Varios internos de cárceles federales no ocultan su predilección por las consolas de juegos. Sin embargo, hay múltiples requisitos para su aprobación.
Un preso gamer de la cárcel de Senillosa no ocultó su malestar por el freno que le pusieron al ingreso de una PlayStation y, también, una guitarra. Las consolas de juego se transformaron en motivo de reiterados conflictos porque los internos se las encargan a familiares y, solo en algunos casos, se permite su uso en el interior de las cárceles.
El último reclamo por una consola de juegos ingresó en forma inicial en el juzgado federal 2 de esta capital y llegó hasta la Cámara Federal de la ciudad rionegrina de General Roca.
Como ocurre en otras oportunidades, un preso empezó a inquietarse por la demora en la entrega de una PlayStation que le enviaron sus familiares y no dudó en presentar un recurso de habeas corpus en contra de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sin embargo, el interno no tuvo presente el reglamento estricto de las cárceles dependientes de Nación donde no se permiten el uso de las consolas más modernas, es decir, del número 3 en adelante debido a la posibilidad de conexión que tienen.
De forma contundente, la División Informática y Comunicaciones recordó en un informe que “la PlayStation 3 brinda posibilidad de conectividad a internet mediante wifi encuadrándose como elemento prohibido para la tenencia y uso de internos en los establecimientos penitenciarios”. Frente a este análisis, el juez se pronunció en forma negativa a la entrega de la consola.
En tanto, los camaristas roquenses se pronunciaron en consonancia con su par de primera instancia aunque dejaron abierta la puerta para otro reclamo del preso y que tiene relación con una guitarra. Sobre este punto y como el magistrado neuquino no se expidió, ordenaron que se revise el reclamo del preso y se confirme la situación del instrumento musical.
Por otro lado, un nuevo motivo de conflicto en las cárceles federales en el último tiempo tiene relación con los potentes escáneres que incorporó el SPF y que se transformaron en una barrera infranqueable para las personas que quieren entregarles drogas u otros elementos prohibidos. Una de estas situaciones generó una presentación reciente de parte de un interno, que no ocultó su malestar por el rechazo de una visita en la cárcel federal de Senillosa.
La queja del preso se hizo explícita a través de un recurso de habeas corpus, que atravesó dos instancias y, en ambos casos, fue rechazado. En un primer momento, el juzgado federal 2 neuquino consideró que no se había cometido ninguna irregularidad y que los agentes penitenciarios adoptaron una decisión luego de que el escáner detectó un “cuerpo extraño” en la visita.
El interno, no conforme con la respuesta de primera instancia, insistió ante la Cámara Federal roquense y obtuvo una respuesta similar, es decir, que no se advertía un obrar arbitrario en lo resuelto en la cárcel de Senillosa.
En su descargo, el personal del SPF explicó que el 3 de enero pasado se concretaron los controles de rigor y que el sistema de rayos X “observó un cuerpo extraño en su anatomía”. La mujer, hermana del interno, fue objeto de dos controles luego de que la fiscalía de turno fue notificada sobre lo sucedido y, en ambos casos, se verificó una irregularidad. En uno de los casos se utilizó el denominado “Body Scanner”.