Causa de la mutual de Añelo: la defensa de Levi y el llamativo contenido de dos celulares de dirigentes de la UOCRA

La investigación judicial que involucra a la Asociación Mutual de Trabajadores de la Construcción de Neuquén (AMTCN) -que hoy tiene a Juan Carlos Levi con un edificio a medio construir en la meseta de Añelo -volvió a tener impacto tras el desarchivo dispuesto por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero.

El expediente había sido archivado en su momento por la figura de compulsión asociativa, es decir, por presuntas afiliaciones inducidas dentro de la mutual. Sin embargo, fue reactivado bajo una nueva hipótesis: estafa y eventual administración fraudulenta, a partir de transferencias de la mutual hacia empresas vinculadas a socios de la entidad, algunos de ellos familiares.

En ese contexto, el abogado defensor de Levi, Sebastián Perazzolli, rompió el silencio y cuestionó tanto el encuadre jurídico como el nivel de exposición pública que tomó la causa, con nueve allanamientos simultáneos.

Godoy y Acsama celulares UOCRA

Por tratarse de fondos privados y no públicos, el Ministerio Público Fiscal no difundió oficialmente los nombres de los involucrados. ¿Por qué el interés ahora en algo que había sido archivado? ¿Qué cambió en estos años?,¿Además de los denunciantes afiliados, qué otros actores hay detrás? es la pregunta que se hace la defensa.

Mutual de Añelo: las causas de una denuncia desarchivada

Además, realizó una aclaración sobre el origen de la denuncia y el derrotero del expediente. “Es bueno hacer una aclaración. Esta denuncia viene desde 2024. La hicieron un grupo de trabajadores con dos abogados y denunciaron que los coaccionaban para afiliarse a la mutual o si no tendrían trabajo. Esa denuncia fue archivada porque no se demostró tal cosa", dijo Perazzolli.

Luego la fiscalía investigó si, a raíz de la mutual, se les daban o no beneficios a los afiliados. Se investigó y en octubre de 2025 se archivó.

En enero de este año la fiscal Rivero "desarchivó con fundamento en los gastos de la mutual -tema nunca denunciado- y a raíz de ello se hicieron allanamientos, etcétera, sobre una supuesta ‘administración fraudulenta’ que absolutamente nadie denunció”.

Mutual Anelo

Para la defensa, el cambio de hipótesis y las nuevas medidas procesales marcan un punto de inflexión que excede lo estrictamente técnico.

El secretario adjunto de la UOCRA Neuquén y titular de la mutual habló a través de su abogado y dejó entrever que la denuncia reactivada estaría vinculada a la interna sindical y al reparto de territorios dentro del gremio.

Se trata de una disputa que el gobierno provincial había intentado cerrar con un acta acuerdo firmado en la Subsecretaría de Trabajo, donde los dirigentes se repartieron las jurisdicciones de afiliados en pleno auge de Vaca Muerta. Aquella “paz social” duró poco y comenzó a resquebrajarse hace aproximadamente un año.

Los celulares de dos dirigente de la UOCRA

El giro más llamativo del expediente ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos se formalizaron dos actas de entrega de información por parte de dirigentes de la UOCRA que integran la comisión directiva en Neuquén.

Acta UOCRA paz social.jpg

Ese día, Juan Acsama entregó su teléfono, del cual se extrajo un chat de WhatsApp denominado “PEDRO PAISA”, con archivos multimedia incluidos. Una hora después hizo lo propio César Godoy, referente del gremio en Rincón de los Sauces y dirigente del Partido Justicialista, de cuyo dispositivo se seleccionaron cuatro imágenes de la galería.

Ambos procedimientos quedaron documentados, con validación formal y devolución de los equipos en las mismas condiciones.

Según la hipótesis de la defensa, esos dirigentes -que comparten la conducción gremial con Levi- declararon como testigos e intentaron involucrarlo en la maniobra vinculada a las afiliaciones y al manejo de la mutual.

Perazzolli remarcó que los fondos cuestionados estarían invertidos en la obra de Añelo: un edificio de cinco niveles, con una construcción contigua que incluiría oficinas, albergues y otros servicios. Según estimaciones de mercado, dependiendo de la zona, el costo puede oscilar entre 1.800 y 2.500 dólares el metro cuadrado.

“Si uno ve la evolución patrimonial de la mutual, la hipótesis de administración fraudulenta se descarta. Esto no es más que una exposición de pesca de la Fiscalía. No hay ningún fundamento serio para justificar semejante afectación a la intimidad de las personas investigadas”, afirmó.

El expediente original había sido archivado cuando se analizaba la figura de compulsión asociativa. No obstante, tras nuevas medidas impulsadas por la fiscalía, la causa fue desarchivada y reconducida hacia una presunta estafa vinculada al manejo de fondos de la mutual.

UOCRA Vaca Muerta.jpg

“Del análisis objetivo de las evidencias recolectadas hasta ahora no hay una hipótesis de delito que justifique una investigación formalizada. Si la Fiscalía actuara con objetividad en el caso, debería disponer el archivo del legajo”, expresó el abogado.

La paz social en Vaca Muerta: la trama detrás de la denuncia

En 2024, tras episodios de conflicto interno en el gremio, se firmó una audiencia de conciliación ante la Subsecretaría de Trabajo que dividió territorialmente la representación sindical para evitar enfrentamientos.

El acuerdo estableció zonas de control para cada referente: Víctor Cárcar en la Confluencia; Acsama en Tratayén y El Chañar; Godoy en Rincón de los Sauces; Natalio Benavídez en Plaza Huincul y Cutral Co; y Levi -como secretario adjunto- en Añelo hasta las zonas de Cortaderas y Carranza.

Ese esquema buscó cerrar una etapa de rivalidades y violencia. Sin embargo, la reactivación de la causa y la apertura de los celulares de dirigentes volvieron a cruzar lo judicial con lo sindical.

Perazzolli también cuestionó los tiempos procesales y advirtió que la fiscalía tiene 60 días para concluir la investigación preliminar, aunque -según señaló- esos plazos suelen extenderse sin consecuencias tras el precedente “Quilodrán” del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

“Si eventualmente decidieran formular cargos, estaremos listos para explicarle al juez que intervenga las sobradas razones que aconsejan desechar esta investigación”, concluyó.

La causa, que comenzó con una denuncia de trabajadores por afiliaciones y hoy se investiga como presunta estafa, empieza a mostrar con mayor nitidez los ribetes de la interna sindical. Entre el desarchivo, el aporte de los celulares y una conducción que había sellado la paz en 2024, el expediente avanza.

La defensa sostiene que el proceso ya excede lo jurídico y comienza a teñirse de política.