La Subsecretaría de las Mujeres de la ciudad realizó una contundente denuncia pública. Se dispuso una custodia policial adentro de la casa de la víctima.
Por primera vez en ocho años, las trabajadoras de la Subsecretaría de las Mujeres de la ciudad de Neuquén levantaron carteles con la foto y el nombre de un hombre con 32 denuncias por incumplimientos y 15 intentos de femicidio, más una condena pero que está prófugo y continúa ejerciendo violencia de género contra su ex pareja.
"No lo puede encontrar la Policía ni la Justicia", exclamó Alejandra Oehrens, quien encabezó una conferencia de prensa este miércoles a la mañana en Casa Aliwenko que incluyó la contundente denuncia púbica sobre uno de los 93 casos en código rojo con riesgo de femicidio que asisten entre septiembre y octubre.
El hombre cuyo pedido de captura continúa vigente se llama Jonathan Fabián Ulloa, alias “el Tanke”. Desde julio de 2025 atravesó instancias en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 6 así como las penales pero incumplió todas las medidas judiciales.
La foto del rostro del potencial femicida que se sacó el dispositivo electrónico y permanece prófugo fue sostenida por cada trabajadora social, psicóloga y abogada del equipo. "Le pedimos ayuda a toda la comunidad, queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar, acá está la foto" dijo Oeherens y pidió que se difunda la identidad en todos los medios de comunicación presentes.
Según explicó junto a las trabajadoras sociales, la situación es apremiante porque aún teniendo pedido de captura vigente, Ulloa continúa enviando amenazas a la ex pareja, madre de una de sus hijas.
En este sentido, especificó que Ulloa emplea la modalidad virtual al enviar mensajes y fotos por redes sociales. Si bien no quiso nombrar las más graves, indicó que solamente una semana atrás le mandó una foto de un tatuaje que reza: "siempre serás tu hasta que mi corazón deje de latir".
Ulloa acumula 15 incumplimientos a las reglas de conductas establecidas, 32 incumplimientos a las medidas de protección a la mujer e incluso la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones: "ingresó al domicilio de la víctima con la consigna policial presente afuera de la casa, fue detenido intentando acceder a su vivienda con un bidón de nafta".
Lo insólito de la situación expuesta por las funcionarias es que a pesar de que cuenta con pedido de captura, Ulloa "tiene vida normal", en cuanto a que continúa trabajando.
"Maneja un Uber, incluso se hizo el tatuaje, cómo puede ser que la Policía no lo pueda encontrar", indicó la subsecretaria al tiempo que señaló: "nos enteramos que hasta hace poco estuvo alojado en un domicilio a la vuelta de la Comisaría 16".
Por este motivo, la subsecretaria explicó que ante el riesgo inminente de que concrete el femicidio se dispuso una medida insólita a cargo de la Comisaría 19: "Tiene consigna policial adentro del domicilio".
Es decir, que la mujer convive con un efectivo de seguridad mientras que el agresor está libre. De esta manera, la víctima es la que está vigilada y, como señaló Oeherens, "encerrada en la casa con sus hijos, sin poder salir ni a comprar pan".
El expediente por violencia de género se inició en julio de 2025 en el Juzgado de Familia N.º 6 a cargo de la Jueza Adriana Luna. En ese ámbito se dispusieron medidas cautelares contra Ulloa, entre ellas la implementación de un dispositivo dual. Desde la Subsecretaría aprovecharon la conferencia para dar detalles de los sucesivos incumplimientos de las órdenes judiciales que derivaron en la instancia penal.
Las trabajadoras de la Subsecretaría de las Mujeres cuestionaron la respuesta de los organismos estatales frente a la situación de "extrema peligrosidad" que, según advirtieron, representa Jonathan Fabián Ulloa para su expareja. Señalaron que, pese a las intervenciones judiciales, las medidas de protección y el pedido de captura vigente, el hombre continúa prófugo y la mujer permanece bajo custodia policial por temor a que concrete las amenazas de muerte.
"Los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él, tanto el Ministerio de Seguridad como la Oficina de Mujeres se tiran la culpa entre ellos y no hacen nada, mientras nosotras no queremos ver más a ninguna mujer en terapia intensiva", reclamaron durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko.
"Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas", denunció respecto a la falta de respuestas coordinadas no solo para este caso, sino para la totalidad donde incluyó entre las víctimas a "parejas de empresarios poderosos".
Por su parte, el área Legal inició 16 nuevos expedientes judiciales solo durante septiembre y octubre. En tanto, también advirtieron en diálogo con LM Neuquén que 20 causas tienen retrasos judiciales. "Entre lo que demoran en resolver instancias judiciales las medidas de protección se interrumpen y las mujeres quedan vulnerables", aseguró la subsecretaria Alejandra Oeherens.
Las trabajadoras aseguraron que hablan desde la experiencia cotidiana en el territorio, donde acompañan a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. "Somos las que trabajamos con las víctimas todos los días, nosotras somos la conexión de las mujeres para que tengan una vida digna, para que tengan igualdad de derechos", expresaron.
En ese sentido, reclamaron que las intervenciones institucionales no se limiten a procedimientos administrativos y pidieron respuestas concretas ante situaciones en las que está en riesgo la vida de una mujer. "Le aclaramos a los organismos de la Oficina de Mujeres que no estamos para completar legajos y al fuero de Familia que atiendan las demandas", advirtieron.
Como parte de la denuncia, informaron que durante septiembre y octubre asistieron a 79 mujeres clasificadas en código rojo, una categoría que identifica situaciones de riesgo extremo de femicidio. De ese total, 19 fueron derivadas al área de atención psicológica y otras recibieron acompañamiento de los equipos de Trabajo Social. Además, 16 situaciones fueron judicializadas.
Las funcionarias señalaron que ninguna de las mujeres tiene un empleo formal y que el 90% estaba a cargo de niños y niñas. La denuncia alcanza tanto las responsabilidades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud dado que advirtieron que muchas víctimas de violencia de género atraviesan "enfermedades contagiadas por las reiteradas violaciones".
En tanto, muchas desarrolaron una enfermedad terminal: "tienen cáncer y no pueden tomar los medicamentos, no tienen recursos".
Consultada por LM Neuquén sobre las demandas al Estado en materia laboral y de salud pública, una de las funcionarias explicó que la persecución constante de los agresores también limita las posibilidades de conseguir trabajo. "No tienen oportunidad de trabajar si tienen patrulleros en las puertas de las casas. ¿Quién las va a querer tomar en un trabajo si están siendo perseguidas todos los días por sus exparejas? El círculo de violencia las encierra", sostuvo.
También alertó sobre las consecuencias psicológicas de estas situaciones y señaló que muchas mujeres atraviesan intentos de suicidio, como el caso que expusieron las amigas de Natalia Vilte que se suicidó tras un intento de femicidio.
Las trabajadoras reconocieron que hacer pública la situación también las expone a riesgos, pero afirmaron que llegaron a un límite. El caso de Ulloa, sostuvieron, marcó un antes y un después en la decisión de visibilizar el problema y exigir responsabilidades. «Ya pasamos la instancia de hablar de las capacitaciones en derechos. Ahora estamos al borde de que Ulloa mate a esta mujer», advirtieron.