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A días de que en Neuquén funcionarias, representantes de diferentes partidos políticos (incluído el PRO) y de distintos movimientos repudiaran en conjunto un tuit del diputado nacional Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio), en el que tildaba de ridícula a la Ley Micaela y manifestaba su intención de derogarla, en Tucumán el legislador Ricardo Bussi desató una polémica al calificar de "Gestapo ideológica" la normativa que busca transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes de desigualdad y discriminación contra las mujeres en la órbita de los tres poderes del Estado.
Mientras funcionarios de distintos puntos del país reciben capacitación en género gracias a la implementación de la ley, Tucumán es la única provincia que aún debate si adhiere a la normativa.
En ese marco. bloque de Fuerza Republicana, liderado por el hijo de Antonio Domingo Bussi (destituido por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura) presentó un controvertido proyecto instando a una redacción “local” de la norma.
El texto, que también lleva la firma de los legisladores Walter Berarducci y Nadina Pecci, cuestiona la ley nacional porque “empodera a la mujer como una suerte de Gestapo ideológica”.
“Se evidencia que en realidad, la verdadera intención no es la lucha contra la violencia de género, sino la de imponer por la ventana una visión ideologizada y confrontativa, utilizando para ello una tragedia social”, dijeron los legisladores, antes de atacar al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta que “tiene la potestad de marcar contenidos conforme a su ideología que luego serán impartidos a los agentes públicos provinciales, bajo pena de sanciones y escraches en páginas gubernamentales, los contenidos, metodologías y sanciones de la ley son abiertamente contratarías a nuestra Constitución. Este ministerio tiene una orientación ideológica ULTRA FEMINISTA Y ABIERTAMENTE ABORTISTA (las mayúsculas están en el texto original)”, dicen los legisladores.
Ante esta situación, más de 200 organizaciones de mujeres, estudiantiles, políticas, Lgbtiq+, organismos de Derechos Humanos y familiares victimas de femicidios, presentaron este lunes un petitorio para que la Legislatura de Tucumán adhiera “sin modificaciones”, ni más “demoras” a Ley Micaela.
En tanto, el diputado Pablo Yedlin riticó el proyecto de Bussi y pidió que la Legislatura provincial proceda a la “adhesión inmediata a la ‘Ley Micaela’ como se hizo en todas las provincias argentinas”. "Banalizan el holocausto holocausto y siguen incumpliendo con las víctimas de violencia de género”
Tucumán no sólo es la única provincia que no adihiró a esta ley, sino que además es la que, por iniciativa del vicegobernador Osvaldo Jaldo, votó una ley que declara a la provincia como "Provida".
La ley Micaela lleva ese nombre a modo simbólico, para conmemorar a Micaela García, una joven militante social del Litoral que fue víctima de un femicidio, tras haber sido violada cuando tenía 21 años. Sebastián Wagner fue condenado a perpetua por el hecho, perpetrado en 2017. El asesino ya había estado preso por haber cometido otros dos crímenes similares, pero se encontraba en la calle porque el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi le había otorgado el beneficio de la libertad condicional a pesar de los dictámenes que lo desaconsejaban. Por ello, los diputados y senadores diagramaron capacitaciones obligatorias por ley.
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