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La fiscalía pidió penas de 6 y 9 años para cada uno, de acuerdo al rol que tuvieron en el crimen. Aseguran que aún no asumieron el hecho.
Este viernes se cumple el plazo para que el juez Dardo Bordón anuncie su veredicto sobre las penas para los asesinos de Juan Caliani, y hay expectativa y ansiedad en la familia y allegados del periodista. La querella asegura que el tratamiento de los jóvenes fue un fracaso y pide que las penas se ajusten a ello y al enorme daño causado con el crimen del querido periodista.
Cabe recordar que días atrás finalizó el juicio de cesura, en el que se llevó adelante el debate de la pena para los dos adolescentes declarados responsables por el homicidio del periodista, cometido en abril de 2024 en Neuquén. Los asesinos habían entrado a robar a la casa de los Caliani, y se toparon con Juan, quien fue a revisar tras escuchar ruidos extraños.
Ambos jóvenes cometieron el homicidio cuando eran menores de edad, con 16 y 17 años, razón por la cual fueron juzgados en el contexto de la Ley provincial 2302, que establece el mecanismo de juzgamiento en estos casos. Y como actualmente son mayores, corresponde avanzar con la definición de las condenas.
El monto de las penas que deberán cumplir lo resolverá el juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón. El magistrado fijó como plazo máximo para hacerlo el viernes 19 de diciembre, por lo que el veredicto es inminente.
Durante el juicio de determinación declararon alrededor de 60 testigos, distribuidos en las diez jornadas que demandó. Psicólogas, trabajadoras sociales, policías, directivos de escuelas, periodistas y familiares de la víctima, entre otros, brindaron sus testimonios.
En diálogo con Bajá La Data, de LM Play, el abogado querellante de la familia del periodista asesinado, contó en qué consistieron las audiencias de cesura, cuya difusión estuvo restringida, ya que la Ley provincial 2302 y la Ley nacional 20056 así lo establecen cuando hay adolescentes menores de edad involucrados.
Federico Egea, el abogado, planteó, por un lado, que más allá del delito por el que se los condenó (homicidio en ocasión de robo), en esta última etapa del proceso se analizaron las demás circunstancias del hecho para evaluar su gravedad, los resultados del tratamiento tutelar al que fueron sometidos los jóvenes (quienes no habían aún cumplido la mayoría de edad al momento del hecho) y la extensión del daño causado con el hecho cometido.
"Creemos nosotros que quedó bien presentado el caso, a lo que fue el fracaso del tratamiento tutelar, que yo considero que fue un fracaso rotundo; no se lo atribuyo a los estamentos estatales que intervinieron, pero creo que no hubo ningún tipo de receptividad de los autores", expresó.
En este sentido, indicó que dicho tratamiento, en el cual intervino un amplio equipo interdisciplinario, "tiene como objetivo alejarlos de factores de riesgo vinculados a la criminalidad y dotarlos de un proyecto de vida más saludable para ellos y también socialmente".
El juicio de cesura, en el que todo esto se expuso, "fue una etapa muy dura para su entorno afectivo (de Juan) y particularmente su familia, pero era necesario para dejar de resalto que fue un hecho muy grave, cruel e innecesario, que causó un daño social muy pocas veces visto", opinó Egea.
Explayándose sobre lo que se pudo conocer del desempeño y actitud de los jóvenes desde que entraron en tratamiento -apenas un mes después del crimen, en mayo 2024-, el abogado particular sostuvo que "no se cumplió ninguno de los objetivos".
Detalló en este sentido que hubo un "despliegue importante" de especialistas, psicólogos, asistentes sociales y otros actores, pero "se requiere que se recepte y eso es lo que no sucedió"
"No hubo una mejora en relación con la situación en la que estaban y no hubo un redireccionamiento en relación a la educación, el trabajo o actividades saludables, pese a que se dieron todas las herramientas para que eso suceda; no les interesó", sostuvo Egea, quien agregó que ante los intentos del equipo, los asesinos mostraban "una actitud desafiante".
Cabe recordar también que en reiteradas ocasiones, vecinos del barrio aseguraron que los jóvenes condenados no cumplían con algunas de las pautas impuestas por la justicia en el marco del tratamiento y que hasta les proferían amenazas, algo que el querellante aseguró que se pudo acreditar durante la cesura.
Además, detalló: "Uno abandonó la escuela, el gimnasio, perdió una oportunidad laboral por su responsabilidad (...) y cometieron transgresiones de todo tipo, amenazas a los vecinos, infracciones de tránsito, huir de la Policía, abandonar situaciones laborales con cualquier excusa y también echarle la culpa a los demás todo el tiempo. Por H o por B, nunca era culpa de ellos y eso habla de la falta de asunción de responsabilidad objetiva".
Sobre esta línea, Egea relató también que uno de los jóvenes "hizo uso de la palabra para poner excusas y mostrarse como víctima". "Se dirigió a los padres y pese a que estaba acreditada la dinámica del hecho, terminó diciendo que él en realidad se estaba defendiendo. Fue gravísimo, muy duro para la familia, pero otra vez te da el registro de la falta total de asunción de responsabilidad objetiva".
Respecto de lo planteado por el joven que intentó desvirtuar la realidad de cómo fue el crimen, indicó que el periodista tenía una "cantidad significativa de heridas defensiva en sus brazos, previas a las heridas mortales, lo que da cuenta de un ataque fuerte, de mucha intensidad, sostenido en el tiempo y que se podría haber interrumpido en cualquier momento. Y los agresores no tenían lesiones, no fueron agredidos. Una persona que no tiene intención de generar heridas mortales, puede interrumpir el ataque en la primera herida defensiva".
Finalmente, sobre la pena, Egea indicó que la ley demanda que se aplique la escala del delito en grado de tentativa en estos casos, por tratarse de un hecho cometido por personas que eran menores de edad al momento del suceso. Además, se busca que "haya una proporcionalidad con el daño causado, que refleje el daño y el resultado del tratamiento y que tenga un componente de reparación en términos de composición y asunción de la responsabilidad real por parte de los autores".
En ese marco, el fiscal Germán Martín pidió 6 años de prisión para quien sujetó a la víctima, y 9 años de prisión para quien la apuñaló. En tanto, Egea solicitó penas de 9 y 12 años, respectivamente, también diferenciando los roles de cada uno.
"La finalidad de la pena tiene que ser resocializante, tiene que ser una oportunidad para ellos y tiene que cumplirse en condiciones de dignidad. No es la intención castigarlos. Son personas jóvenes que van a salir (de la cárcel) jóvenes", cerró el letrado.