La fiscalía sostuvo que la mujer ocultó información que conocía y dio datos falsos durante su declaración. El juez abrió una investigación por cuatro meses.
Una mujer que había sido convocada a declarar como testigo en la causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko terminó imputada por falso testimonio. La fiscalía sostuvo que no dijo la verdad, que omitió información relevante y que incluso dio una versión que luego fue contradicha por una medida judicial.
La audiencia de formulación de cargos fue encabezada por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, quien intervino junto a la asistente letrada Agustina Jarry. Tras escuchar el planteo del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Marco Luca Cristo tuvo por formulados los cargos contra M.A.P. y abrió una investigación por el plazo de cuatro meses.
El caso se desprende de una investigación principal mucho más grave: la causa que tiene como imputado a R.D.S. por el transfemicidio de Azul Semeñenko. En ese expediente, la mujer había declarado como testigo el lunes 8 de junio. Según explicó la fiscalía, antes de prestar declaración fue advertida de manera formal sobre su obligación legal de decir la verdad.
Pese a esa advertencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la mujer faltó deliberadamente a la verdad. Según la acusación, durante su testimonio negó o dijo no recordar información vinculada con antecedentes de violencia de género atribuidos al acusado por el transfemicidio. Para la fiscalía, no se trataba de datos desconocidos para ella, sino de información que tenía presente y que decidió no aportar de manera correcta.
Ese punto fue considerado clave por la acusación, porque el testimonio se daba dentro de una causa sensible, en la que se investigan las circunstancias del crimen de Azul y posibles antecedentes relacionados con el acusado. En ese contexto, la fiscalía entendió que la declaración de la mujer no fue una simple imprecisión, sino una conducta con relevancia penal.
Durante la audiencia, Inaudi y Jarry presentaron evidencia para sostener la imputación. Uno de los aspectos señalados fue que M.A.P. habría negado o relativizado información que, según la fiscalía, conocía. Además, las representantes del Ministerio Público Fiscal marcaron una contradicción concreta sobre los teléfonos celulares.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la mujer afirmó que tenía un solo celular. Sin embargo, después de esa declaración, en el marco de una requisa autorizada por la Justicia, fueron secuestrados dos dispositivos. Para la fiscalía, esa diferencia entre lo declarado y lo hallado durante la medida judicial también formó parte de los elementos que permitieron avanzar con la acusación por falso testimonio.
Al resolver, el juez Marco Luca Cristo consideró que la fiscalía había cumplido con los requisitos necesarios para esta instancia del proceso. El magistrado entendió que se describió un hecho con apariencia delictiva, se explicó cuál era la calificación legal y se ofreció evidencia suficiente para habilitar la investigación.
Por ese motivo, tuvo por formulados los cargos contra M.A.P. por el delito de falso testimonio, en calidad de autora. La decisión no implica una condena, sino el inicio formal de una investigación penal en su contra.
La fiscalía también solicitó medidas cautelares. Entre ellas, había pedido que la mujer tuviera que presentarse cada quince días en una comisaría. Sin embargo, el juez rechazó ese punto al considerar que no existían elementos suficientes para sostener que hubiera riesgo de fuga.
De todos modos, el magistrado sí aceptó imponer una prohibición de contacto.
La imputada no podrá comunicarse por ningún medio, ni de manera directa ni a través de otras personas, con testigos o personas vinculadas a la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko.
La medida tendrá una duración de seis meses. El objetivo, según se resolvió en la audiencia, es resguardar el avance de la investigación principal y evitar cualquier tipo de interferencia con las personas que puedan aportar información al expediente.
Finalmente, el juez ordenó la inmediata libertad de la mujer. También le advirtió que, si incumple la prohibición de contacto, podrían imponerse medidas más severas en su contra.
La investigación por falso testimonio continuará ahora durante los próximos cuatro meses. En ese plazo, la fiscalía deberá reunir más elementos para determinar si avanza hacia una acusación más firme o si modifica su teoría del caso.