Hay registros de 23 pagos a un alto dirigente del FOL. La arrepentida declararía en el juicio contra sus excompañeros: ¿Estaba presionada o era parte de todo?
En la causa por administración fraudulenta en el Estado neuquino, de un programa de inserción laboral creado después de la pandemia durante el gobierno de Omar Gutiérrez, aparece un dato que hizo ruido desde lo judicial: la persona que hoy es testigo del Ministerio Público Fiscal, es la misma que operaba las transferencias de dinero a uno de los principales acusados por fraude, líder de una de las organizaciones sociales que hacía piquetes en la Avenida Argentina.
Fue calificada de “panqueque” porque, tras realizar transferencias para dirigentes sospechados de usar fondos públicos para otros fines, se arrepintió y colaboró con los fiscales revelando la trama de los pagos, los beneficiarios y la compra de inmuebles para sostener la organización.
Se trata de la expresidenta de la cooperativa Viento Sur, quien inicialmente estuvo imputada y luego recibió un "criterio de oportunidad" de la Fiscalía, algo que se compara con el carácter de “arrepentido” en el fuero federal. Ese acuerdo podría convertirla en la pieza fulminante que se busca, para condenar a todos los acusados por fraude. Incluso, a los dos exfuncionarios, Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes estuvieron a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y eran los que firmaban la adenda del programa.
El planteo de la defensa es simple: si la testigo estaba presionada, ¿por qué no lo denunció y puso sobre la mesa las pruebas de que estaba presionada? En la causa no aparece que ella actuó bajo coacción.
La cooperativa fue creada para canalizar el programa de inserción laboral, porque los partidos políticos y organizaciones no podían recibir fondos directamente. En Viento Sur estaban Diego Mauro (Frente de Organizaciones de Lucha-FOL), la exdiputada del FIT-U, Gabriela Supichich, y representantes del Polo Obrero, el Frente Darío Santillán y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).
Su identidad podría estar bajo reserva en el juicio (como sucedió con la causa de los planes sociales) pese a que ya ha sido difundida. Pero los registros bancarios incorporados al expediente muestran que desde su usuario se realizaron transferencias directas al referente del FOL, Diego Mauro. En total, según la investigación, Mauro recibió $1.164.682 en 23 transferencias provenientes de la cuenta de la cooperativa en el Banco Provincia del Neuquén.
Los movimientos se realizaron entre diciembre de 2022 y junio de 2024, con montos que van desde $20.000 hasta $123.500, y fueron enviados a una cuenta del Banco Nación.
“Vos vas a estar haciendo el mismo trabajo, pero necesitamos formar otra cooperativa”, le habría dicho Mauro a la presidenta de Viento Sur, quien hoy será testigo en su contra, según recreó el mismo fiscal Pablo Vignaroli, quien comanda la acusación junto a la fiscal Rocío Rivero.
El fiscal fue quien deslizó que la mujer estaba presionada para firmar las transferencias, porque era su única fuente de trabajo. Pero desde adentro de la organización dicen otra cosa; incluso en la misma audiencia de extensión de formulación de cargos, el mismo Mauro hizo algunos gestos de ironía, dando a entender lo contrario: que la testigo actual sabía lo que hacía y era una par en la organización.
Los movimientos bancarios muestran que varias de esas operaciones fueron ejecutadas desde el usuario que utilizaba la expresidenta de la cooperativa. Según la imputación fiscal, Mauro habría sido quien diseñó la maniobra defraudatoria para obtener beneficios económicos indebidos para sí mismo y para terceros.
La acusación sostiene que el dirigente del FOL tuvo un rol central durante los conflictos sociales de la ciudad de Neuquén en los años posteriores a la pandemia. Mauro participó de los cortes de calles y rutas y de las negociaciones con el gobierno provincial, que terminaron derivando en la creación del programa de inserción laboral mediante el decreto 1672/2022.
Acá hay otro dato y es que el mismo Mauro, durante la última audiencia, dio a entender con gestos y señas en el recinto que ese decreto salió como consecuencia de las reuniones de mediación que tuvieron en el Ministerio Público Fiscal, no como Viento Sur, sino como partidos políticos. Todo un tema porque en ese momento estaba en juego la denominada "paz social" de la provincia, que no era otra cosa que tapar con dinero la crisis y las protestas. Es un caso que toma una dimensión en las decisiones políticas, equivocadas o no.
A partir de ese esquema, la cooperativa Viento Sur comenzó a recibir transferencias de fondos públicos destinados a capacitaciones laborales para personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero no se utilizó para ese fin y que el dinero no se rendía, pese a la objeción de la Contaduría General de la Provincia y además, con más contradicciones. Ese órgano de contralor también habría terminado firmando las adendas al programa. Es decir, pese al descontrol, había una política del "siga siga".
La acusación detalla que los fondos del programa se habrían utilizado de distintas maneras, entre ellas el pago de sueldos a beneficiarios con $1.093.164.000, las transferencias a cuentas personales de Mauro: $1.164.682, transferencias a la cooperativa CAE Babylon con $5.216.144 y transferencias a cuentas de la propia cooperativa en el Banco Credicoop por $14.170.000.
También se habría ordenado la compra de terrenos en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y en la meseta de Neuquén, donde se construyó una sede del FOL conocida como “La Bartolina”. La investigación también menciona, además, la adquisición de vehículos como una Renault Kangoo una Ford F-250 y una camioneta Kia. Para la organización, esta forma parte justamente de la logística de sostener cientos de beneficiarios, no para capitalización personal.
El dato que ahora genera más debate en la causa es que quien ejecutaba varias de esas transferencias podría convertirse en testigo de la Fiscalía. La expresidenta de Viento Sur fue una de las personas autorizadas para operar la cuenta de la cooperativa junto a otros dirigentes.
Según la imputación, las órdenes para mover los fondos habrían provenido de Mauro. La defensa de los acusados cuestiona que la mujer haya pasado de imputada a testigo sin que exista un sobreseimiento previo que cierre su situación procesal. Ese punto fue planteado en audiencias judiciales.
Pero si finalmente declara, su testimonio podría ser fundamental para reconstruir cómo se movieron más de $1.200 millones de fondos públicos destinados a programas sociales en Neuquén. Un mecanismo de pasar de imputado a testigo, calcado de la causa por estafa con planes sociales.