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Desde la Cámara Criminal y Correccional solicitaron el inmediato arresto del médico apuntado por la muerte de Silvina Luna.
Después de toda la polémica que se generó alrededor de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna (y la denuncia de numerosos pacientes), el médico tendrá que afrontar la orden de detención inmediata por parte de la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional.
La solicitud responde a la acusación por homicidio en la causa de Rodolfo Cristian Zárate, un empresario de Campana que fue paciente de Lotocki y que falleció luego de una cirugía realizada en 2021, en Caballito.
Según detalla el fallo judicial, la medida fue dictada porque temen que el cirujano mediático entorpezca la investigación.
Lotocki ya había sido procesado, y durante la jornada de martes la Cámara había confirmado dicha decisión. No solo eso: también lo habían imputado por falsificar registros médicos.
"Entendemos que el beneficio concedido debe ser revocado, pues evidentemente novedosas circunstancias ameritan un nuevo análisis y en consecuencia se impone la detención del imputado como recaudo imprescindible para asegurar su sujeción al proceso", detalla el fallo al que accedió Noticias Argentinas.
Ante los detalles expuestos en el documento, el tribunal resolvió: "Revocar la excarcelación concedida a Aníbal Rubén Lotocki en el marco del incidente número 16744/21/1 y disponer su prisión preventiva, así como también su inmediata detención".
“Concluimos en que es posible, con el grado de certeza exigido para esta etapa del proceso, atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zarate por cuanto su conducta resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente a Rodolfo Cristián Zárate, o adoptado mayores cuidados durante el control posterior a su práctica”, señaló la Cámara en el procesamiento dictado este martes.
Ahora, el juez Luis Schlegel está en condiciones de enviarlo a juicio oral y público por el delito de homicidio simple que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.