Validó su cargo en Rawson tras un traslado, ante cuestionamientos primero en la Legislatura y, después, del empresario al que condenó por la matanza en la reserva.
La jueza María Laura Martini en su momento fue cuestionada desde el Ejecutivo y la Legislatura provincial por un fallo vinculado al incendio de la Casa de Chubut.
María Laura Martini, la jueza que presidió el juicio por la "masacre de pingüinos" en Punta Tombo, podrá continuar en el fuero penal de Rawson gracias a una medida cautelar concedida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut.
La decisión judicial respalda a la magistrada en medio de un conflicto entre el Consejo de la Magistratura y la Legislatura provincial por la legitimidad de su traslado desde Comodoro Rivadavia, y luego de que el condenado por la matanza en la reserva costera apelara a esta situación para denunciarla por estar "en rebeldía" y "atrincherada" en su puesto en la capital provincial.
La decisión del STJ representa un capítulo más en una disputa institucional que comenzó cuando en noviembre de 2024 la Legislatura se negó a validar el traslado de Martini, aprobado previamente por el Consejo de la Magistratura.
Ahora, esta decisión del máximo tribunal de la justicia de Chubut permite que la magistrada permanezca en su actual cargo hasta que se resuelva definitivamente la interpretación sobre el mecanismo constitucional para el traslado de jueces en la provincia.
La medida llega apenas semanas después de que Ricardo La Regina, el empresario condenado como responsable por la masacre de pingüinos, cuestionara formalmente la presencia de Martini en el tribunal que lo juzgó, alegando precisamente la irregularidad en su traslado. Sin embargo, según informó la representante legal de la jueza a ADNSUR, esa denuncia ya fue desestimada por el Consejo de la Magistratura.
Donación de fideos en un fallo cuestionado
La controversia alrededor de la jueza Martini se había presentado en noviembre de 2024, a algo más de cuatro meses de su traslado desde Comodoro, cuando en Rawson validó un juicio abreviado con penas menores para algunos imputados por el incendio de la casa de gobierno de Chubut durante una protesta antiminera.
Su decisión más cuestionada fue aceptar una donación de fideos como resarcimiento para evitar el proceso de una de las imputadas, que finalmente fue enjuiciada junto a otros 7 acusados, en un proceso oral que acaba de cerrarse.
"Martini quedó en una situación muy complicada (por la decisión de la Legislatura)", explicó su abogada, Cristina Pagasartundúa, quien detalló que "el órgano competente constitucionalmente le había autorizado el traslado, su jefe que es el Superior Tribunal de Justicia le había puesto en funciones y a otro poder extraño, el Poder Legislativo, no le parecía".
El conflicto se centra en la interpretación del artículo 170 de la Constitución provincial, que según Pagasartundúa "prevé la figura del traslado de los jueces y dice que ningún juez es trasladado a jurisdicción distinta sin su consentimiento y la aprobación del Consejo de la Magistratura".
La defensa de la jueza sostiene que la Legislatura realizó "una extraña interpretación" al exigir que los traslados también requieran acuerdo legislativo, como si se tratara de un nuevo nombramiento. "Es extraña porque no era el primer traslado que ocurría en la provincia de magistrados, había habido muchos otros", señaló la letrada.
El conflicto institucional en Chubut
En este contexto, Martini presentó dos acciones legales: una medida cautelar para mantener su situación laboral y una acción declarativa de certeza para que el Superior Tribunal determine la validez del procedimiento de traslado.
Según explicó la abogada de la magistrada, en su momento Martini rindió examen y fue designada como jueza penal en Comodoro Rivadavia con el acuerdo de la Legislatura. Tras más de dos años en funciones, solicitó su traslado a Rawson "por razones personales y familiares".
"Justo en ese momento estaba vacante un cargo de juez penal, no se había llamado a concurso, con lo cual no había ningún perjuicio ni ninguna consecuencia hacia terceros", argumentó Pagasartundúa, destacando que el Consejo de la Magistratura, "que es el órgano constitucional encargado de resolver los traslados de los jueces", aprobó el cambio.
La jueza asumió sus funciones en Rawson en julio de 2024, pero meses después la Legislatura intervino solicitando sus antecedentes y finalmente rechazando el traslado en noviembre, cuando ya llevaba varios meses trabajando en la capital provincial.
El Fiscal de Estado, en representación del Ejecutivo de Chubut, había emitido un dictamen previo indicando que el traslado "era un acto complejo" y sugirió que la Legislatura debía dar o negar su acuerdo, lo que derivó en la decisión parlamentaria de rechazar el cambio de jurisdicción.
Este fallo del Superior Tribunal ahora permite a Martini mantener su cargo mientras se define la interpretación definitiva sobre el procedimiento para trasladar jueces en Chubut.
Pagasartundúa informó que paralelamente el Consejo de la Magistratura ya evaluó el desempeño de la jueza tras cumplirse tres años de su designación, "y se la declaró idónea en lo personal y en su desempeño para continuar en el cargo".
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