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La Justicia detectó 130 personas en el establecimiento de El Chaltén y ordenó un desalojo. Es una de las propiedades que podrían embargar en la causa Vialidad.
El hecho encendió las alarmas sobre una situación que desde la Justicia describen como "riesgosa, compleja y difícil de regularizar" y que se está tratando de resolver a partir de una orden de desalojo vigente desde fines de septiembre.
El establecimiento, ubicado en una localidad en crisis habitacional por la explosión demográfica que generó su éxito como destino turístico, podría incluirse entre los bienes a decomisar en la causa Vialidad.
El lunes pasado, un hombre fue hallado sin vida colgando de una soga en un sector del establecimiento. Fuentes locales informaron a Winfo Santa Cruz que el fallecido era una persona con problemas de depresión, y familiar de un constructor que había estado a cargo de remodelaciones en el edificio, hasta que la justicia frenó los trabajos.
La usurpación comenzó hace unos tres años con dos familias que se establecieron allí. Pero pronto la situación se descontroló: hoy, según el último relevamiento que hizo la Justicia y al que tuvo acceso del diario Clarin, 34 grupos familiares que representan a unas 130 personas habitan en las instalaciones del pequeño hotel de montaña, cerrado y obviamente muy venido abajo.
"Esa particular situación (el suicidio) no guarda relación con el problema que expone la cantidad de familias que viven allí, pero sí demuestra lo delicada de la situación y el riesgo que supone", explicó una fuente judicial a ese medio nacional, que este viernes dio a conocer la noticia de la muerte sucedida semanas atrás.
En la causa judicial que se lleva adelante por la usurpación, los Kirchner fueron aceptados como querellantes. Del total de personas relevadas por orden del juez de instrucción Carlos Albarracín, se estima que 30 son niños, niñas y adolescentes, "que no se encuentran en su totalidad escolarizados", según informaron fuentes oficiales.
El documento entregado al juzgado por la Secretaría de Políticas Sociales del municipio de El Chaltén describe "la gravedad de la situación".
Según consta allí, las autoridades municipales de El Chalten advirtieron a la Justicia: "No somos ajenos a la situación y pese a todos los esfuerzos que se pudieran hacer desde el Municipio, sería imposible reubicar a todos los grupos familiares (en su mayoría con NNyA a cargo, también pacientes oncológicos, docentes y vecinos con discapacidad), ya que no se cuenta con el espacio físico necesario para ello".
El municipio destacó además que El Chaltén atraviesa una emergencia habitacional declarada por el Honorable Concejo Deliberante en abril de 2022 y posteriormente por la Cámara de Diputados de la Provincia en agosto de 2024, situación que se mantiene vigente.
La crisis se agrava por tratarse de un poblado dentro de un parque nacional, lo que restringe cualquier posibilidad de ampliar el ejido urbano, algo que además genera resistencia entre algunos de sus vecinos, quienes temen que se afecte el medioambiente, principal capital turístico del lugar.
El hotel de montaña, situado a los pies de la cordillera en la llamada capital nacional del trekking, hoy muestra claros signos de decadencia.
Una ampliación sin terminar y un cartel que anuncia su cierre desde hace años dan cuenta del deterioro del lugar ubicado en esta joven ciudad santacruceña que, por la increíble belleza de su entorno, se instaló como uno de los destinos turísticos más demandados de la Patagonia, especialmente por los amantes del ecoturismo.
Las puertas del establecimiento no volvieron a abrirse desde principios de 2016, cuando arrancó una refacción que nunca se completó. El plan era duplicar la superficie del pequeño hotel de 25 habitaciones, pero la obra quedó paralizada. El inmueble acumuló deudas con la empresa encargada de los trabajos y nunca más volvió a funcionar.
El 27 de septiembre último, semanas antes del suicidio, el Juez de Instrucción de El Calafate ya había emitido una orden de desalojo del inmueble en un plazo de 60 días. La decisión fue apelada por la defensora de las familias que lo habitan, Ornela Guidi, argumentando los derechos de los menores que viven en el inmueble, pero el juez de Recursos de Río Gallegos, Nelson Sánchez, confirmó la medida de desalojo.
El fallo al que accedió Clarín establece: "Procédase en un plazo de 60 días desde su notificación, al desalojo de todas las personas que se encuentren habitando el inmueble denominado 'H.L.A.' de la localidad de El Chaltén".
Sánchez sostuvo: "Hemos de concordar con el Sr. Instructor en cuanto a la decisión de denegar el recurso de apelación interpuesto, por no vislumbrar el perjuicio irreparable que la diligencia le ocasiona".
Según confirmaron fuentes judiciales, los 60 días vencerán en la primera quincena de noviembre. Aunque el juzgado está habilitado para proceder al desalojo inmediato con intervención policial, se otorgó un plazo voluntario considerando la presencia de menores entre los ocupantes.
La semana próxima habrá una audiencia con el administrador de los bienes de la familia Kirchner, autoridades judiciales, organismos provinciales y municipales, y los defensores de las familias usurpadoras.
El juez Albarracín no descarta prorrogar los plazos del desalojo voluntario siempre que exista "voluntad de acatar la orden y de llegar a un acuerdo con las partes".
Mientras tanto, en estos días comenzó a demolerse parte del complejo que hasta 2013 administró Lázaro Báez -hoy preso en la cárcel de Rio Gallegos-. Pertenece a Los Sauces SA, que admite tener varias propiedades intrusadas y otras sin poder alquilar.
En algún momento, hubo negociaciones para alquilar el establecimiento de El Chaltén, pero ninguna empresa logró hacer una oferta que convenciera, considerando que debe terminarse la ampliación y después refaccionar por completo el edificio para su reapertura.
El último administrador fue IDEA SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice, un hombre clave en los negocios de la familia Kirchner. Todos comparecen en un juicio oral acusados de lavado de dinero.