Policía en la mira por beneficiar en $3 millones a dos proveedores del Estado

Por Guillermo Elia - policiales@lmneuquen.com.ar

Un oficial de la Policía será acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos por defraudación a la administración pública, al beneficiar en al menos13 compras directas de repuestos a dos empresas proveedoras del Estado en más de 3 millones de pesos.

Se trata de un efectivo que durante la gestión anterior de la Policía se desempeñó en la División de Contrataciones que dependía del Departamento de Finanzas y de la Dirección de Administración. La actual Jefatura confió a LMN que el oficial ya pasó a disponibilidad.

La denuncia

El 4 de diciembre, días antes de dejar la Policía, el director de Administración, Manuel Gómez, integrante de la cúpula, se acercó a la fiscalía para radicar la denuncia en la Justicia tras recibir un informe de auditoría que daba cuenta de las irregularidades en la adquisición de bienes e insumos.

La causa recayó en manos del fiscal de Delitos Económicos Marcelo Jara, que se puso a trabajar de inmediato.

En la documentación entregada por Gómez a la fiscalía, que surge a partir de una auditoría interna del Departamento de Finanzas de todo el año pasado, se pone la lupa sobre 43 procesos de adquisición, los cuales se encuentran dentro de lo previsto por el Reglamento de Contrataciones y los lineamientos establecidos por la ley 2141. Es decir, se trata de adquisiciones mediante contrataciones y compras directas, licitaciones privadas o concursos de precios.

Con todo este material, Jara mantuvo diálogos con la actual Jefatura, a cargo de Julio Peralta, que asumió el 12 de diciembre, y coordinaron de inmediato la colaboración del Departamento de Informática de la Policía para avanzar con la investigación.

Tras los trabajos conjuntos realizados, se establecieron irregularidades en 13 compras directas donde se benefició a dos empresas. De ahí las quejas que existían de otros proveedores del Estado.

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Sebastián Fariña Petersen

La maniobra

Durante la investigación se determinó que, al momento de adquirir distintos elementos, la División de Contrataciones de la Policía debía remitir las invitaciones a los proveedores para el concurso de precios.

Se trata de un procedimiento destinado no solo a garantizar la transparencia en las compras, sino también a obtener el mejor precio posible en la compra de elementos que requieran las distintas áreas de la Policía.

Para ello, desde la División de Contrataciones se manda un mail a los proveedores que están cargados en una base de datos con sus respectivos correos electrónicos. Este es un procedimiento automatizado. Lo que descubrió la fiscalía, de la mano del análisis del Departamento de Informática de la Policía, fue que hubo “una alteración manual de los correos electrónicos de algunos proveedores”, explicó Jara a LMN.

Según lo observado, las alteraciones consistieron en modificar manualmente sílabas, puntos, guiones bajos o la extensión de la dirección de correo de los proveedores que se buscaba excluir del proceso.

De esta forma, el pedido de cotización para realizar una compra determinada salía supuestamente para todos los proveedores pero solo llegaba a manos de uno solo, que era la empresa beneficiada.

$3.079.400 es el monto por el cual el oficial benefició en 13 compras directas a dos proveedores del Estado, de acuerdo con la información oficial relevada por la fiscalía durante la investigación $3.079.400 es el monto por el cual el oficial benefició en 13 compras directas a dos proveedores del Estado, de acuerdo con la información oficial relevada por la fiscalía durante la investigación

En el proceso de investigación se determinó que las invitaciones se cursaban desde dos cuentas de correo de la Policía, una con la extensión neuquen.gov.ar y la otra con gmail.com. Todas las irregularidades surgen del envío de las invitaciones desde la primera.

Esas cuentas eran utilizadas únicamente por tres policías, pero las irregularidades solo se registraron cuando el oficial sospechado se encargaba de la operatoria.

Por estos días, el oficial será notificado por la fiscalía de la investigación en la que se lo tiene en la mira para que pueda designar un abogado defensor de cara a la formulación de cargos.

El delito que se configura en este caso es defraudación a la administración pública e incumplimiento en los deberes de funcionario público. También se analiza si se podría sumar la figura de tráfico de influencias.

Estas 13 son una parte de los procesos irregulares detectados. Ya nos dijeron que hay muchas más, por lo que vamos a seguir investigando para atrás para detectar todas las que se puedan. Además, hay que determinar si el oficial actuó solo

Pero la investigación no termina acá, esto es solo la punta del iceberg. “La gente del departamento de Informática, que continúa trabajando, nos dijo que habría más casos, por lo que vamos a investigar para atrás para tratar de determinar todos los procesos irregulares”, indicó el fiscal Marcelo Jara, quien sabe que tiene un arduo trabajo por delante.

Respecto de las responsabilidades, hay dos hipótesis fuertes.

El primer escenario sobre el que se trabaja es que el oficial sospechado habría hecho todo por su cuenta. De esta manera, arreglaba de antemano con el proveedor a beneficiar a cambio de llevarse una tajada del monto de la compra que se le iba a adjudicar.

Por otro lado, si bien es posible que el oficial haya actuado en total soledad para beneficiarse económicamente, en la investigación no descartan que los procesos y sus beneficiarios hayan sido digitados desde más arriba, es decir, por un policía de mayor rango.

Asuntos Internos policia

En el caso de ser así, el oficial, próximo a ser acusado podría ventilar los nombres de los superiores que le asignaron dicha tarea, por lo que podrían llegar a caer funcionarios de alto rango de la anterior gestión.

Por ahora, son todas especulaciones propias de la investigación en curso.

-> Gómez es responsable por 10 años

De acuerdo con la ley de responsabilidad financiera, el director de Administración de la Policía, en este caso Manuel Gómez, debe responder durante 10 años por todos los procesos realizados durante su gestión, y en caso de irregularidades, podría responder con su patrimonio.

Es por este motivo que, a la luz de la auditoría interna del Departamento de Finanzas y las quejas de algunos proveedores que se han sentido perjudicados , Gómez decidió poner todo en manos de la Justicia el 4 de diciembre, para días después retirarse de la Policía

-> Lo pasaron a disponibilidad

Desde la Jefatura confirmaron a LMN que se le brindó a la fiscalía toda la información solicitada y que se pasó a disponibilidad al oficial sospechado.

El 12 de diciembre asumió la actual conducción y al día siguiente se inició una investigación interna sobre el oficial sospechado.

El 14 de diciembre se lo pasó a disponibilidad simple, es decir, se lo desafectó del servicio para evitar un posible entorpecimiento en la investigación.

Finalmente, el 16 de diciembre se efectivizó la disponibilidad por la cual el oficial no se encuentra trabajando, lo que significa que solo cobra el 50 por ciento del salario. Ahora, se aguardará la resolución de la Justicia para definir si continúa o no en la fuerza.

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