Se analizó el 15 % de los celulares del entrenador imputado y otros dispositivos electrónicos. El plazo de prisión preventiva vence el 19 de julio.
La investigación contra el entrenador del Club Unión Vecinal, imputado por abusos y estafas, continúa sumando medidas y análisis de prueba. La abogada querellante Celina Fernández, representante de algunas de las víctimas, aseguró que no hubo nuevas denuncias formales, aunque sí continúan las entrevistas.
En una audiencia realizada esta semana, la defensa solicitó la libertad del imputado, a partir de nueva evidencia surgida en la investigación en cuanto al contenido de unos mensajes de Whatsapp entre el imputado y la familia de una de las víctimas y el análisis de una Cámara Gesell. Sin embargo, el juez Juan Pablo Encina consideró que son múltiples los riesgos procesales que no fueron controvertidos por la defensa y que esas evidencias novedosas no dan por tierra el resto de las evidencias que acreditan que los riesgos existen, por lo que continuará detenido.
El imputado, quien se desarrollaba como entrenador de fútbol y además es abogado, fue acusado por la justicia por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas. Los hechos habrían ocurrido en un contexto de confianza generado por su rol como entrenador, lo que facilitó el acercamiento a las víctimas.
De acuerdo con la investigación, los sucesos comenzaron en 2025, cuando D.E.M. de 28 años contactó a uno de los adolescentes para sumarlo a un equipo. A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, que se extendieron hasta marzo de este año.
Según la acusación, el imputado habría realizado ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual, amenazas hacia el entorno familiar y contactos físicos sin consentimiento, en distintos momentos y lugares.
Durante una entrevista con FM Capital, Fernández explicó que la fiscalía sigue tomando testimonios a adolescentes en el marco de una causa que calificó como “muy particular” por la edad de los chicos involucrados y por las dificultades que existen para que puedan hablar sobre lo ocurrido.
“No hay nuevas denuncias contra el entrenador, sino que del listado original de adolescentes que habían sido entrenados por él se han seguido entrevistando chicos. Son nuevas entrevistas que todavía están en investigación”, indicó.
La letrada sostuvo que se trata de un proceso complejo porque muchas de las conductas investigadas estaban naturalizadas dentro del vínculo que mantenía el entrenador con los jugadores de divisiones formativas.
“Hay una necesidad de hacer un trabajo lento para la toma de conciencia de ciertas actitudes, porque algunas conductas de grooming están muy naturalizadas. Son cuestiones muy complejas”, afirmó.
Además, remarcó el impacto que genera la dimensión del expediente. “A mí me impacta la magnitud de la situación. No es un hecho aislado, son muchos adolescentes en una edad sumamente complicada”, expresó.
Según describió, la investigación avanza sobre dos ejes: los delitos vinculados a la integridad sexual y el manejo de dinero con menores de edad. “Por un lado tenés la vulneración de derechos, hechos que pueden encuadrar en más de un delito contra la integridad sexual, incluso corrupción de menores. Y por otro lado aparecen transferencias de dinero que colocaban a los chicos en una situación de mayor vulnerabilidad”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que ya está acreditada “la magnitud de las transferencias” realizadas por el acusado y consideró que “son cifras muy grandes para ser regalos para chicos de esa edad”.
La querellante también hizo referencia a la relación de poder que usaba el imputado. “Era el entrenador que definía quién jugaba el fin de semana, las capitanías, quién iba al banco. Me sorprende todo lo que puede movilizar ese lugar de poder en las formativas”, indicó.
Sobre el estado de la causa, confirmó que el imputado continuará detenido con prisión preventiva hasta el 19 de julio, mientras se desarrolla la etapa final de la investigación. El juez rechazó recientemente un pedido de libertad y otro subsidiario de prisión domiciliaria solicitado por la defensa.
“A esos pedidos nos opusimos nosotros, la fiscalía y también la Defensoría de los Derechos del Niño. Finalmente el juez rechazó ambas solicitudes”, explicó.
Uno de los puntos que más pesó para sostener la preventiva, según Fernández, fue el incumplimiento de medidas cautelares impuestas al acusado al inicio de la investigación. “Cuando fue notificado del inicio de la causa, se le prohibió tomar contacto con jugadores y familias. Aun así violó esa prohibición”, afirmó.
La abogada detalló que, en una primera oportunidad, el imputado se fue de viaje con algunos jugadores y, posteriormente, volvió a tener contacto con otro adolescente en su domicilio. También se detectaron mensajes de texto enviados en días previos a declaraciones en Cámara Gesell.
“Ese fue el punto más duro y lo que más se tuvo en cuenta para determinar la prisión preventiva. Además, es abogado y conocía perfectamente las restricciones que tenía”, sostuvo.
Otro de los aspectos que preocupa a la querella es el enorme volumen de evidencia digital secuestrada durante la investigación. Fernández reveló que hay 54 dispositivos electrónicos para peritar entre celulares y computadoras.
“La fiscalía ordenó el trabajo del gabinete informático y hasta ahora llevan analizado alrededor del 15% del material. Hay muchísimo para revisar”, explicó.
En relación con el posible funcionamiento de una red de grooming, la abogada aclaró que hasta el momento no está acreditada la circulación de imágenes de menores, aunque sí existen patrones repetidos de producción de imágenes y contactos con adolescentes.
“Para hablar de una red se necesitan otro tipo de elementos. No solamente imágenes. También hay que corroborar que correspondan a menores de edad”, indicó.
Fernández añadió que durante los allanamientos al entrenador imputado no se secuestró un solo teléfono sino varios dispositivos “todos en uso y ninguno vacío”, lo que complejiza aún más las pericias informáticas. También señaló que existen aplicaciones diseñadas para eliminar automáticamente mensajes y archivos.
En paralelo, la querellante interviene en las causas por estafas que también involucran al entrenador. Explicó que la fiscalía decidió tramitar cada hecho en legajos separados, lo que vuelve más lenta y compleja la investigación económica.
Gonzalo, padre de una de las víctimas y a su vez víctima de estafas realizó la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos el 11 de febrero de este año y puntualizó que al menos hay tres créditos pedidos en distintos bancos de casi 160 millones lo cual lo llevó a la condición 6 en el veraz y también detectaron el uso de tarjetas de crédito a su nombre.
Respecto del rol institucional del club, Fernández indicó que, al menos desde el avance de la causa penal, Unión Vecinal respondió los requerimientos de información solicitados por la fiscalía. Sin embargo, aseguró que muchas familias consideran que la reacción fue tardía. “En el caso de mis clientes, ellos esperaban una respuesta que estuviera a la altura de las circunstancias. Antes de la denuncia penal ya había planteos por situaciones vinculadas al manejo del entrenador y entienden que las medidas llegaron tarde”, concluyó.