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Policía acusado de beneficiar en $6 millones a proveedores estatales

Es un oficial que concretó al menos 35 compras directas. La fiscalía lo acusó por defraudación a la administración pública y pidió declarar compleja la causa.

Un efectivo de la Policía provincial fue acusado por pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos por el delito de defraudación a la administración pública, señalado de beneficiar a dos proveedores del Estado en más de 6 millones de pesos a través de una serie de compras directas para la fuerza.

La investigación fue dada a conocer por LM Neuquén en febrero de este año, cuando salió a la luz que el entonces director de Administración de la Policía provincial, Manuel Gómez, radicó una denuncia previo a dejar su cargo, en la que daba cuenta de ciertas irregularidades detectadas en la adquisición de bienes e insumos. Es que muchas de estas habían generado un beneficio a dos empresas en particular, lo que había ocasionado quejas de otros proveedores del Estado.

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La causa recayó en manos del fiscal de Delitos Económicos Marcelo Jara, que se puso a trabajar de inmediato en los procesos de adquisición registrados.

Puntualmente, hasta el día de la fecha se detectaron unas 35 compras con irregularidades, efectuadas en el período de enero de 2018 a julio de 2019. Inicialmente, el número detectado era mucho menor, por lo que la fiscalía ya solicitó que se declare la causa compleja, para investigar a fondo.

Aún así, esta semana el fiscal Jara llamó a una audiencia, ya con sobrada evidencia para formular cargos contra el efectivo señalado por el fraude, que había pasado a disponibilidad luego de ser notificado de la causa en su contra. Se trata de Ángel Emilio Madaschi, quien se desempeñaba en ese entonces en la División Contrataciones de la Dirección de Administración de la Policía Provincial, dependiente del Departamento de Finanzas y de la Dirección de Administración.

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De acuerdo a la teoría esgrimida por la fiscalía, Madaschi defraudó los intereses de la administración pública provincial en aproximadamente 6.073.827 pesos, al generar una serie de maniobras que permitieron beneficiar a dos empresas mediante compras de repuestos de automotor, electrodomésticos, alimentos, artículos de librería y elementos de seguridad e higiene, entre otros.

Por esto, Jara requirió ante la jueza a cargo de la audiencia que se lo acuse por el delito de defraudación doblemente agravada, por ser en perjuicio de la administración pública y por tratarse de un funcionario público, reiterada en 35 hechos.

“Tenemos que analizar el vínculo entre las dos partes, el monto del perjuicio exacto en la administración pública y el grado de participación de las otras personas”, describió Jara en la audiencia, para justificar la necesidad de continuar la investigación.

También se busca determinar si el oficial actuaba sólo o amparado por alguien de mayor rango. Además, no se descarta que el desvío voluntario de fondos se haya concretado en más oportunidades.

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Cómo se concretaba la maniobra

Durante la investigación se determinó que, al momento de adquirir distintos elementos, la División de Contrataciones de la Policía debía remitir las invitaciones a los proveedores para el concurso de precios. Se trata de un procedimiento destinado no solo a garantizar la transparencia en las compras, sino también a obtener el mejor precio posible en la compra de elementos que requieran las distintas áreas de la Policía.

Para ello, desde Contrataciones se manda un mail a los proveedores que están cargados en una base de datos con sus respectivos correos electrónicos. Este es un procedimiento automatizado. Lo que descubrió la fiscalía, de la mano del análisis del Departamento de Informática de la Policía, fue que hubo “una alteración manual de los correos electrónicos de algunos proveedores”, explicó Jara a LMN.

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Según lo observado, las alteraciones consistieron en modificar manualmente sílabas, puntos, guiones bajos o la extensión de la dirección de correo de los proveedores que se buscaba excluir del proceso.

De esta forma, el pedido de cotización para realizar una compra determinada salía supuestamente para todos los proveedores pero sólo llegaba a manos de uno solo, que era la empresa beneficiada.

En el proceso de investigación se determinó que las invitaciones se cursaban desde dos cuentas de correo de la Policía. Esas cuentas eran utilizadas únicamente por tres policías, pero las irregularidades sólo se registraron cuando el oficial sospechado se encargaba de la operatoria.

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