Planes Sociales: ¿quiénes son los 5 cabecillas de las 9303 estafas por $153 millones?

Tras una larga audiencia que arrancó ayer por la mañana y que concluyó este viernes, finalmente, la jueza Estefanía Sauli pudo comunicar su sentencia respecto a la formulación de cargos propuesta por la fiscalía a unos 27 imputados en la causa que investiga el fraude con cheques y tarjetas de crédito a la administración pública y a los beneficiarios de planes sociales por desempleo otorgados por el Estado provincial entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022.

De este modo, el exministro Abel Di Luca (quien pudo evitar la foto en la sala 12 de ciudad judicial junto al resto de los acusados al comparecer vía Zoom), fue imputado junto a Ricardo Soiza(ex director provincial de Planes Sociales) Tomás Siengentharler (coordinador Provincial de Administración), Néstor Pablo Sanz (exdirector de Fiscalización) y Marcos Osuna (exjefe del departamento de Gestión de Programas) "por el delito de asociación ilícita en carácter de jefes en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal)".

Al resto de los acusados se le formularon cargos como partícipes de la asociación ilícita "en concurso real, con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real (artículos 210, primer párrafo; 163, inciso 15; y 174, inciso 5 del Código Penal)".

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Estafa con planes sociales: Ricardo Soiza entrando en la audiencia del jueves.

Claudio Espinoza

"Todos los miembros aprovecharon la estructura de esta asociación y defraudaron el patrimonio del Estado y el patrimonio de las personas que necesitaban los subsidios en un total de 9.303 operaciones (extracciones de dinero en cajeros automáticos y cobros de cheques) ocasionando un perjuicio a la administración pública, hasta el momento, de 153.377.900 pesos", sostuvo la magistrada al leer la sentencia.

En total, la reformulación de cargos efectuada entre ayer y hoy comprendió a 27 personas, entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Otras tres personas no se presentaron a la oficina judicial y serán acusadas en una nueva audiencia.

La investigación, declarada como compleja, continuará al menos hasta el próximo 29 de noviembre, día en que vence su plazo. A partir de esa instancia existe la posibilidad de que se pase a la instancia de juicio oral o bien que se solicite una prórroga, lo que es más probable.

Planes sociales: la importancia de la audiencia

A partir de esta audiencia, la cantidad de personas imputadas pasó de 19 a 27. Entre ellos se encuentra un exfuncionario de primera línea del Estado provincial. Representado por el abogado Gustavo Rodríguez, el ex ministro de Desarrollo Social Orlando Abel Di Luca, no logró que no se le formulen cargos. Por el contrario, fue sindicado como uno de las cabecillas de la asociación ilícita que realizaba maniobras para desviar parte de los fondos destinados a los subsidios de desempleo para enriquecimiento propio o bien para uso de financiamiento político

Con la información recabada durante la investigación, la fiscalía detalló el nivel de responsabilidades en cinco niveles diferentes, con cinco funcionarios de alto rango en el primer escalón como Di Luca, Soiza y Tomás Siegenthaler, quien ingresó al Ministerio de Desarrollo Social el 1 de octubre de 2009 por un decreto firmado por el entonces gobernador Jorge Sapag. A día de hoy continua siendo coordinador Provincial de Administración, cargo que ostenta desde el 11 de diciembre del 2019.

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La jueza Estefanía Sauli.

Claudio Espinoza

Además de incorporar nuevos imputados (como el polémico abogado Alfredo Cury, quien luego de defender a una primera tanda de acusados asumió su propia defensa), a partir de esta audiencia se le reformularon los cargos a Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, quienes dejaron de estar señalados como partícipes de la asociación criminal para pasar a ser investigados como jefes de la misma. Sanz tenía el cargo de exdirector de Fiscalización en la Dirección de Planes Sociales mientras que Osuna, se desempeñaba como exjefe del departamento de Gestión de Programas. Ambos continúan en prisión preventiva, al igual que Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social).

Cabe destacar que Isabel Natalia Montoya, pareja de Sanz, también está imputada en la causa. Ambos son representados por el abogado Gustavo Palmieri. Osuna, en tanto, cuenta con el patrocinio del defensor público jefe Fernando Diez, mientras que Soiza, detenido en la comisaría 49 de Vista Alegre, eligió como abogado a Esteban Sampayo.

La sentencia de la jueza Sauli también desestimó los cuestionamientos de las defensas en torno a la figura de asociación ilícita como calificación legal. En ese sentido indicó que esa figura contempla "conductas reiteradas, pluralidad de hechos. No necesariamente ese delito tiene que ser diverso. En este caso se trata de uno solo, cometido muchas veces, al menos 9303", remarcó.

Asimismo, y tal como había anticipado, el ministerio público fiscal incorporó oficialmente una nueva modalidad de estafa. En un primer momento se señaló el accionar con tarjetas de crédito, ahora se agregaron cheques.

Responsabilidades

El fiscal jefe Pablo Vignaroli precisó que la maniobra consistió en reclutar posibles beneficiarios de un plan asistencial que, creado en febrero de 2018, estaba destinado a personas que no tuvieran trabajo. De acuerdo con la investigación, los y las beneficiarias de los planes finalmente no recibían el total del monto asignado. Las pruebas que hasta el momento recolectó la fiscalía permiten atribuir conductas a las personas imputadas entre septiembre 2020 y el 31 de julio 2022.

