Una mujer fue presa por venta de drogas y sus hijos tienen prisión condicional. El gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo de la Policía de la provincia.
Tras la condena a una familia que administraba un kiosco narco en su casa, el Ministerio Público Fiscal ordenó la clausura y posterior demolición de la vivienda utilizada. De esta manera, las autoridades celebraron la desactivación de un punto de venta de estupefacientes que funcionó durante más de 20 años en el barrio Belgrano.
La precaria construcción de calle Bahía Blanca al 555 fue vaciada por la mañana de colchones, cuadros, sillones y otros objetos que quedaron sobre la calzada frente a la casa de sepelios de Calf y junto a una florería. Luego, una maquinaria aportada por la municipalidad comenzó con las tareas de destrucción hacia las 12:30.
Una comitiva conformada por el gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido, el fiscal general José Ignacio Gerez, el jefe de la policía Carlos Tomás Díaz Pérez y el jefe de la dirección antinarcóticos, Nelson Peralta, entre otros funcionarios, recorrieron las instalaciones y el patio.
Ya sobre la calle que permanecía cortada por agentes de tránsito, Gerez destacó la disposición para destruir el quinto punto de venta en la provincia de Neuquén bajo la modalidad de demolición. "Es una señal de que vamos por más, quiero agradecer al intendente que gracias al convenio se logra demoler la propiedad con equipos que pone la municipalidad", afirmó y agregó: "hoy se devuelve el terreno vacío y de esa manera se inactiva un histórico punto de venta".
Además, señaló que existe una conexión entre el punto de droga y el delito contra la propiedad, por lo que la demolición "sirve para que la sociedad sea más segura".
En tanto, el gobernador destacó la participación ciudadana: "hay un trabajo social importante: los vecinos, los poderes del estado y la justicia, entonces se ha hecho una red muy importante, la semana pasado expusimos el trabajo que se realiza en Neuquén en el Congreso de la Nación".
En este sentido, resaltó la labor de las fuerzas de seguridad. "Estoy orgulloso del trabajo de la Policía del Neuquén, combatiendo a quienes les destruyen la vida a nuestros chicos, se han recuperado lugares públicos, para que los chicos puedan jugar, los abuelos puedan salir, las plazas ya no están copadas por estos delincuentes", celebró.
Al mismo tiempo, indicó: "la meta es combatir junto a todos los actores de la provincia de Neuquén para cumplir el objetivo serio y alcanzable" y relacionó con los resultados en materia de seguridad. "Se modificaron los índices de delicitividad a partir de esta política de narcocriminalidad".
Durante la demolición también estuvo presente la fiscal María Eugenia Titanti quien estuvo a cargo del caso de la calle Bahía Blanca. Gracias a su labor se llegó a la acusación formal contra tres integrantes de una familia detenida por administrar la venta de drogas.
De esta manera homologó un acuerdo pleno de procedimiento abreviado mediante el cual fueron condenadas María Vanessa Zamudio y sus hijos Martín Alexis Mones Ruiz y Brian Aníbal Mones Ruiz por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y al encubrimiento de bienes de origen ilícito.
De acuerdo con la investigación, Zamudio organizó y dirigió la venta de drogas desde la vivienda al menos entre marzo y octubre de 2025, con la colaboración de sus hijos Ruiz, quienes actuaban bajo sus directivas. En ese lugar también se receptaban elementos robados como forma de pago.
Durante los allanamientos y medidas de investigación, la fiscalía secuestró estupefacientes, dinero, un arma de fuego, bienes de procedencia ilícita y una motocicleta adquirida con el producto de la actividad delictiva. Además, a uno de los varones se le atribuyó la tenencia de cocaína y de un arma de fuego sin autorización legal, y a ambos hijos el encubrimiento por receptación dolosa agravada.
Las tres personas admitieron los hechos, renunciaron al juicio y aceptaron las penas propuestas por el Ministerio Público Fiscal. Zamudio fue condenada a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, al pago de una multa y declarada reincidente por contar con una condena previa por el mismo delito. En tanto, Martín Alexis Mones Ruiz y Brian Aníbal Mones Ruiz recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta.