Un fiscal las denunció formalmente por maniobras en perjuicio de gente interesada en comprar casas del IPV en Comodoro Rivadavia. Cómo operaban.
Un fiscal de Chubut acusó formalmente a cinco mujeres por una presunta estafa multimillonaria con viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia.
Según la hipótesis del acusador, el grupo les pedía a los posibles beneficiarios un pago inicial y luego cuotas a cambio de obtener una de las casas ya construidas o a edificar.
Según anticipó el fiscal Martín Cárcamo, los movimientos de dinero detectados en su investigación superan los 60 millones de pesos.
La presentación formal de la acusación en la Justicia de Chubut se concretó el jueves 8 de octubre de 2026, en el marco de una causa por denuncia de estafa.
La fiscalía sostiene que perjudicaron a varios cientos de personas.
“En concreto, a criterio del Ministerio Público Fiscal, la maniobra ha damnificado cuanto menos o al menos a 594 personas”, precisó Cárcamo en diálogo con ADNSUR.
“Consistió básicamente en exigirle a los eventuales interesados la entrega de una suma de 100.000 pesos de manera inicial y luego el pago de las cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda”, agregó.
Según la investigación, entre abril de 2023 y febrero de 2024, Vanesa Elizabeth Fita, la principal implicada y presunta líder del grupo, habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas.
También habría asegurado tener vínculos con funcionarios públicos para ofrecer casas construidas o por construirse.
Sin embargo, a criterio de la acusación, no contaba con autorización vigente ni con recursos suficientes para concretar las adjudicaciones.
Una vez hechos los pagos, los interesados eran incorporados a grupos de WhatsApp. Allí recibían información y participaban de comunicaciones y reuniones que, para la Fiscalía, mantenían viva la promesa de un futuro acceso a una vivienda social.
Para sostener la acusación, los investigadores reunieron 80 denuncias de personas que aseguran haber sido damnificadas, con comprobantes de pago, registro de conversaciones digitales y también de encuentros informativos.
Además, Cárcamo precisó que digitalizaron unos 700 gigabytes de documentación, que incluyen registros bancarios, datos extraídos de teléfonos secuestrados en allanamientos e información fiscal.
La Fiscalía también pidió documentación al IPV para establecer la situación de las investigadas ante el organismo.
En su momento, el fiscal analizó también la posibilidad de que contaran con aval de funcionarios públicos, o algunos de ellos estuvieran involucrados en la maniobra. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada durante la pesquisa.
Los investigadores cotejaron comprobantes de depósitos y transferencias a partir de ingresos de dinero en cuentas bancarias y billeteras virtuales.
En investigación fiscal obtuvieron indicios de que las investigadas no desarrollaban actividades económicas formales durante el período analizado, que justificaran o explicaran a los movimientos financieros detectados.
La acusación fija responsabilidades distintas para las cinco acusadas.
A Fita le atribuyen los al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real, como presunta autora.
Para la Fiscalía, sería quien habría ideado la maniobra y se habría valido de la intervención de las otras sospechadas.
De este modo, sus supuestas cómplices se repartieron los distintos casos.
A Cutrán le atribuyen participación en 400; y a Páez, en 400. A Miranda, en tanto, le asignan 130 hechos; mientras Mancilla habría participado en al menos cuatro.
Algunos de los casos involucran a más de una de ellas. Y a todas les asignan participación necesaria, la figura legal que determina que sus aportes habrían sido indispensables para concretar las presuntas defraudaciones.
Tras la presentación, las defensas deberán recibir el planteo fiscal y tendrán la posibilidad de responder.
Luego se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, una instancia previa a un eventual juicio por jurados.
Por ahora, las cinco imputadas llegan a esta etapa en libertad.
La Fiscalía advirtió que la situación podría revisarse durante el proceso, de acuerdo con las decisiones judiciales que se adopten y la calificación legal sostenida en la acusación.
En cuanto a las posibles condenas, el Ministerio Público Fiscal considera que para Fita y para las acusadas a quienes atribuye mayor cantidad de hechos podrían corresponder penas de cumplimiento efectivo.