Un senador nacional por Chubut presentó una iniciativa similar a la que se trata en México, basada en el caso de la rapera argentina y su pequeña hija.
El conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el músico Christian Nodal por los permisos de viaje de su hija pequeña, en México, de fuerte repercusión en los medios luego de la separación de los dos astros musicales a mediados de 2024, encendió un debate que ahora tiene forma de proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
El senador por Chubut Carlos Linares es quien presentó la propuesta de la llamada "Ley Cazzu", iniciativa que busca modificar el modo en que se gestiona la responsabilidad parental cuando uno de los progenitores abandona sus obligaciones, y que tiene su correlato en el país donde la rapera argentina sufrió el problema, donde ingresó al poder legislativo un proyecto muy similar, a partir de este muy difundido caso.
El proyecto presentado por el senador argentino fue elaborado junto a integrantes de la organización Abogadas Feministas AMBA y propone crear un mecanismo de suspensión cautelar de la responsabilidad parental, a imagen y semejanza de la versión azteca que se hizo conocida con el nombre que refiere a la conocida artista: Ley Cazzu.
Bajo ese esquema, los jueces argentinos podrían interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor si este no cumple con la cuota alimentaria o si lleva más de tres meses sin presencia en la vida del hijo o hija.
La legislación vigente en Argentina establece la responsabilidad parental compartida entre padres separados. Eso significa que, independientemente del nivel de participación real de cada uno en la crianza, ambos deben dar su consentimiento para una serie de decisiones que involucren a los hijos: entre ellas, los viajes al exterior.
Cuando un progenitor está ausente o no quiere colaborar, la única alternativa legal actual es la vía judicial. Las familias deben iniciar un proceso ante un juez para obtener la autorización, lo que implica tiempo, costos y un desgaste que no todas pueden afrontar.
Según datos que circulan entre abogados especialistas en familia, aproximadamente unos siete de cada diez padres separados no aportan la cuota alimentaria de sus hijos en el país.
La Ley Cazzu apunta precisamente a ese nudo: que quien no cumple con sus deberes no pueda, al mismo tiempo, bloquear decisiones sobre la vida cotidiana de los menores.
El objetivo, según lo planteó el propio Linares en un posteo reciente en su cuenta de X, es priorizar el interés superior del niño por encima de conductas negligentes o abusivas.
Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, denunció públicamente en octubre de 2024 que Nodal le había impedido viajar al exterior con su hija Inti, nacida en septiembre de 2023.
Esa revelación dio inicio a un caso que se viralizó y se instaló en la agenda mediática, e incluyó relatos sobre cuotas alimentarias insuficientes, cruces entre lso progenitores y situaciones que la artista describió como extorsivas, generando un amplio debate sobre la violencia machista y el eventual uso de la patria potestad como herramienta de presión.
El permiso de viaje que en un primer momento fue denegado terminó siendo otorgado de forma unilateral tras una intervención judicial.
Cazzu aclaró públicamente que su participación en la causa no respondía a una necesidad económica personal, sino a la intención de visibilizar una realidad que atraviesan muchas mujeres en circunstancias similares. A lo mismo apuntan ahora los proyectos de ley.
La iniciativa ya había tomado estado legislativo en México, donde la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, la presentó en el Congreso de Michoacán en el marco del último Día de la Mujer, a principios de este mes.
La propuesta mexicana incluye una reforma al artículo 4° de la Constitución para incorporar el interés superior del niño como principio rector e impedir que los deudores alimentarios puedan bloquear trámites como pasaportes o autorizaciones de viaje.
En Argentina, la movida se fue gestando casi en forma paralela. De hecho, la petición de apoyo a este proyecto ya superó las 33.000 firmas de respaldo en la plataforma Change.org.
El texto de la iniciativa que llegó al Congreso fue redactado con la colaboración de Abogadas Feministas AMBA, quienes participaron de reuniones de trabajo con el equipo del senador Linares para darle forma legal a la propuesta.
Especialistas en derecho de familia señalan que el esquema legal vigente pone en una situación difícil a miles de familias argentinas que no tienen la visibilidad ni los recursos de una figura pública como Cazzu, quien de hecho decidió usar su poder de generar repercusión para visibilizar este drama.
El trámite judicial para obtener un permiso de viaje cuando el otro progenitor no aparece puede incluir desde la firma de poderes notariales —que pueden revocarse en cualquier momento— hasta presentaciones ante un juez que solo habilita salidas para fechas y destinos específicos.
El impacto, además, no es solo legal. Cuando el menor lleva el apellido del padre ausente, la situación también genera consecuencias en el entorno escolar y social del chico, según plantean quienes trabajan estas problemáticas en el ámbito judicial.
La Ley Cazzu busca que esa realidad tenga una respuesta legal más ágil, sin depender de largos procesos judiciales cada vez que una madre necesita tomar una decisión básica sobre la vida de su hijo.