La echó tras considerar que una licencia médica no estaba justificada. La mujer se había negado a que la trasladaran a una sucursal en otra provincia.
Un juez de Comodoro Rivadavia condenó al Banco Macro a pagarle una multimillonaria suma de dinero a una empleada que fue despedida de la sucursal de esa ciudad, en la provincia de Chubut, tras negarse a ser trasladada a Santa Cruz.
Miguel Ángel Medina Insúa, juez de refuerzo del Juzgado Laboral N° 3 de Comodoro Rivadavia, dispuso una indemnización equivalente a más de seis años de salarios (aproximadamente 74 meses) que el banco tendrá que pagarle a D. P., quien fue gerenta de la sucursal comodorense hasta enero de 2017.
El conflicto que derivó en el despido de la demandante se originó en la decisión de la entidad de trasladarla a la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.
En la sentencia se reconstruye que el 24 de octubre de 2016, un gerente de recursos humanos y un gerente regional del banco le comunicaron verbalmente a la mujer -que era empleada del Macro desde 1997 y también ocupaba una gerencia- que debía pasar de inmediato a la sucursal de Caleta Olivia.
La empleada no se negó al traslado pero pidió que fuera pospuesto hasta fines de 2017, cuando su hijo terminaría la secundaria. Además dijo que necesitaba quedarse en Comodoro Rivadavia para acompañar a su madre, que atravesaba un tratamiento oncológico.
Según la demanda, la alternativa que recibió fue aceptar el traslado o irse a cambio de una compensación de $1.500.000 (aproximadamente 16 sueldos, en ese momento).
La mujer obtuvo posteriormente una licencia médica con tratamiento psiquiátrico basada en un cuadro de hipertensión y trastorno adaptativo con ansiedad y ánimo depresivo.
El 5 de enero de 2017, el banco sostuvo que los controles médicos dispuestos determinaban que estaba en condiciones de trabajar y la despidió con causa ante la negativa a reintegrarse.
Casi 10 años más tarde, el juez Medina Insúa determinó que el Macro tengrá que pagarle a la gerenta echada la suma resultante de aplicarle intereses al monto de $5.281.392, por el despido injustificado, más un 30% en carácter de sanción por “conducta temeraria y maliciosa”.
El cálculo equivale a unos 57 sueldos de 2017 más el 30%, es decir que el total sería una cifra cercana a los seis años y dos meses de salarios.
El magistrado también ordenó una capacitación en perspectiva de género que deberán tomar los dos gerentes involucrados y todos los planteles de la gerencia de recursos humanos y la gerencia regional.
Según consideró el juez, las justificaciones aducidas por los demandados para llevar adelante el despido contradijeron evaluaciones médicas que recomendaban que la demandante continuara con su licencia laboral.
También calificó la desvinculación como un acto discriminatorio, al no considerar que se trataba de una madre de un adolescente que, además, estaba obligada a cuidar a su propia madre “que requería de atención en razón de recibir quimioterapia”.
Asimismo, sostuvo que “la decisión de despedir a la trabajadora, sin pretexto, de una falsa causa, encubrió la necesidad de la empleadora de desprenderse de ella ante la negativa de acceder al traslado compulsivo e intempestivo de mudarse a la ciudad de Caleta Olivia".