Causa Vialidad: la Justicia exige el decomiso multimillonario contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron al Tribunal Oral Federal N° 2 que avance de inmediato con la ejecución del decomiso contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles para pagar la suma de $684.990.350.139,86.

En un dictamen de 65 páginas, sostuvieron que el fallo condenatorio ya está firme y que “los responsables no depositaron ni un solo peso” de la deuda.

Según el dictamen, la sentencia del caso Vialidad adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema desestimó las quejas de las defensas. Desde entonces, pasaron más de cuatro meses sin que se concretara el decomiso.

Los fiscales recordaron que el tribunal actualizó el monto del perjuicio a casi $685 mil millones y notificó a los imputados para que hicieran el depósito solidario en un plazo de diez días. “No devolvieron nada. Ni un peso. Esa negativa constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, escribieron Luciani y Mola.

Para los fiscales, la resistencia de los condenados a pagar demuestra “falta de arrepentimiento” y obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados hasta cubrir la suma establecida.

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El reclamo por los bienes y la defensa de los Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, había fijado en 2022 el daño económico al Estado en $84.835 millones, monto que fue recalculado por los peritos de la Corte hasta alcanzar los $684.990 millones actuales.

Los fiscales remarcaron que la nueva etapa procesal debe centrarse en recuperar los bienes obtenidos por la defraudación, para destinarlos a fines públicos como rutas, salud, educación, vivienda o seguridad.

Dentro de los bienes señalados, el Ministerio Público Fiscal pidió la ejecución de veinte inmuebles atribuidos a la familia Kirchner, entre hoteles, terrenos y complejos de departamentos. Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos se opusieron al remate, argumentando que la medida tenía un fin político y buscaba castigar simbólicamente a su familia.

Máximo y Florencia Kirchner plantearon además que eran “terceros ajenos a los hechos investigados” y que desapoderarlos de los bienes heredados implicaría una confiscación.

La respuesta de los fiscales y el mensaje a la Justicia

Luciani y Mola refutaron esos planteos. En el documento señalaron que el decomiso de los bienes no se debe a una participación directa de los hijos, sino a que Cristina Kirchner les cedió los activos el 10 de marzo de 2016, cuando el fraude ya estaba consumado.

lazaro baez

“Los bienes incorporados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, y luego cedidos a sus hijos, forman parte del acervo ejecutable para cubrir el monto total del delito”, explicaron.

También mencionaron los planteos de Lázaro Báez, quien cuestionó la competencia del tribunal para llevar adelante el decomiso. Los fiscales rechazaron esos argumentos y compararon el caso con el de María Julia Alsogaray, en el que se remató un inmueble para cumplir una condena.

En su mensaje final, Luciani y Mola fueron contundentes: “El tribunal no puede desentenderse de su obligación de hacer cumplir su fallo”. La Justicia finalmente exigió que se ejecuten los bienes embargados y advirtieron que pedirán la intervención de la Cámara Federal de Casación si el tribunal no actúa.

“El país necesita ver que la ley se cumple incluso para los poderosos”, escribieron, cerrando un dictamen que marca un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la política argentina.