Polémica: un expenitenciario de la U9 cumple perpetua y pidió una salida excepcional
Las solicitudes de beneficios por parte de condenados generan posiciones encontradas de fiscales y defensores. A la hora de la definición, los jueces adoptan distintos criterios.
El proceso judicial por torturas seguida de muerte en la exU9 terminó con varios agentes penitenciarios condenados.
Los pedidos de condenados de acceder a determinados beneficios generan casi siempre alguna rispidez y polémica. Uno de los casos que se resolvió esta semana en el ámbito de la justicia federal tiene relación con un exagente penitenciario de la vieja Unidad 9 de Neuquén y que cumple un castigo de prisión perpetua por el delito de torturas seguidas de muerte.
Tiempo atrás, por ejemplo, uno de los expenitenciarios condenados por la muerte violenta del interno Argentino Pelozo Iturri, Pablo Ángel Muñiz, hizo un intento para acceder a un régimen de salidas extraordinarias para trabajar en la chacra de su papá. Sin embargo, se encontró con la posición firme de la fiscalía y el juez de Ejecución del Tribunal Oral Federal (TOF) que intervino descartó la posibilidad de otorgarle ese beneficio.
En tanto, en las últimas semanas, otra solicitud de un expenitenciario condenado motivó la programación de una audiencia, que se realizó en el inicio de esta semana.
El exintegrante del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que impulsó un pedido a través de la defensora pública fue el neuquino Daniel Ulises Romero, quien permanece alojado en la cárcel federal de la ciudad rionegrina de General Roca. Durante su exposición ante el magistrado del TOF, la defensa recalcó que la esposa del hombre atraviesa un cuadro de salud delicado y solicitó que se le permita, en forma excepcional, un egreso mensual hasta el barrio Gran Neuquén Norte, donde vive su familia.
Romero también tuvo oportunidad de manifestarse y recalcó que los permisos que le otorgaron para salidas los cumplió, sin ningún tipo de irregularidad.
Posición inflexible de la fiscalía
En la vereda contraria a las pretensiones de la defensa y el interno se ubicó la fiscalía, que se pronunció en forma desfavorable.
A su turno, el juez aceptó el requerimiento de la defensa y fijó un esquema de una salida mensual hasta octubre de este año y que se desarrollará “bajo palabra de honor”.
El proceso que involucra a Romero se definió en 2019, con un fallo elaborado por el TOF integrado por Alejandro Silva, Marcelo Grosso y Orlando Coscia. Los jueces declararon la responsabilidad de ocho penitenciarios y los condenaron a prisión perpetua. De forma paralela, dispusieron penas de entre tres y seis años de prisión para otros acusados. En la causa se juzgaron las torturas seguidas de muerte del interno Pelozo Iturri alojado en la exUnidad 9 del Complejo Penitenciario de máxima seguridad de Neuquén. Los condenados fueron un total de 14 personas entre agentes y médicos del SPF.
Ocho condenados a prisión perpetua
Tanto el celador Carlos Roberto Vergara como el cuerpo de requisa de la Unidad, integrado por Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Elix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal y José Walter Quintana fueron condenados a prisión perpetua por el delito de imposición de torturas seguidas de la muerte de la víctima.
Al igual que lo que ocurre con otros procesos, el fallo dictado por el tribunal integrado por Silva, Grosso y Coscia no quedó firme de inmediato y desde la defensa se sucedieron los recursos para intentar que se revierta la condena. En 2020, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo.
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