El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia en plena temporada de cruceros: qué irregularidades detectó

La decisión del gobierno nacional de intervenir el puerto de Ushuaia encendió una fuerte polémica con Tierra del Fuego en un momento clave: el pico de la temporada de cruceros.

La medida quedó formalizada este jueves por la mañana en el Boletín Oficial y establece una intervención administrativa por 12 meses, con el argumento de “regularizar y normalizar” la operación, reforzar la seguridad y atender un “déficit de infraestructura” detectado tras inspecciones y relevamientos.

Según la información difundida por el organismo nacional, una de las acusaciones centrales es el uso de fondos portuarios para cubrir gastos ajenos al mantenimiento y mejora del puerto. En ese marco, se señaló que la administración provincial habría destinado parte del superávit del puerto a financiar la obra social estatal (OSEF), lo que —según el planteo nacional— chocaría con la obligación de reinvertir los ingresos en la propia actividad portuaria.

En paralelo, se mencionaron números que apuntan a la baja inversión en obras: desde el entorno del titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Arreseygor, indicaron que se detectó un esquema de gastos donde un porcentaje significativo del presupuesto terminó en subsidios provinciales y apenas una porción mínima se ejecutó en obras y servicios para mejorar el puerto.

Obras muelle puerto de Ushuaia

En lo operativo, el diagnóstico incluyó deterioro estructural en muelles, sistemas contra incendios desactualizados y carencias en protocolos de seguridad, además de observaciones sobre el estado general de la infraestructura.

Qué cambia y cómo seguirá funcionando el puerto

La resolución no se limita a una auditoría: dispone una intervención administrativa que se hace cargo de la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto y obliga a garantizar continuidad de servicios mínimos, seguridad portuaria y cumplimiento normativo. El alcance incluye infraestructura, maquinaria, equipamientos e instalaciones, dentro de la delimitación jurisdiccional del área portuaria y sus espacios acuáticos lindantes.

Para ejecutar la intervención, el texto oficial prevé una “Unidad Ejecutora” dentro de la ANPyN y habilita pedidos de colaboración técnica a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.). También contempla la participación de organismos como Prefectura Naval Argentina para tareas vinculadas a la seguridad.

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Un punto clave: la resolución dispone la suspensión de la habilitación del puerto por 12 meses, pero al mismo tiempo establece que la ejecución de esa sanción queda diferida/suspendida para evitar que la medida interrumpa la temporada de cruceros y afecte el abastecimiento de la región. Aun así, se deja abierta la posibilidad de hacer efectiva esa suspensión si la intervención no pudiera ejecutarse correctamente.

La respuesta de Tierra del Fuego y el frente judicial

Desde el gobierno fueguino rechazaron la intervención y adelantaron que recurrirán a la Justicia para frenarla, en una discusión que suma tensión política entre Nación y Provincia. En esa línea, remarcaron que la operatoria del puerto continúa y cuestionaron los fundamentos de la decisión nacional.

"Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia", indicaron en la gestión de Gustavo Melella. Fuentes de la administración fueguina anticiparon al diario Ámbitoque trabajan "la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta". "Será una estrategia netamente legal. Vamos a ir a la Justicia", confirmaron.