Entre las obligaciones impuestas a quienes recibieron penas condicionales figuran el control de la Dirección de Población Judicializada, la prohibición absoluta de contacto entre los integrantes de la organización, la restricción de vincularse con sustancias estupefacientes, fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.
Quiénes integraban la banda narco
Para establecer las condenas se tuvieron en cuenta los roles de dirección y los secundarios.
- El principal condenado fue Miguel Ángel Aguirre, señalado como líder y organizador. Recibió una pena de seis años de prisión efectiva y una multa por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio de 8.400.000 de pesos, agravado por la participación organizada de tres o más personas.
- El segundo condenado a prisión efectiva fue Tomás Fausto Giménez, quien recibió tres años y seis meses. Según la investigación, estaba encargado de acopiar y fraccionar la cocaína en el barrio Nehuenche. Fue considerado partícipe secundario del comercio agravado de estupefacientes y también condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
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Mario Rubén Aguirre: partícipe secundario del comercio agravado de estupefacientes. Deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años.
Armando Héctor Ricci: recibió la misma calificación penal y tendrá reglas de conducta durante tres años.
Jeremías Emanuel Dinamarca: condenado como partícipe secundario, con reglas de conducta durante dos años.
Eric Ezequiel Arriagada: también partícipe secundario recibió tres años en suspenso y deberá cumplir reglas de conducta durante dos años.
Los allanamientos y los elementos secuestrados
La investigación permitió reconstruir cómo funcionaba la organización y los distintos domicilios que utilizaba para almacenar, preparar y distribuir la droga. Miguel Ángel Aguirre conseguía el clorhidrato de cocaína y coordinaba su fraccionamiento en dosis de aproximadamente medio gramo.
Los puntos de acopio fueron cambiando durante los meses investigados. La organización operó inicialmente en una vivienda de calle Los Maitenes, luego en otra ubicada en calle 25 de Mayo y finalmente en un domicilio del barrio Nehuenche.
La venta directa se realizaba en plazas y en la vía pública. Los integrantes que cumplían el rol de revendedores recibían la cocaína, la dividían en dosis y comercializaban los envoltorios. El dinero recaudado era enviado al líder mediante transferencias por billeteras virtuales.
El fiscal general José Gerez durante los allanamientos en Junín de los Andes.
El 2 de mayo de 2026 se realizaron los allanamientos que permitieron desarticular la estructura. En los procedimientos se secuestraron 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína, una cantidad equivalente a más de 375 dosis, además de balanzas de precisión, elementos para fraccionar, teléfonos celulares y armas de fuego.
El tribunal también dispuso el decomiso de más de 5,2 millones de pesos y 400 dólares, considerados producto de la actividad ilícita. Ordenó, además, la incautación y destrucción de las balanzas, los elementos utilizados para preparar las dosis, los teléfonos y una pistola calibre 22.
Las dos condenas de cumplimiento efectivo todavía no comenzarán a ejecutarse de inmediato. Como no hubo renuncia a los plazos procesales de impugnación, Miguel Ángel Aguirre y Tomás Fausto Giménez deberán esperar el vencimiento de esos términos. La audiencia para constituirlos como detenidos fue prevista para el próximo 18 de noviembre.
Acuerdo de responsabilidades por venta de drogas
El acuerdo de condenas es el resultado de una investigación que ya había tenido repercusión en mayo de este año, cuando el Ministerio Público Fiscal y la Policía realizaron un importante operativo contra el narcomenudeo en Junín de los Andes y San Martín de los Andes.
Luego de los allanamientos, el fiscal jefe Gastón Ávila, y el asistente letrado Federico Sura formularon cargos a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en la localidad de Junín de los Andes. Fue tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.
Los imputados fueron los ocho que terminaron condenados por los delitos que el representante de la fiscalía les atribuyó como comercio y tenencia de estupefacientes, ambos agravados por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.
Entre las medidas cautelares el MPF había pedido prisiones domiciliarias. Sin embargo, la jueza otorgó la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación y la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización.
