Apenas fue condenado, el hombre pudo acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, un informe sobre violencia familiar motivó un inmediato reclamo de la fiscalía.
Un albañil narco que había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria tras su condena estuvo lejos de cumplir con las pautas de conducta impuestas por la justicia federal y tanto el Ministerio Público Fiscal como la asesoría de Menores hicieron un pedido para que se revise la medida otorgada.
El hombre bajo sospecha fue motivo de una investigación liderada por los sabuesos del Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina. Ante la presunción del funcionamiento de un punto de venta de drogas en un domicilio ubicado sobre calle Rodhe, en esta capital, se le dio intervención al juzgado federal de Neuquén.
En concreto, los uniformados observaron la denominada maniobra de “pasamanos”, con un ir y venir de personas a lo largo del día en la casa situada en Rodhe.
A partir de los datos aportados por la fuerza de seguridad neuquina, se ordenó un allanamiento el 22 de abril de 2022. El resultado del procedimiento fue positivo, con el secuestro de unos 250 gramos de marihuana distribuidos en envoltorios, una balanza digital y dinero en efectivo.
Frente al hallazgo de los estupefacientes, el principal sospechoso fue imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El proceso en contra del hombre imputado se demoró y recién se definió en los primeros meses de 2025. Debido a las pruebas incriminantes, que incluían mensajes en el celular con pedidos de cogollos, el acusado aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado.
La única circunstancia atenuante que se consideró fue la falta de antecedentes y el hombre, identificado como Enrique “Cachi” Martínez recibió un castigo de 4 años de prisión efectiva.
En su descargo, el hombre aseguró que se había vinculado al narcomenudeo tras “tocar fondo”.
Como en otras situaciones similares, la defensa avanzó en abril de 2025 con un pedido para que el condenado cumpla el castigo mediante la modalidad de arresto domiciliario. El beneficio fue otorgado principalmente con el fin de acompañar a sus hijos.
Sin embargo, la situación de Martínez varió a mediados de este año luego de que el MPF recibió un informe del juzgado de Familia 3 del Poder Judicial neuquino. Una denuncia por violencia familiar y tenencia de arma de fuego puso en alerta a la parte acusadora que, sin demorarse, requirió la realización de una audiencia para solicitar que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria.
La asesora de Menores mostró una opinión coincidente con el MPF pero la defensa buscó mantener la medida y recordó los problemas de salud que atraviesa el hombre condenado.
Por su parte, el hombre hizo su descargo y dijo estar sorprendido por las denuncias en su contra.
La representante del MPF mantuvo su postura firme y solicitó que, apenas se le dé el alta, Martínez debe ser alojado en la cárcel federal de la localidad de Senillosa.
La defensa insistió que la revocación de la domiciliaria era una medida desproporcionada.
A su turno, el juez de Ejecución mostró su coincidencia con el MPF y comunicó el fin del beneficio de la domiciliaria.
De forma paralela, el magistrado dispuso una consigna de la Policía Federal permanente mientras el hombre permanece internado y, apenas reciba el alta médica, deberá ser trasladado al Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa.