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Este viernes la jueza Estefanía Saulí dio lugar al pedido de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva de los tres imputados.
Este viernes, en el marco de la investigación de las maniobras de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social, la jueza Estefanía Saulí dictó la prórroga de la prisión preventiva para el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, el ex jefe de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz y el ex jefe de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna.
De este modo, la magistrada dio lugar al pedido de la fiscalía y los tres imputados continuarán tras las rejas por al menos seis meses más.
Este 10 de noviembre se cumplía el plazo de vencimiento de la medida cautelar dictada por el juez Cristian Piana en julio de este año. Por eso, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, solicitaron una prórroga de seis meses para los tres detenidos, acusados del delito de asociación ilícita en carácter de jefes con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real; cargos que también pesan sobre Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca (quienes se encuentran en libertad).
Al solicitar la extensión de la medida coercitiva la fiscalía señaló que los tres exfuncionarios continúan constituyendo un riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, recordaron los operativos que montaron estando en libertad, antes del 10 de julio pasado, para manipular y ejercer presión hacia otros imputados en la causa y ocultar pruebas.
Una de las principales expectativas en torno a esta audiencia era si Sanz podía lograr la prisión domiciliaria, luego de la declaración que brindó ante los representantes del Ministerio Público Fiscal asumiendo su participación en las maniobras de corrupción, aportando detalles de las mismas y nuevos nombres de personas involucradas, además de señalar que el dinero era destinado a acciones de campaña política y enriquecimiento personal de funcionarios de primer nivel y mandos medios.
Para los fiscales el testimonio no agregó "nada nuevo ni sustancioso" a la investigación ya que solo confirmó información que ya habían obtenido a través de documentos y otros imputados que declararon hace unos meses, motivando las prisiones preventivas.
Más allá de eso, el principal motivo que alegó la fiscalía para no solicitar una morigeración de la medida cautelar para Sanz fue el testimonio de un nuevo "arrepentido" Guillermo Meza quien aportó datos que omitió el ex director de Fiscalización respecto al enriquecimiento de su patrimonio.
Tanto el abogado de Sanz, Gustavo Palmieri, como los letrados patrocinantes de Soiza y Osuna (Esteban Sampayo y Fernando Diez, respectivamente) habían solicitado la libertad de sus clientes y en subsidio la prisión de domiciliaria. En el caso del ex director de Planes Sociales, como el del ex director de Fiscalización, sus defensores agregaron, en subsidio, la prohibición de contacto de sus representados con otros imputados. Sampayo había sumado a su vez una tobillera electrónica para el dueño de Faraón.
La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022, cuando se realizó la primera formulación de cargos a 16 personas por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.
Según la teoría fiscal, la operatoria para concretar las estafas comenzó con el reclutamiento de posibles beneficiarios para un plan asistencial que, creado en febrero de 2018, estaba destinado a desempleados. De acuerdo con la investigación, los y las beneficiarias de los planes finalmente no recibían el total del monto asignado.
Las pruebas que hasta el momento recolectó la fiscalía permiten atribuir conductas a las personas imputadas entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022, con un perjuicio total a la administración pública estimado en $153.377.900.
Mediante una estructura piramidal, los jefes impartían órdenes que los colaboradores llevaban a cabo, con roles y funciones concretas. El dinero de era retirado mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios, quienes sólo recibían una fracción del plan.