Diputados de Chubut aprobaron un pedido de informes que abarca varias áreas del Poder Ejecutivo: "Queremos saber quiénes actuaron y muchas cosas más".
Caso Ángel López: los que le dieron la tenencia a la mamá deberán dar explicaciones en la Legislatura.
Con el foco principal puesto en el caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia tras haber sufrido más de 20 golpes en la cabeza, la Legislatura de Chubut aprobó un pedido de informes acerca del accionar del Poder Ejecutivo provincial.
Por la muerte de Ángel están detenidos e imputados Mariela Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro del niño.
Y se cuestiona seriamente el accionar del juzgado de Familia que en noviembre de 2025 le quitó la tenencia al padre y se la dio a Altamirano, y del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (SPD) que debió verificar las condiciones en las que vivía el nene.
Caso Ángel: el pedido de los legisladores
La iniciativa presentada por los diputados Sergio González y Mariela Tamame -del bloque Chubut Unido, una escisión reciente del oficialismo de Ignacio Torres- y aprobada por el cuerpo legislativo, se centró en el caso Ángel y también en las denuncias de abusos sexuales entre alumnos de segundo grado de la Escuela N° 21 de Trelew.
El texto votado exige detalles precisos sobre los equipos técnicos intervinientes, las fechas de toma de conocimiento de los hechos y la evaluación inicial realizada por los profesionales en cada situación.
"Queremos saber quiénes actuaron en este caso, cómo se hizo la vinculación entre la madre y el niño y muchas cosas más", expresó Tamame durante el debate previo a la votación en el recinto.
La diputada sostuvo que el SPD, que atravesó sucesivas intervenciones en los últimos tiempos, no tiene suficiente personal para responder a las necesidades actuales.
La actuación del Poder Judicial
Por otra parte, el pedido de informes no solo se limita al SPD sino que también busca determinar si hubo corresponsabilidades -y cuáles fueron- de los ministerios de Educación, Seguridad y Salud junto al Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial.
La búsqueda pasa por determinar cuál o cuáles fueron los organismos a cargo del abordaje integral del caso de Ángel.
Es decir, de quién dependía que Ángel estuviera con la familia de su padre -hoy querellante en la causa por el homicidio- o con la de su madre, donde el nene, presuntamente, sufrió las agresiones que derivaron en un paro cardiorrespiratorio y su muerte.
Más allá del pedido de informes legislativo, también hay investigaciones internas que apuntan a la labor del Equipo Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia, que depende del Poder Judicial.
La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó la “intervención y auditoría del Equipo Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia” por 60 días.
A la vez, un abogado denunció a las dos psicólogas que con sus informes habrían favorecido a Altamirano para conseguir la tenencia de Ángel.
Las situaciones se entrecruzan porque, por ejemplo, una de las psicólogas pertenece al ETI (es decir, depende del Poder Judicial) y la otra al SPD (depende del Poder Ejecutivo).
Abusos en la Escuela 21 de Trelew
En lo que respecta al caso de la Escuela 21 de Trelew, en el que padres de alumnos de segundo grado denunciaron hechos de abuso sexual con un niño del mismo curso como responsable, el Ministerio de Educación de Chubut dispuso la remoción de todos los directivos, docentes y auxiliares de la institución.
Este martes fueron presentadas las nuevas autoridades de la Escuela -Claudia Acosta como directora normalizadora, acompañada por Marisa Acosta en la vicedirección- y desde el área de Supervisión se informó que se abrió un sumario preventivo sobre el equipo directivo anterior.
Las clases, que habían sido suspendidas en todos los grados luego de que se tomó conocimiento de las denuncias, comenzaron a retomarse “de manera gradual” este jueves.
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