La magistrada de Comodoro Rivadavia dispuso la prisión domiciliaria. El Ministerio de Seguridad se opuso y no entregó la tobillera electrónica.
Una jueza de Comodoro Rivadavia advirtió que podría dejar libre a un peligroso ladrón con 18 causas en la Justicia, si el Gobierno de la provincia de Chubut no accedía a su pedido de proveerle una tobillera electrónica para otorgarle al delincuente la prisión domiciliaria.
El trasfondo del hecho tiene que ver con los puntos de vista opuestos y, en principio, irreconciliables de la magistrada y el Ministerio de Seguridad chubutense, cuyas autoridades consideran que el ladrón debe cumplir prisión efectiva puesto que ya una vez violó la domiciliaria.
Quien amenazó con liberar al delincuente es la jueza Lilian Bórquez. Además, le advirtió al titular de la cartera provincial de Seguridad, Héctor Iturrioz, que le iniciaría una causa por desobediencia judicial si no acataba el pedido de proveer la tobillera.
Antecedente de fuga
El sujeto de la causa es Hugo Severo Torres, un delincuente de Trelew con amplio prontuario. En agosto de 2024 fue detenido en Comodoro Rivadavia tras haber efectuado dos robos utilizando inhibidores. Él y un cómplice fueron atrapados cuando intentaban huir de la ciudad en un remis.
Tras el avance del proceso judicial por esa causa, el 11 de febrero último Torres obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con una tobillera, en la casa de su madre en Trelew.
Dos semanas más tarde destrozó el dispositivo de control electrónico y aprovechó un rato de libertad para seguir robando, hasta que un grupo de vecinos lo atrapó mientras intentaba violentar un vehículo y lo redujo a golpes. Su propia madre le entregó los restos de la tobillera a la Policía.
La polémica con el Gobierno de Chubut
Luego de lo ocurrido, la jueza insistió con detenerlo en una casa y con tobillera, pero se topó con la negativa de Iturrioz, quien consideró que Torres no solo había incumplido la prisión domiciliaria y vuelto a robar sino que había causado un gasto extra al gobierno provincial al romper el dispositivo.
El viernes de la semana pasada, la jueza intimó al Ministerio a que en un plazo de 24 horas cediera otra tobillera bajo la advertencia de disponer la liberación de Torres, y le avisó a Iturrioz que le iniciaría una causa. Para esto, dispuso enviar los antecedentes del caso al procurador general Jorge Miquelarena.
Además de confrontar con el Gobierno, la jueza también recibió críticas del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Comodoro Rivadavia, que consideró arbitraria la decisión.
“De un plumazo, la jueza desactivó los mismos peligros procesales de fuga que antes había considerado vigentes”, se dijo en el MPF.
El sábado 26 de abril se llevó a cabo una audiencia de revisión pedida por el fiscal Martín Cárcamo, en la que se revocó la decisión de Bórquez de soltar a Torres, pero no la domiciliaria, que se dispuso sin el uso de tobillera electrónica. Torres quedó detenido en la casa de su madre y decidió que hubiera controles policiales sorpresivos para que no se escapara.
Por los robos con inhibidor, la semana próxima debe ser sometido a las primeras audiencias judiciales y es probable que acceda a un juicio abreviado.
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