El requerimiento fue presentado el miércoles pasado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini. Los cuatro imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos:
Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros; usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades; estafa, reiterada en dos oportunidades; y extorsión mediante simulación de autoridad pública.
La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el Establecimiento 7, ubicado dentro del denominado Complejo Penitenciario, en el Barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Modus operandi
De acuerdo con la acusación, los integrantes del grupo utilizaban celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas. Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.
En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos.
Perfiles de WhatsApp que parecían creíbles
La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
Gentileza Fiscales.gob.ar
El caso comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una comunicación de un hombre que se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Más allá de que en un primer momento el preso consiguió simular muy bien su papel de funcionario judicial, el comisario que lo atendió no tardó en dudar y se encargó de cerciorar el origen de la llamada. Luego, avanzó con una denuncia para que intervenga la fiscalía.
Las escuchas relevaron las maniobras
A partir de la denuncia del comisario de la PFA, se dispusieron distintas medidas de investigación, entre ellas pedidos de informes a las compañías telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas. Esas diligencias permitieron establecer que el abonado utilizado para el llamado tenía actividad en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario 7, dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy.
La investigación fue delegada a la fiscalía federal de Picardi, quien avanzó sobre las comunicaciones y los dispositivos empleados para realizar las maniobras.
Con el avance de la pesquisa se identificaron otros siete episodios en los que los integrantes del grupo habrían utilizado la identidad y la investidura de Rosatti para obtener información oficial sobre personas detenidas.
En la actualidad, el hijo de Ruth Montecino, Franco Hernández, se encuentra alojado en la cárcel de Senillosa.
El 20 y el 22 de diciembre de 2024 llamaron, respectivamente, a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santa Fe y Esquel de la PFA. En ambos casos se presentaron como Rosatti y solicitaron información sobre las personas detenidas y las condiciones de alojamiento.
El 27 de enero de 2025 se comunicaron con la Guardia de Prevención de una dependencia de Gendarmería Nacional.
La frustrada extorsión a internos de Senillosa
Meses después, la región tampoco se salvó de los presos estafadores y el 25 de mayo del año pasado, la DUOF Neuquén de la PFA recibió un extraño llamado para solicitar información sobre el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. El 23 de junio hicieron lo mismo con la Unidad 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con asiento en Batán, y al día siguiente se comunicaron con la Comisaría 42 de la Policía de Río Negro.
El último de los ocho sucesos imputados ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando llamaron al Área de Seguridad Externa de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal, en Esquel, y requirieron información sobre la cantidad de internos, procesados, condenados, próximos egresos y eventuales nuevos ingresos.
