La primera modalidad investigada funcionaba en una vivienda del barrio El Trébol. De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, entre el 15 de julio y el 25 de septiembre los acusados utilizaron ese domicilio como punto de venta de estupefacientes. Para sostener la actividad, habrían recurrido a terceras personas que se encargaban de custodiar las sustancias y recaudar el dinero obtenido.
Durante un allanamiento realizado en ese inmueble, los investigadores encontraron 438,1 gramos de marihuana y 5,3 gramos de cocaína. También secuestraron dinero en efectivo y una balanza digital, elementos que fueron incorporados a la causa.
Sin embargo, la actividad no se habría limitado a ese lugar. La fiscalía también reconstruyó un segundo circuito de comercialización que funcionaba bajo la modalidad de delivery y que se extendió entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre.
En este caso, las entregas se realizaban en distintos puntos de la vía pública, mediante encuentros breves previamente coordinados. Los compradores podían pagar en efectivo o a través de transferencias electrónicas. Para concretar las operaciones, los investigados utilizaban un automóvil Peugeot.
Un allanamiento con cocaína fraccionada y dinero en efectivo
Uno de los procedimientos más importantes de la investigación se concretó el 4 de noviembre, cuando efectivos policiales allanaron el domicilio particular de los dos imputados, ubicado en la ciudad de Neuquén. En el interior de la vivienda encontraron 252 gramos de cocaína fraccionada y 1,7 gramos de cannabis. Además, secuestraron 140.000 pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares, tres balanzas digitales y distintos elementos que serían utilizados para cortar, preparar y acondicionar las drogas antes de su distribución.
Entre los objetos incautados también había una réplica de arma de fuego con su respectivo cargador. Los dispositivos electrónicos y el resto de los elementos quedaron incorporados a la investigación para profundizar el análisis sobre el funcionamiento de la presunta organización y la participación de cada uno de sus integrantes.
Otro de los aspectos que tomó relevancia en la causa fue el análisis financiero de las cuentas de los dos acusados en la plataforma Mercado Pago. Según informó la fiscalía durante la audiencia, el relevamiento permitió detectar movimientos económicos superiores a los 43 millones de pesos que estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes.
Este dato se sumó a los resultados de los allanamientos y a las tareas investigativas que permitieron reconstruir las dos modalidades de venta: desde el domicilio del barrio El Trébol y mediante entregas coordinadas en la vía pública.
La fiscalía atribuyó a la mujer, identificada como B. A. J., y al hombre, cuyas iniciales son A. C. H. Q., el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores. La calificación legal se encuadra en el artículo 5, inciso C, y el artículo 11 de la Ley 23.737, en función del artículo 45 del Código Penal.
Sebastián Fariña Petersen
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes pasado, la fiscal Paula Yerfino solicitó distintas medidas cautelares para los dos acusados. Para el hombre, pidió cuatro meses de prisión preventiva. Como fundamento, planteó la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de que no se someta a la Justicia o intente escapar, además del peligro de que pueda entorpecer el avance de la investigación.
En el caso de la mujer, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se presentara semanalmente en una dependencia policial y que tuviera prohibido acercarse o comunicarse, por cualquier medio, con los testigos de la causa.
El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y resolvió hacer lugar a los planteos de la fiscalía. De esta manera, dispuso que A. C. H. Q. permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses.
Para B. A. J. estableció la obligación de presentarse una vez por semana en una comisaría y le impuso la prohibición de acercarse o contactar por cualquier medio a las testigos de la investigación. También le restringió el acceso al inmueble del barrio El Trébol. Todas las medidas cautelares tendrán una duración de cuatro meses.
