La Justicia le imputó 15 hechos en total y ordenó dos meses de prisión preventiva. Consideraron que existe un riesgo concreto para la víctima.
Un hombre fue acusado de incumplir de manera reiterada medidas judiciales de protección y de ejercer amenazas contra su expareja en un contexto de violencia de género. La reiteración de los hechos y la gravedad de la conducta derivaron en que la Justicia dispusiera su prisión preventiva.
La formulación de cargos se concretó durante una audiencia judicial en la que la fiscal Carolina Mauri expuso los detalles de la investigación. Allí se indicó que el imputado, identificado como J.F.U., desobedeció en al menos doce oportunidades las disposiciones impuestas por el Juzgado de Familia N°6, que le prohibían acercarse a la víctima, establecer contacto por cualquier medio y lo obligaban a utilizar un dispositivo dual de monitoreo.
De acuerdo con la acusación, el hombre no solo ignoró estas restricciones, sino que además buscó evadir los controles. La fiscal detalló que apagó en reiteradas ocasiones el dispositivo de rastreo que debía portar, lo que impedía el seguimiento de su ubicación en tiempo real. Este comportamiento fue considerado un elemento clave para demostrar el incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales.
A esto se sumaron múltiples intentos de contacto con la víctima. Según se expuso en la audiencia, el acusado realizó llamados telefónicos y envió mensajes pese a la prohibición vigente. En al menos tres de esos episodios, las comunicaciones incluyeron expresiones intimidatorias, lo que llevó a encuadrarlas como amenazas en el marco de la causa.
La querella, representada por una abogada de la subsecretaría de Mujeres de la Municipalidad de Neuquén —organismo que interviene en coordinación con el Ministerio Público Fiscal—, adhirió a la acusación y acompañó el pedido de medidas de coerción más estrictas. En su intervención, se remarcó la necesidad de priorizar la seguridad de la víctima frente a la reiteración de conductas que evidencian una situación de riesgo.
Durante su exposición, la fiscal Mauri sostuvo que el accionar del imputado refleja una escalada de violencia y un claro desprecio por las decisiones judiciales. En ese sentido, argumentó que la conducta sostenida de incumplimiento configura un escenario de riesgo elevado, tanto por la posibilidad de fuga como por la eventual interferencia en la investigación. Además, subrayó el peligro concreto que representa para la mujer afectada.
La jueza de garantías Carina Álvarez analizó los planteos de las partes y resolvió tener por formulados los cargos por doce hechos de desobediencia a una orden judicial y tres hechos de amenazas, todos en concurso real. Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
En cuanto a las medidas cautelares, la magistrada rechazó el pedido de la defensa, que había solicitado la aplicación de alternativas menos gravosas. En su resolución, consideró que ninguna de esas opciones resultaba suficiente para neutralizar los riesgos señalados por la fiscalía.
En consecuencia, la jueza dispuso la prisión preventiva del imputado por un período de dos meses, tal como lo había requerido la fiscal Mauri. La decisión se basó en la necesidad de garantizar la protección de la víctima y de asegurar el normal avance del proceso judicial.
El caso continuará en etapa de investigación mientras el acusado permanece detenido. Durante este período, se deberán reunir nuevas pruebas y avanzar en el análisis de los hechos para determinar las responsabilidades penales correspondientes.