciales apuntaron a los traumatismos craneoencefálicos, un informe histopatológico posterior incorporó la variable de una bronconeumonía severa como factor concurrente.
A eso se sumó, posteriormente, la cuestión del verdadero origen de las lesiones cerebrales.
Esa disputa médica es, hoy por hoy, el nudo central del proceso judicial que los peritos de la Corte deberán analizar.
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