Desde la denuncia hasta el juicio donde se logró la condena a prisión efectiva transcurrieron dos años y medio. La joven ingresó en una nueva etapa en su vida.
La condena a 17 años de prisión para el empresario de 66 años, J.R., quien abusó sexualmente de su hijastra durante dos décadas significó el cierre de una etapa judicial de dos años y medio. La clave del caso estuvo en la insistencia en la producción de prueba y en no dejar que la investigación terminara archivada.
Cuando la víctima llegó al estudio del abogado Carlos Caroselli y comenzó a contarle lo que había vivido desde los 7 años y hasta los 26 años, el abogado entendió que estaba frente a una historia difícil de explicar. La joven le relató que la pareja de su mamá había mantenido relaciones sexuales con ella como parte de su cotidianidad, haciéndole creer que era algo común en todas las familias y si no lo hacía tendría consecuencias negativas en sus estudios, entre otro tipo de castigos.
"Es un hecho como para una serie de Netflix", expreso Caroselli a LM Neuquén, recordando los detalles del caso. En febrero de 2024 la acompañó a la Fiscalía de Neuquén para realizar la denuncia contra su padrastro, el empresario J.R. El relato de la mujer produjo una reacción de incredulidad por parte del fiscal de turno. "Nos miraban de costado, yo les adverti que era un caso casi imposible de que entre en la cabeza de una persona, parecía un cuento", recordó.
Como abogado insistió al fiscal en la realización de un allanamiento inmediato a la casa ubicada en un barrio privado para obtener los cuadernos donde el padrastro le había hecho escribir a la víctima un recuento de los abusos. Tres días después se concretó la diligencia y efectivamente permitió secuestrar los cuadernos que la víctima había mencionado al contar su historia y que terminarían siendo una de las evidencias centrales para acreditar los abusos y la corrupción de menores.
Pero pese a que esa evidencia ya había sido incorporada a la investigación, entre julio y agosto de 2024 la Fiscalía decretó el archivo de la causa. "La información es muy clara, contundente, explícita, empecé a trabajar en una investigación propia, incorporamos testimonios, pedimos oficios, la fiscalía no nos hacía lugar, hasta que un día nos cerró la puerta", resumió.
Caroselli lo impugnó dentro de los cinco días hábiles previstos para hacerlo. Lo hizo, incluso, mientras estaba de vacaciones. “Me había ido de viaje, llevé la computadora de casualidad y encontré que habían archivado la causa. Suspendí las vacaciones y logré hacer la impugnación”, recordó.
La presentación fue concedida pero la reapertura no fue de inmediato. La causa recién se reabrió en febrero de 2025. A partir de este caso, el abogado hizo hincapié en la importancia de que las víctimas acudan a un abogado particular como querellante. “Si no hubiera impugnado ese archivo, hoy la causa estaría archivada, el hecho hubiese quedado impune y hoy estaríamos contando nuevas víctimas”, sostuvo Caroselli al reconstruir el camino que llevó al juicio por jurados y, finalmente, a la condena.
La mayoría de las veces, las causas por delitos sexuales llegan a juicio sostenidas por el testimonio de la víctima, pericias psicológicas, forenses, testigos y una trama de indicios que permiten reconstruir lo ocurrido. En este caso, además de toda esa prueba, el registro escrito también fue fundamental para probar la corrupción de la menor, y el abuso sexual sistemático y continuado.
Los cuadernos secuestrados a partir de la denuncia que se animó a hacer sobrevivieron al silencio y ocultamiento. Estuvieron guardados durante más de 20 años en la habitación de la planta alta donde sucedieron la mayor parte de los abusos, aunque también se cometieron en hoteles y transportes durante los viajes empresariales donde el abusador se llevaba a la niña.
El contenido exacto de los cuadernos no puede ser develado por protección a la víctima. Durante el juicio, la prueba fue incorporada por una efectivo del Seguridad Personal de la Policía quien indicó qué dice cada uno de los cuadernos. A su vez testigos declararon sobre la existencia de los cuadernos y el contenido.
Así quedó registrado que los cuadernos funcionaban como si fueran un diario íntimo pero donde J.R. le hacía anotar desde muy temprana edad la forma y el periodo de mantener relaciones sexuales, donde los abusos aparecían disfrazados de relaciones dentro de una misión mística y hasta como tratamientos para curar enfermedades y dolencias.
En este sentido, dan cuenta que el abusador había creado un universo que regía el funcionamiento familiar, con reglas que imponía puertas adentro de la familia y que había que mantener bajo secreto.
Para Caroselli, la naturalización de esa violencia durante tanto tiempo hacía todavía más difícil comprender desde afuera lo que había ocurrido. “Es imposible que una persona sea abusada durante 19 años por su padrastro, la víctima había naturalizado todo esto por la información que le implantaron de niña", explicó.
