El gobernador de Tierra del Fuego lo dijo luego de confirmar la presentación de un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal.
Luego de confirmar que Tierra del Fuego acude a la Justicia Federal para frenar la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el gobernador Gustavo Melella cuestionó con dureza a la conducción del organismo y lanzó graves acusaciones sobre los verdaderos motivos que, a su criterio, podrían estar detrás de la medida del Gobierno libertario.
La intervención administrativa fue formalizada el jueves 22 de enero, en plena temporada alta de cruceros, en el Boletín Oficial de la Nación y se extiende por un plazo de 12 meses, El fundamento de la medida es "regularizar y normalizar" la operación, reforzar la seguridad y atender un "déficit de infraestructura" detectado tras inspecciones y relevamientos.
Según la información difundida por el organismo nacional a cargo de Iñaki Arreseygor, que hoy fue fuertemente apuntado por Melella, una de las acusaciones centrales es el uso de fondos portuarios para cubrir gastos ajenos al mantenimiento y mejora del puerto.
En concreto, se señaló que la administración provincial habría destinado parte del superávit del puerto a financiar la obra social estatal (OSEF), lo que —según el planteo nacional— chocaría con la obligación de reinvertir los ingresos en la propia actividad portuaria. Además, se mencionaron números que apuntan a la baja inversión en obras.
A una semana de la medida, el mandatario provincial fue categórico al descalificar las motivaciones de la intervención e incluso fue más allá, especulando con posibles políticas que apuntarían a favorecer intereses de privados y de potencias extranjeras como Estados Unidos.
"Los argumentos esgrimidos por la ANPyN son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos, no hay desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte en el puerto y está auditado. Han montado una película con una gravedad institucional muy fuerte", sostuvo esta mañana luego de reunirse con trabajadores portuarios.
Lo que la resolución de la ANPyN califica como posible "malversación y desvío de fondos públicos" se vincula con la Ley 1596 de fortalecimiento de la obra social provincial OSEF. "Esa ley fue votada por unanimidad por los 15 legisladores (provinciales), incluso por los de La Libertad Avanza. Ni un solo peso se tocó para ese fin. Si creían que había un delito, ¿por qué no hicieron la denuncia penal correspondiente? En cambio, optaron por este atropello", acusó el gobernador.
Luego formuló algunas hipótesis sobre las que serían, a su entender, las verdaderas motivaciones de la intervención, ambas de una extrema gravedad.
Por un lado, el mandatario provincial sugirió un eventual acuerdo del Gobierno Nacional para ceder espacios de soberanía: "Puede ser una cuestión geopolítica de entrega de nuestro puerto a algún país extranjero", esoeculó.
"La llegada de un avión oficial norteamericano con una delegación de senadores y miembros de la embajada que no notificaron su visita alimenta este manto de sospecha. Nada que venga de una superpotencia se hace 'porque sí'", agregó en relación al episodio que se conoció en los primeros días de esta semana respecto a una aeronave del Ministerio de Defensa de la Casa Blanca que aterrizó misteriosamente en Neuquén luego de hacer una escala en territorio fueguino.
Por otro lado, también especuló con una movida de intereses económicos privados de la propia Tierra del Fuego; y en ese punto apuntó sin vueltas contra Arreseygor: "Conocemos al responsable de esta agencia (la ANPYN) y sus vínculos con empresarios y políticos locales que siempre han deseado quedarse con el puerto como si fuera un botín. Esto podría ser el paso previo a una privatización encubierta", disparó el gobernador.
Sus fuertes declaraciones se producen horas después de que trascendieran en medios nacionales los términos del recurso que plantea la provincia ante la Justicia Federal, en una acción que la gestión fueguina ya había anticipado el día que se oficializó la intervención.
La demanda argumenta que la resolución nacional es inconstitucional porque usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilegítima la administración de recursos económicos provinciales.
"Nuestra estrategia es clara y contundente", explicó el gobernador luego de explicarle a los portuarios los pasos que está llevando adelante su gestión para detener lo que considera "un atropello".
"No solo hemos atacado la ilegitimidad de este acto arbitrario ante la Justicia Federal, sino que también hemos iniciado una batería de acciones administrativas y preparativos para avanzar con denuncias penales contra los funcionarios nacionales responsables de este atropello a nuestra autonomía", afirmó.
E insistió: "Este puerto es nuestro, es fueguino. Cada peso que genera se reinvierte aquí, y cada trabajador es parte fundamental de su éxito. No vamos a descansar hasta que la gestión retorne a manos de la Provincia, que es su lugar legítimo".