“Tejieron una estructura piramidal en donde los jefes impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y, finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero utilizando tarjetas de débito que le pertenecían a los beneficiarios”, relató Vignaroli.

Abel Di Luca ministro Desarrollo Social

El ex ministro Abel Di Luca.

Al hablar de las responsabilidad y el accionar de la banda criminal montada en el Ministerio de Desarrollos Social, la fiscalía determinó cinco niveles de jerarquía y ubicaron en el primero a los sindicados como jefes de la asociación ilícita.

En un segundo nivel ubicaron a colaboradores directos de los jefes integrado por ejemplo por el auditor contador Julio Arteaga, Luis Gallo extitular de la Dirección de Finanzas, Carolina Reiznik (directora de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería).

En tercer lugar se encuentran quienes se ocupaban de reclutar posibles beneficiarios de planes sociales, seguido por quienes extraían el dinero y luego por quienes eran incluidos o incluidas como beneficiarias de planes sociales sin reunir los requisitos.

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El auditor contador Julio Arteaga quedó imputado como partícipe de la asociación ilícita.

En ese sentido explicaron que Soiza y Abel Di Luca -cada uno desde su jerarquía-. eran los encargados de decidir quiénes eran los beneficiarios del los planes y los montos a pagar. Si bien había un expediente oficial con el listado de quienes estaban en condiciones de recibir la ayuda económica estatal, los pagos se acreditaban a partir de una planilla Excel ("el listado Blue") que se enviaba por mail en paralelo y de manera informal. La misma registraba a menos beneficiarios pero con asignaciones que sumaban el mismo monto total detallado en el expediente oficial. Además destinaba a un subgrupo un haber mayor que al resto.

A modo de ejemplo: si en el expediente oficial se aprobaban planes para unas 4 mil personas por un determinado monto total, en el Excel se distribuía esa cifra entre unos 3 mil personas que recibían en dinero en concreto, dentro de las cuales unas 100 y 200 personas cobraban más que el resto. Si el aporte en general era de alrededor de 10 mil pesos, a ese subgrupo se le depositaba 49.500 pesos.

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El fiscal del caso Juan Manuel Narváez y Pablo Vignaroli, fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos

Claudio Espinoza

Al hablar de Di Luca, el fiscal del caso Juan Manuel de Narváez, manifestó: "En un comienzo ese rol lo ejecutó aprovechando su cargo de subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social, función que tuvo hasta el 3 de diciembre del 2021. Luego continuó cumpliendo el rol de jefe (de la asociación ilícita) hasta el 31 de julio del 2022, ya como ministro de Desarrollo Social".

El representante de la fiscalía sostuvo que el exministro se encargaba de supervisar y aprobar un listado paralelo de los beneficiarios de los planes sociales y los montos. Luego aprobaba el listado "blue" para que desde la Dirección de Finanzas se pudiera gestionar las operaciones necesarias para que se lograra la acreditación del dinero para el cobro por medio de cheques y de tarjetas de crédito.

"Di Luca era el principal responsable para que esta maniobra de defraudatoria pudiera llevarse a cabo mes a mes durante el periodo de tiempo que funcionó esta banda criminal", sentenció el fiscal.

Acto seguido mencionó a Tomás Siengentharler y señaló que se encargada de dar inicio a los alcances correspondientes a cada expediente administrativo de manera mensual y que "definía con Di Luca el monto global de del dinero destinado -en teoría- al subsidio provincial por desocupación". "Junto a Di Luca supervisaba y aprobaba el listado paralelo que se enviaba desde la Dirección de Planes Sociales a cargo de Ricardo Soiza", remarcó.

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Tomás Siengentharler

"Además, encomendaba a sus directores de áreas Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo que realizaran toda la coordinación pertinente a sus competencia con el objetivo de que la maniobra se llevara a cabo mes a mes", dijo para luego precisar que Siengentharler enviaba a la Dirección de Finanzas a cargo de Luis Gallo y mas tarde a cargo de Laura Reiznik para que dieran las órdenes al banco para que se efectuaran las acreditaciones y el libramiento de los cheques. Todo eso culminaba cuando Julieta Oviedo (directora de Tesorería) realizaba esta operación", indicó.

"Siengentharler firmaba cheques por medio de los cuales se sustraía el dinero que correspondía a los beneficiarios de planes sociales", añadió.

Luego de referirse a Soiza como otros de los cabecillas de la asociación ilícita y remarcó que el exfuncionario "confeccionaba un certificado donde daba fe que las personas incluidas en los listados del expediente oficial habían cobrados los cheques y las acreditaciones bancarias mes a mes.

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Planes sociales: parte de los acusados en la causa.

Claudio Espinoza

Para ejecutar esta maniobra Soiza coordinaba con Sanz y Osuna, que estaban en un nivel más bajo en la Dirección de Planes Sociales, para que buscaran reclutadores y pudieran captar personas allegadas con el objetivos que se consignaran beneficiarios en los listados paralelos.

"Soiza ordenaba remitir los listados paralelos por mail a la Coordinación del Ministerio a cargo de Siengentharler para que se puedan hacer las acreditaciones pertinentes" detalló y agregó que el dueño del restaurante El Faraón se encargaba de recibir todo el dinero de las extracciones y cheques que le rendían Pablo Sanz y Marcos Osuna.

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Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna y su defensor Fernando Diez.

Sebastian Fariña Petersen