A pesar de las contundentes pruebas presentadas por la fiscalía, el juez dio por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación en tres meses y ordenó la libertad del imputado.
Un hombre identificado por sus iniciales como R. J. C. A. fue formalmente acusado por siete hechos de robo y hurto cometidos entre mayo y noviembre de este año en distintos sectores de la ciudad de Neuquén. A pesar de la reiteración delictiva, de haber sido declarado previamente en rebeldía y de la violencia ejercida en el último episodio, el juez de garantías rechazó el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía y dispuso su libertad con medidas de coerción.
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el pasado sábado, luego de que el sospechoso fuera detenido por personal policial el 14 de noviembre tras un violento intento de robo domiciliario. Al cruzar sus datos en el sistema judicial, los investigadores advirtieron que el hombre contaba con múltiples causas abiertas y pesaba sobre él una declaración de rebeldía por no presentarse a las citaciones judiciales.
Ante este escenario, la asistente letrada Nadia Pérez unificó las imputaciones correspondientes a seis legajos penales y presentó un sólido caudal probatorio que incluyó testimonios de damnificados y efectivos policiales, registros fílmicos de cámaras de seguridad, fotografías, actas de procedimiento y los propios elementos recuperados en distintos operativos.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, la secuencia delictiva atribuida al imputado abarca episodios consumados y en grado de tentativa.
El 5 de de mayo escaló un paredón de casi dos metros para ingresar a una vivienda, pero fue descubierto por el dueño y huyó sin concretar el robo. Fue calificado como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.
El 25 de mayo perpetró tres hechos en un mismo día: sustrajo un teléfono celular de un local comercial; luego ingresó al patio de una casa para llevarse zapatillas, una mochila y otros bienes; y, finalmente, intentó robar cámaras, drones y equipos electrónicos de otro inmueble, siendo demorado por la Policía a pocos metros con el botín en su poder.
Por su parte, el 1 de noviembre robó una bicicleta que se encontraba atada a un árbol en la vía pública, maniobra que quedó filmada por cámaras de seguridad.
El 12 de noviembre entró al patio de un domicilio y sustrajo otra bicicleta, que posteriormente fue recuperada por los uniformados.
Finalmente, el 14 de noviembre ingresó en dos oportunidades a una misma propiedad con la intención de robar cuadros de bicicleta. En el segundo ingreso, al ser perseguido por el propietario y otra persona, los agredió con un fierro y un cabezazo para darse a la fuga. Por este ataque se le atribuyó el delito de robo con arma impropia en grado de tentativa.
Al finalizar la imputación, la asistente letrada Pérez solicitó que R. J. C. A. permanezca detenido con prisión preventiva por el plazo de un mes. Argumentó que existía un claro peligro de fuga, dado que el acusado había declarado domicilios falsos o desactualizados donde la Policía nunca pudo ubicarlo, sumado a su historial de incomparecencias y rebeldía.
Además, subrayó que la acumulación de causas eleva la expectativa de pena por encima de los 10 años de prisión efectiva, y advirtió sobre el peligro para las víctimas del último hecho, quienes manifestaron temor porque el agresor las conoce y sabe dónde viven.
No obstante, el magistrado Marco Lupica Cristo desestimó el planteo fiscal. En su resolución, sostuvo que la ausencia de un domicilio fijo no implica automáticamente falta de arraigo y ponderó tanto la promesa del acusado de someterse al proceso como el cumplimiento previo de una suspensión de juicio a prueba. Respecto al resguardo de los damnificados, consideró que bastaba con dictar medidas de restricción.
De este modo, el juez dio por formulados los cargos, fijó el plazo de investigación en tres meses y ordenó la libertad del imputado por cuatro meses bajo tres pautas estrictas: presentarse los lunes, miércoles y viernes a firmar en la fiscalía; mantener una distancia mínima de 100 metros respecto de las viviendas de las últimas dos víctimas; y abstenerse de cualquier tipo de contacto, intimidación o acto de violencia hacia ellas.