Al confirmarle una nueva imputación, la Justicia de Chubut le ratificó la preventiva y dispuso que, en cuanto consigan un dispositivo, vuelva a su casa.
Un recurrente ladrón de Chubut acaba de sumar nada menos que la causa número 11 en su contra y durante la audiencia Oficina Judicial de Rawson en la que le sostuvieron la prisión preventiva, volvió a sobrevolar un problema que ya generó polémica y fuertes cruces en la provincia: la efectividad de las tobilleras electrónicas y los controles de la detención domiciliaria.
La imputación quedó encuadrada como robo en calidad de autor, conforme a los artículos 164 y 45 del Código Penal. La jueza de garantías Eve Ponce habilitó la apertura de la investigación y dispuso que Jaramillo continúe con prisión preventiva por el plazo que dure la investigación, ya que "se trata de hechos delictivos consumados y que subsisten los riesgos procesales señalados por la Fiscalía".
Esta vez, la Fiscalía le atribuyó a Santiago Jaramillo -el “multiimputado” en cuestión- un hecho ocurrido en la noche del 12 al 13 de julio de 2025: mientras el dueño de un departamento ubicado en la zona céntrica de la capital provincial había salido a cenar con sus padres, el acusado habría dañado una ventana para ingresar al inmueble.
De adentro se llevó una bicicleta rodado 29 color naranja, una PlayStation con dos joysticks, $200.000 en efectivo, una pulidora azul con negro y un taladro con el cable cortado. La bicicleta fue posteriormente recuperada y está incorporada como prueba en la causa.
La magistrada dio crédito a los argumentos de Gimena Marote, quien había pedido sostener la medida cautelar en función, principalmente, del peligro de fuga.
Claro: había un dato para nada menor, que pesaba de manera copntundenbte en su análisis: “Jaramillo anteriormente ya rompió una tobillera electrónica”, señaló la fiscal, circunstancia que fue efectivamente valorada como un antecedente relevante al momento de analizar el cumplimiento de las medidas.
Sin embargo, el punto central de la audiencia pasó a ser, entonces, no tanto si se sostenía la preventiva o no, sino la modalidad de cumplimiento de esa medida cautelar por parte del imputado.
Luego de escuchar a las partes (la defensa estuvo a cargo del abogado Pablo Sánchez, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut), la jueza resolvió que pase a arresto domiciliario en cuanto se cuente con una tobillera electrónica disponible.
En esa resolución, además, estableció rondines policiales sorpresivos en el domicilio fijado para controlar el cumplimiento de la medida.
La cuestión de las tobilleras electrónicas no es nueva en Chubut. A mediados de 2025 ya había generado un fuerte cruce institucional, cuando una jueza penal advirtió que si el gobierno provincial no garantizaba un dispositivo para otro imputado con múltiples causas, lo liberaría.
El enfrentamiento involucró al ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz y la jueza de Comodoro Rivadavia Lilan Bórquez, y tuvo como trasfondo puntos de vista opuestos y, en principio, irreconciliables respecto a que el ladrón en cuestión debía cumplir prisión efectiva si ya había violado la domiciliaria.
Bórquez le advirtió al funcioinario que le iniciaría una causa por desobediencia judicial si no acataba el pedido de proveer la tobillera para Hugo Severo Torres, un delincuente de Trelew con amplio prontuario, que en agosto de 2024 fue detenido en Comodoro Rivadavia tras haber efectuado dos robos utilizando inhibidores de alarmas, junto con un cómplice.
Tras el avance del proceso judicial por esa causa, el 11 de febrero Torres obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con una tobillera, en la casa de su madre en Trelew. Dos semanas más tarde,m destrozó el dispositivo de control electrónico y aprovechó un rato de libertad para seguir robando, hasta que un grupo de vecinos lo atrapó mientras intentaba violentar un vehículo y lo redujo a golpes. Su propia madre le entregó los restos de la tobillera a la Policía.
Luego de lo ocurrido, la jueza insistió con detenerlo en una casa y con tobillera, pero se topó con la negativa de Iturrioz, quien consideró que Torres, que se negó a enviar el dispositivo electrrónico y señaló que el imputado había causado un gasto extra al gobierno provincial al romper el que llevaba puesto. Más tarde, la jueza intimó al Ministerio a proporcionarlo en un plazo de 24 horas, bajo la advertencia de disponer la liberación y acusar formalmente al ministro por desacato.
Unos meses más tarde, en junio de 2025, los diarios de Chubut informaron que el preso, que finalmente siguió con preventiva "bajo palabra", se había fugado.