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El ex policía Ángel Emilio Madaschi cumplirá una pena de tres años en libertad por haber estafado a la fuerza policial en más de 6 millones de pesos mientras se desempeñaba en la División Contrataciones. El hombre admitió haber beneficiado deliberadamente a proveedores específicos de insumos requeridos por el organismo, mediante una maniobra con la que excluía a otros de la lista. Una de las proveedoras VIP accedió a una probation en el marco de la misma causa.
La causa fue dada a conocer por LM Neuquén en febrero de 2020, cuando salió a la luz que el entonces director de Administración de la Policía provincial, Manuel Gómez, radicó una denuncia previo a dejar su cargo, en la que daba cuenta de ciertas irregularidades detectadas en la adquisición de bienes e insumos para la institución. Es que muchas de estas habían generado un beneficio a dos empresas en particular, lo que había ocasionado quejas de otros proveedores del Estado.
La causa recayó en manos del fiscal de Delitos Económicos Marcelo Jara y la asistente letrada Elisa Carossio, quienes se pusieron a trabajar de inmediato en los procesos de adquisición registrados.
Su investigación terminó detectando 35 compras con irregularidades, efectuadas en el período de enero de 2018 a julio de 2019 y que no habían beneficiado a sólo dos proveedores por una cuestión de casualidad, sino que se evidenciaba una maniobra muy clara para que ningún otro oferente de la lista siquiera se enterara de las licitaciones.
Lo que descubrió la fiscalía, de la mano del análisis del Departamento de Informática de la Policía, fue que hubo una alteración manual de los correos electrónicos de algunos proveedores, que consistían en modificar letras, puntos, guiones bajos o la extensión de la dirección de correo de los proveedores que se buscaba excluir del proceso.
De esta forma, el pedido de cotización para realizar una compra determinada salía a simple vista para todos los proveedores, pero en realidad sólo llegaba a manos de quien se pretendía beneficiar.
Es por esta trama que la acusación apuntó contra el entonces oficial principal Ángel Emilio Madaschi, policía que durante el período investigado se desarrolló como secretario y luego jefe de la División Contrataciones de la Dirección de Administración de la Policía provincial, y lo acusó en noviembre de 2020 como autor del delito de defraudación doblemente agravada, por ser en perjuicio de la administración pública y por su rol de funcionario público, reiterada en 35 hechos.
La estafa se estima que benefició a sólo dos proveedores por la suma de 6.073.827 pesos, en las compras de distintos bienes.
Finalmente, este jueves por la mañana la causa llegó a su conclusión en esta causa mediante un acuerdo pleno al que arribaron las partes y que presentó en audiencia la letrada Carossio. Madaschi aceptó su responsabilidad por la calificación endilgada y que se le imponga una pena de tres años de prisión en suspenso.
Asimismo, el acuerdo contempló una serie de condiciones: fijar domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y no abusar del consumo de alcohol, cumplir con comparendos bimestrales ante la Dirección de Población Judicializada y no cometer nuevos delitos. Mientras Madaschi cumpla estas pautas, cumplirá su condena en libertad.
Tanto el ex policía como su defensor oficial, Raúl Caferra, prestaron consentimiento con el acuerdo en audiencia ante el juez Cristian Piana.
"Consideramos que la sanción que se pretende es adecuada y razonable, teniendo en cuenta además que las pautas que refiere la doctora Carossio dan amplia posibilidad de reinserción social a mi asistido, que es el fin primordial", expresó el defensor del policía en esta causa.
Por otro lado, se indicó que el ahora condenado fue destituido de la fuerza en diciembre de 2020, por lo cual no se solicitó una actuación al respecto.
El magistrado Piana homologó el acuerdo y dictó la condena estipulada.
En agosto de 2021, la causa se amplió para incluir como partícipe necesaria a Sonia Marcela Vázquez, una de las proveedoras que era beneficiada exclusivamente con la maniobra cometida por Madaschi.
"Madaschi procedió a generar una serie de maniobras que permitieron, por una parte beneficiar directamente a la imputada Vázquez, nombrándola adjudicataria y, de este modo irregular, ocasionar un daño a la administración pública provincial al no tener esta la posibilidad de tener una lógica puja de oferentes y generando un evidente beneficio a los únicos oferentes de esta maniobra", detalló Carossio durante la formulación de cargos contra la mujer.
Por ello, la letrada la acusó por el delito de defraudación agravada en carácter de partícipe primaria, en 27 hechos en concurso real.
Por este delito, la mujer accedió a una suspensión de juicio a prueba de tres años, aplicada en febrero. Además de quedar sometida a las pautas de rigor, se comprometió a cumplir con una reparación económica de 3 millones de pesos, los cuales serán destinados a entidades de bien público.
Un segundo presunto proveedor VIP que se encontraba bajo investigación y no llegó a ser acusado, aportó datos claves a la causa y finalmente fue desvinculado.