Le otorgó la probation a ocho acusados de incendiar la Casa de Gobierno en una marcha que se hizo en Rawson. La fiscal y el Ejecutivo provincial apelaron.
El ataque a la Casa de Gobierno de Chubut fue el 16 de diciembre de 2021, en una marcha contra la minería en la provincia.
Una jueza de Chubut desató una andanada de cuestionamientos y críticas luego de aceptar la peculiar propuesta de una mujer imputada por los graves incidentes y el incendio intencional de la Casa de Gobierno de Chubut durante una marcha de protesta en Rawson, lo cual le permite ahora eludir el juicio oral en su contra.
La oferta para una probation, que ya había causado sorpresa cuando se difundió, ahora directamente generó enojo en un amplio arco de la política y la justicia de la provincia.
En concreto, a la jueza María Laura Martini le resultó viable que para resarcir los daños ocasionados durante los incidentes de diciembre de 2021 en una manifestación en contra de la minería, Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza donara fideos a algún comedor u otra organización benéfica de la capital de Chubut, para de este modo evitar el proceso judicial.
Al rechazo de la fiscal jefa de Rawson, Florencia Gómez, que apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, se sumó luego una presentación en el mismo sentido de la gobernación.
El fallo se conoció el lunes 25 y con el paso de las horas se acumularon los testimonios contra la magistrada, a quien ahora además le cuestionan su presencia en Rawson, ya que se mudó de jurisdicción luego de ser nombrada en Comodoro Rivadavia.
Desde el propio gobernador, Ignacio Torres, hasta su vice, diputados provinciales e intendentes no sólo oficialistas sino de otras fuerzas políticas como el peronismo y el radicalismo, o el propio Procurador General, Jorge Miquelarena, salieron a repudiar públicamente la resolución de Martini.
Seis bolsones de fideos en 8 meses
El abogado de la mujer beneficiada con la probation logró evitar el juicio de su defendida a cambio de que done seis bolsones de fideos para entidades de bien público en el plazo de ocho meses.
En la propuesta de acuerdo abreviado que fue aceptada, incluyó además una condena de dos años de prisión en suspenso (no se cumplen) y la obligación de presentarse periódicamente en la Oficina Judicial.
No fue la única beneficiada. Otros 7 acusados que hicieron ofrecimientos similares, pero incluyeron además el pago de dinero en efectivo, también lograron quedar a salvo de un proceso penal, algo que ahora deberán ratificar instancias superiores de la Justicia.
En virtud de ello, no fueron pocas las voces que se alzaron contra la resolución. Uno de los más relevantes, y más duros, fue el del gobernador, Ignacio “Nacho” Torres.
Críticas del gobernador y el vice de Chubut
"Si vos cruzás la calle y prendés fuego la estación de servicio, ¿crees que una jueza va a decir ‘bueno, quédate tranquilo y junta unos yuyos dos meses?”, se preguntó el mandatario.
“Lamentablemente, una parte de la Justicia cree que debe ser distinta para un político, para un ciudadano de a pie y para un sindicalista", apuntó.
Torres además dio su opinión sobre los hechos que -asu criterio- deberían juzgarse. "Si vos prendés fuego un edificio público, estás atentando contra un bien público. A mí me sorprendió cuando escuché el fallo por el cinismo de justificar lo injustificable”, afirmó al confirmar que su gobierno apeló en la Corte Superior de Justicia, al igual que la fiscalía.
“Se ha hecho un daño enorme. Simbólicamente, lo que pasó es gravísimo. Tampoco se puede agredir a un menor, a la hija de una diputada, y que eso sea gratis. Esa gente tiene que parar con la violencia", sentenció.
El mandatario aludió así al reciente episodio sufrido por la diputada provincial Andrea Aguilera y su hija de 14 años en un local gastronómico cercano a la legislatura provicial, cuando manifestantes la increparon y amenazaron, según su denuncia.
El vicegobernador, Gustavo Menna, se expresó en el mismo sentido que Torres: "El fallo de la jueza María Laura Martini en relación con la quema de edificios públicos a fines de 2021 genera impunidad. La quema de edificios públicos no puede arreglarse con tres bolsas de fideos", escribió en sus redes.
También en Rawson y la legislatura
El intendente de Rawson, Damián Biss, fue igual de contundente: "Quiero expresar mi total desacuerdo ante la resolución judicial”, publicó el alcalde capitalino.
Desde el poder legislativo local, la diputada del oficialismo Andrea Aguilera -la misma que recientemente fue agredida- fue una de las que expresó su rechazo al fallo. Y en el Concejo Deliberante de Rawson, Jan Flores Revillot presentó un pedido de repudio del cuerpo.
En el ámbito judicial, fue el Procurador General quien cuestionó con firmeza la resolución.
"Todavía estamos pagando las consecuencias. Nos quemaron la Procuración, quemaron las oficinas del Ministerio Público Fiscal que estaba a la vuelta, quemaron toda la Casa de Gobierno. La verdad, no sé a quién se le ocurre que esto, después de tres años de intensa investigación, puede terminar con una suspensión de juicio a prueba", aseguró en declaraciones radiales.
Los acuerdos que convalidó la jueza de Chubut
Además del pedido de la imputada, la jueza Martini aceptó otras siete propuestas:
Brian Osvaldo Díaz, imputado por daño agravado con un pedido de pena de tres años y ocho meses de prisión, ofreció una reparación de 250.000 pesos en el plazo de un mes para reparar edificios públicos o para ser donados a una entidad de bien público.
Por Gastón Velázquez, con cargos por daño y hurto agravados, se ofreció una reparación de 200.000 pesos para los mismos fines que el anterior.
En su caso, la fiscal había pedido cuatro años de prisión por los daños a pedradas del frente del Superior Tribunal de Justicia y el robo de un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General, que funcionan en el edificio de la Casa de Gobierno.
Lucas Alexis Espinoza Andrade ofreció hacer 200 horas de trabajo comunitario. Imputado por daño agravado por arrojar y dañar los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, cerca de la Comisaría de Rawson, a cambio pidió la suspensión de juicio a prueba por seis años.
Por último, Nicolás Alejandro Díaz (hurto agravado) ofreció 100 horas de trabajo comunitario. Durante los desmanes, precisaron desde el Ministerio Fiscal, hurtó un bidón de 20 litros de un dispenser de agua. El imputado hace changas de limpieza de patios y tiene antecedentes penales y una pena en carácter de condicional.
Los elementos de prueba de estos hechos, expuestos en audiencia por la fiscal, pudieron probarse luego de una investigación judicial, según consignó en su momento el Ministerio Público.
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