Por eso, antes de que comenzara el juicio por jurados, la querella entendió que debía advertir sobre el riesgo de quedarse solamente con una primera impresión. “Tuvimos que advertirles a los jurados para que no se queden con el primer pantallazo, que se queden con información, con más producción de prueba, porque esto no es un cuento”, señaló.
En el final del juicio, para el tiempo de deliberación las y los 12 integrantes del jurado popular pidieron revisar cinco cuadernos aportados como prueba. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime: J.R. es culpable.
Una vez que el jurado popular declaró culpable al empresario, comenzó la segunda etapa: determinar la pena. Al igual que explicó la Fiscalía a LM Neuquén, Caroselli explicó que inicialmente consideraban que, por la gravedad y extensión de los hechos, la pena teórica podía superar los 30 años.
Sin embargo, para evitar problemas posteriores de impugnación, la acusación trabajó sobre una calificación legal que dejó la escala aplicable entre 6 y 20 años de prisión. La querella y la fiscalía pidieron el máximo: 20 años.
Para fundamentar esa solicitud tuvo en cuenta el daño provocado a la víctima, la duración de los abusos y el hecho de que se trató de una conducta constante e ininterrumpida durante 19 años. “Calculamos una pena de 18 años, nos dio 17. No se aleja mucho”, señaló.
La defensa había pedido siete años y medio de prisión. El juez técnico Marco Lupica Cristo finalmente impuso 17 años. Para el abogado querellante, si bien para la víctima hubiera sido justo una pena de 20 años para J.R, el resultado fue satisfactorio no solamente por la cantidad de años impuesta, sino porque el juez hizo lugar a los principales planteos realizados por la acusación.
“Hizo lugar a todo lo que peticionamos”, afirmó en cuanto a los agravantes. También destacó que el condenado deberá afrontar las costas del juicio una vez que la sentencia quede firme. En un juicio por jurados, explicó, se generan gastos importantes por la cantidad de personas que intervienen y por la duración de las jornadas.
Para Caroselli, ese aspecto también tiene una consecuencia concreta para las víctimas. “Las víctimas, tras que tuvieron un problema, no tienen que hacerse cargo de pagar a su propio abogado”, sostuvo.
El caso de los abusos de J.R. cometidos durante 19 años, expuso que pese al sistema de manipulación por el que le hizo escribir y normalizar los abusos, la víctima pudo romper la estructura que funcionó durante más de dos décadas. No solo hizo la denuncia, apuntó a la existencia de los cuadernos, sino que tuvo el valor de tomar la palabra frente al jurado popular durante el juicio.
Así, los mismos cuadernos que el padrastro le hizo escribir como parte de ese mecanismo de control terminaron convertidos en una de las pruebas que contribuyeron a demostrar su culpabilidad y, de una vez por todas, que la víctima pueda reescribir su historia de vida sin abusos.
Con la sentencia de 17 años de prisión efectiva, también llegó la respuesta que había esperado desde que decidió denunciar. “Estuvo en expectativa dos años y medio y, de pronto, que la Justicia le diga: tiene razón, esta persona está mal, lo vamos a sancionar, es un aliciente”, sostuvo su representante.
Ahora, mientras espera que la condena quede firme, la mujer comienza otro desafío tras 19 años de abusos, que sumados al tiempo que llevó la investigación y el juicio, representan casi 23 años de una vida atravesada por esa historia.
“Con esta sentencia ella tiene que cerrar una etapa de su vida. Después de lograr un objetivo que persiguió durante años y ocupó un lugar central tiene que buscar horizontes muy fuertes, por decir algo, un impulso a su vida. Tiene su hijo, su pareja, tiene que empezar a disfrutar de otra manera”, señaló.
Según las estadísticas judiciales, los casos de abusos sexuales en la infancia cada vez son más detectados gracias a las clases de Educación Sexual Integral impartidas en las aulas de las escuelas. Caroselli considera que el caso también permite mirar hacia el problema anterior a la Justicia: la detección temprana de los abusos sexuales contra niñas niños y adolescentes.
“Por ahí también falló la parte de Educación, que es donde se detecta la mayor cantidad de abusos de niños”, sostuvo y agregó: "en este caso los abusos empezaron desde los 7 años, debería haber en el sistema educativo un programa que atienda esta problemática, un asistente social, pero ella era enviada a un colegio católico y no se hablaba de estos temas", indicó.
En ese sentido, consideró necesario que los docentes tengan herramientas para identificar cambios de conducta, preguntas o situaciones que puedan revelar que un niño está atravesando una situación de violencia y que exista la intervención de un asistente social.