El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidió la pena máxima en el juicio de cesura. Se esperan los alegatos de la defensa y la resolución del juez Marco Lupica Cristo.
Después de que un jurado popular haya declarado culpable al empresario J.R. de abusar sexualmente a su hijastra durante 19 años, el caso avanza hacia la determinación de la pena. En una audiencia realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, la Fiscalía pidió que sea condenado a 20 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El Ministerio Público Fiscal adelantó este dato central en medio del juicio de cesura por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores que comenzó el lunes y concluirá en esta jornada con la realización del alegato de clausura de la defensa.
Mientras se desarrolla la etapa final del juicio, el empresario permanece detenido con prisión preventiva después de un breve paso cumpliendo prisión domiciliaria por la decisión de los jueces Mauricio Macagno y Federico Sommer, junto con la jueza Liliana Deiub del Tribunal de Impugnación que generó repudio de los vecinos de un barrio privado de Plottier.
Durante la mañana de hoy el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid realizó su alegato junto a la asistente letrada Cecilia Sabatte, mientras que el abogado particular que intervine como querellante, Carlos Caroselli, adhirió al pedido de pena de la fiscalía.
En su exposición, el fiscal jefe sostuvo que la pena aplicable va de 8 a 20 años de prisión y planteó que la gravedad de las circunstancias acreditadas durante las diez jornadas de juicio justifican que se imponga el máximo.
Uno de los principales agravantes señalados fue la extensión temporal de los abusos: los hechos se prolongaron durante 19 años. A eso sumó la diferencia de edad y de poder entre J.R. y la víctima, además del aprovechamiento de la convivencia y de la situación de guarda.
La Fiscalía también hizo referencia al impacto que los hechos tuvieron sobre la salud física y mental de la víctima. En particular, mencionó una afección crónica y señaló que las pericias incorporadas durante el juicio acreditaron un trastorno de estrés postraumático complejo, por el que requiere tratamiento y medicación.
Otro de los puntos centrales del alegato fiscal estuvo relacionado con la modalidad en la que, según la acusación, se desarrollaron los abusos y con las distintas formas de manipulación ejercidas sobre la víctima durante su infancia y adolescencia.
Breide Obeid mencionó el aislamiento, la imposición de determinadas creencias y reglas y el control sobre distintos aspectos de la vida de la víctima. También hizo referencia a las anotaciones relacionadas con los abusos que la víctima realizó en cuadernos y que fueron incorporadas como prueba durante el debate.
El fiscal jefe sostuvo además que el trauma provocado por los hechos puede generar consecuencias durante la vida adulta de la víctima y afectar su vínculo con su hijo.
A esos factores sumó conductas que, de acuerdo con la acusación, el imputado habría desplegado durante el proceso con el objetivo de demorar o evitar el juzgamiento. En especifíco, hubo una audiencia donde el empresario acorralado por las pruebas fingió un ACV y tuvo que ser revisado por peritos y constataron el episodio simulado.
Como circunstancia atenuante, la Fiscalía señaló que J.R. no registra antecedentes penales computables. Sin embargo, planteó que esa circunstancia no debe traducirse en una reducción de la pena en este caso, debido a la naturaleza de los delitos y a la extensión temporal de los hechos acreditados.
El abogado particular que representa a la víctima adhirió al pedido de la Fiscalía y como querella también solicitó una pena de 20 años de prisión.
Ahora será el turno de la defensa, que deberá presentar su alegato durante la audiencia de determinación de la pena.
Una vez que finalicen las exposiciones de todas las partes, el juez técnico Marco Lupica Cristo deberá resolver qué pena corresponde imponer a J.R.
El 1 de julio pasado, después de diez jornadas de juicio realizadas en la Ciudad Judicial, un jurado popular integrado por 12 personas declaró por unanimidad la culpabilidad de J.R.
El jurado lo declaró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente. Esta última agravante fue considerada hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad. Además, fue declarado responsable por corrupción de menores, en concurso ideal con el delito anterior.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal y la prueba producida durante el juicio, J.R. abusó sexualmente de la víctima que es su hijastra durante un período de 19 años.
Los hechos ocurrieron principalmente en la vivienda familiar ubicada en un barrio privado. Según la acusación, también se produjeron en oficinas comerciales del acusado, vehículos utilizados para transportar mercadería y hoteles durante viajes.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal presentó, entre otras pruebas, el testimonio de la víctima, declaraciones de profesionales de la psicología y el contenido de cuadernos secuestrados de un placard de la habitación del matrimonio durante la investigación. La información registrada en esos cuadernos fue expuesta durante el juicio por una integrante de la Policía provincial.