Un delincuente que fue detenido tras una persecución se vio beneficiado por una polémica decisión judicial a pesar de que la fiscalía advirtió sobre una serie de agravantes.
A pesar del intento de la fiscalía neuquina de dejar preso a un delincuente bajo sospecha por un violento atraco a una vecina, una jueza adoptó otra medida. ¿Qué se resolvió?
El fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido fueron los encargados de formular cargos a dos hombres por un caso de robo con arma de fuego y por escaparse de la Policía en la ciudad de Neuquén.
Además, los funcionarios de la fiscalía de Robos y Hurtos solicitaron medidas de coerción para ambos imputados.
La audiencia donde se presentó la acusación fue realizada el pasado sábado y estuvo a cargo de la jueza Natalia Pelosso.
Según la investigación provisoria, el 26 de marzo alrededor de las 7:20, uno de los imputados, identificado por sus iniciales como L.G.L., abordó a una mujer que se encontraba afuera de su vivienda en Parque Industrial.
En ese contexto, tras preguntarle por una dirección, la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo una camioneta Volkswagen Amarok, además de un celular y otros elementos. La víctima se encontraba con sus hijos menores, a quienes obligó a descender del vehículo antes del robo.
Al día siguiente, el 27 de marzo por la noche, L.G.L. fue detectado junto al otro imputado, cuyas iniciales son R.E.R., circulando en la camioneta sustraída. Cuando la Policía intentó identificarlos, se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la ciudad.
Durante la huida, R.E.R. apuntó con un arma de fuego al personal policial. Finalmente, abandonaron el vehículo y escaparon a pie. En ese contexto, R.E.R. descartó un arma, que luego fue secuestrada por la Policía y se encontraba apta para el disparo.
La fiscalía atribuyó a L.G.L. el delito de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud no pudo acreditarse, en calidad de autor, en concurso real con resistencia a la autoridad.
Respecto de R.E.R., le imputó el delito de portación de arma de guerra sin autorización legal, en concurso real con resistencia a la autoridad, ambos en calidad de autor.
El fiscal Maitini solicitó prisión preventiva para L.G.L. por el plazo de dos meses, al considerar que existían riesgos de fuga por no sometimiento al proceso y la necesidad de resguardar a la víctima (denunciante del primer hecho).
En el caso de R.E.R., pidió que se fije prisión domiciliaria por igual plazo y tuvo en cuenta que tiene antecedentes penales y existe riesgo de peligro de fuga por no sometimiento al proceso.
La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos por la fiscalía, aunque rechazó uno de los agravantes propuestos en relación al robo del vehículo.
Respecto de las medidas cautelares, hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria para R.E.R. por dos meses, con control mediante tobillera electrónica y rondines policiales.
En cuanto a L.G.L., precisaron desde el MPF, rechazó la prisión preventiva y dispuso su libertad con restricciones: deberá presentarse dos veces por día en una comisaría y tiene prohibido acercarse a la víctima y su entorno a menos de 500 metros.
Finalmente, la jueza fijó el plazo para concluir la investigación en dos meses.