Estafa con planes sociales: ¿qué sucedió en la audiencia por las prisiones preventivas?

Este jueves la causa por las estafas con planes sociales que puso en el ojo de la tormenta al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, sumó un nuevo episodio. De cara al vencimiento del plazo de la prisión preventiva de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, la fiscalía solicitó ante la jueza Estefanía Saulí una prórroga de la medida cautelar por seis meses para los tres imputados que se encuentran tras las rejas desde el 10 de julio pasado, remarcando que siguen estando los riesgos de que entorpezcan la investigación.

Pese a la larga y explosiva declaración que realizó Sanz (ex director de Fiscalización) asumiendo su participación en las maniobras de corrupción, aportando detalles de las mismas y nuevos nombres de personas involucradas, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli se mantuvieron firmes en pedir la extensión de la medida coercitiva para el acusado que, a partir de su testimonio, confiaba en la posibilidad de obtener la prisión domiciliaria solicitada por su abogado Gustavo Palmieri.

Tal es así que cuando el letrado requirió la audiencia "con carácter de muy urgente", remarcó que había consensuado con el Ministerio Público Fiscal la morigeración de la actual privación de la libertad.

Hoy por la mañana, en la sala 15 de Ciudad Judicial, el letrado hizo hincapié en el acuerdo que había realizado con los fiscales en un primer momento - tras la declaración de su defendido- y remarcó que la fiscalía verificó y dio el visto bueno para el domicilio que puso a disposición para que Sanz cumpla con la medida cautelar.

Luego señalar que esperaba una audiencia exclusiva para su cliente (sin la presencia de Soiza y Osuna, a quienes Sanz había mencionado en su declaratoria), Palmieri pidió "la inmediata libertad" del ex director de Fiscalización al argumentar que hoy en día no constituye un riesgo para el desarrollo de la investigación y que la extensión de la misma es "irrazonable y arbitraria".

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Ante la consideración de que puede haber un "riesgo latente" ofreció la prohibición de contacto con los cuatro imputados (Lucía Mariel Soto, Analía Griselda Scherer, Cristian Javier Vergara, Paula Gabriela Zeballos) que meses atrás habían declarado ante fiscalía involucrando a Sanz, Soiza y Osuna no solo en maniobras de estafas, sino también episodios de amenazas, manipulación y operativos de recolección de celulares, computadoras y otros elementos de prueba anticipando allanamientos que tuvieron lugar los días posteriores a cada requisa que realizaron u ordenaron los tres detenidos, con la participación del abogado Alfredo Cury.

Al pedir la prórroga de la prisión preventiva, el fiscal Narváez recordó la sentencia del juez de Garantías Cristian Piana, quien al dictar la prisión preventiva de Soiza, Osuna y Sanz hizo hincapié en el miedo que manifestaron tener Soto, Scherer, Vergara y Zeballos.

En ese punto, Palmieri cuestionó a la fiscalía al señalar que la información de los allanamientos salió de su propio seno. "Si cree que esta medida no alcanza, pido la prisión domiciliaria", agregó por último.

Para la fiscalía, la declaración de Sanz, no sumó datos nuevos ni sustanciosos, sino que solo confirmó información que ya venían manejando y que fue aportada por los otros imputados que declararon con anterioridad motivando las prisiones preventivas del ex director de Fiscalización, Osuna y Soiza. A su vez, agregó que en la provincia no se aplica la ley del arrepentido.

Palmieri, por su parte, rechazó estas consideraciones y subrayó que la declaratoria de su cliente es un cambio de actitud y que tanto él como los otros ex funcionarios están detenidos por presiones políticas y para no mostrar signos de debilidad por parte del Ministerio Público Fiscal.

Planes sociales: la defensa de Soiza

Por su parte, el abogado Esteban Sampayo pidió la libertad de su cliente, Ricardo Soiza, y coincidió con varios de los argumentos que había desplegado Palmieri, especialmente en el punto que de los 31 imputados en la causa, solo 28 están con prisión preventiva.

Al respecto, tanto él, como Fernando Diez, abogado defensor de Osuna, recordaron que el ex ministro Abel Di Luca y Tomás Siengentharler (coordinador Provincial de Administración) están en libertad, aún cuando fueron sindicados junto a Soiza, Sanz y Osuna como los cabecillas de una banda que cometió el delito de asociación ilícita en carácter de jefe con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real.

En ese sentido, agregaron el abogado Alfredo Cury, quien actualmente se encuentra imputado en calidad de participe, tampoco está con prisión preventiva, aún cuando fue señalado por Soto, Scherer, Vergara y Zeballos como parte del operativo de eliminación de pruebas ante el dato de un posible allanamiento y como alguien que ejerció presión para que no hablen ni busquen a otro representante letrado cuando explotó el escándalo.

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Claudio Espinoza

Tal como había adelantado a LMN, en subsidio, Sampayo ofreció prohibición de contacto de Soiza con otros imputados, además de una tobillera y prisión domiciliaria.

En sintonía, el abogado defensor de Marcos Osuna hizo la misma solicitud ofreciendo un domicilio en el barrio Z1 para que cumpla con la medida cautelar el exjefe de Gestión de Programas.

Tras escuchar a todas las partes, la jueza Saulí decidió hacer un cuarto intermedio hasta mañana viernes 10 de noviembre, momento en que emitirá su decisión.