El abogado defensor dice que el encierro en Esquel fue una forma de protegerse. Y que lo amenazaban desde la industria farmacéutica por su tratamiento contra el covid.
El bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años, fue detenido en Chubut el viernes 23 de octubre de 2026 acusado de mantener cautiva a su familia en una casa de Esquel.
Mientras cumple prisión preventiva acusado de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, en las últimas horas su abogado, Daniel Sandoval, explicó los argumentos que, según su teoría, llevaron al profesional a tomar una decisión que en realidad nada tendría que ver con los hechos que se le adjudican.
Sandoval sostiene que Battista, quien ganó notoriedad pública en octubre de 2020 al promocionar un suplemento nutricional desarrollado y registrado por él para combatir el coronavirus, está siendo hace años persegudio por una mafia.
Descartó de plano que haya existido violencia intrafamiliar. Y afirmó que el aislamiento y las ventanas tapiadas fueron resultado del miedo y de un acuerdo entre Battista y su esposa, dentro de lo que describió como un esquema de “autoresguardo” frente a presiones externas.
El argumento que Sandoval expuso en una entrevista con ADNSUR se centra en que todo fue, en realidad, una medida desesperada de protección.
La defensa ubica el comienzo de la persecución en los meses más duros de la pandemia de coronavirus.
Por entonces, Battista se hizo conocido por promocionar un suplemento de alfalfa que supuestamente fortalecía el sistema inmunológico y estaba dando excelentes resultados en pacientes que habían contraído el virus del covid, en un momento donde todo era incertidumbre..
Según el abogado, esos desarrollos incomodaron a la farmacología tradicional, porque amenazaban con hacerla claudicar.
Lo cierto es que, siempre según su argumento, tras esa repentina y breve fama televisiva, el bioquímico habría empezado a recibir aprietes sistemáticos. Y su vida se transformó en un calvario que fue empeorando progresivamente.
El abogado sostuvo que la extorsión alcanzó a su cliente en su condición de investigador. Dijo que Battista “tiene pruebas objetivas de que fue víctima de extorsión” y que “llegaron a sacarle cerca de 90 mil dólares bajo reiteradas amenazas” para que abandonara sus estudios.
Según el relato del defensor, el hostigamiento se inició en la zona norte de Buenos Aires, donde vivía la familia, y la persiguió hasta la cordillera chubutense en 2022.
Ese año, un grupo de personas habría viajado desde el conurbano bonaerense hasta Trevelin, en Chubut, con el único fin de obligar a Battista a firmar un pagaré y darle una golpiza.
El hecho se denunció ante la fiscalía de Esquel, pero la causa quedó archivada porque no se logró identificar a los agresores.
Para Sandoval, ese final judicial dejó a la familia sin salida y la fue llevando a recluirse progresivamente en su domicilio de Esquel, ante un amedrentamiento directo.
El abogado agregó que la aparición de municiones tiradas en la vereda funcionó como una señal mafiosa.
Y que ante eso, Battista y su esposa habrían decidido aislarse de forma definitiva y cortar el contacto social en la casa del pasaje La Cascada al 600, en la zona norte Esquel, donde la policía hizo el procedimiento que culminó con la detención de su cliente.
Anteriormente, Sandoval había confirmado que los hijos del bioquímico tienen 13, 17 y 19 años. Y en esas edades había apoyado su postura de que las condiciones en las que vivían estaban consensuadas dentro del grupo familiar.
“Si se emplea la lógica, podemos ver que tres jóvenes de esas características fácilmente pueden doblegar la voluntad de un anciano. Que un solo hombre de 71 años mantenga prisioneros a tres chicos no es una hipótesis muy sostenible”, había dicho.
Ahora contó que el grupo familiar llegó a la cordillera después de vivir en zonas residenciales de Buenos Aires, como Olivos. Y que los hijos nacieron en territorio bonaerense.
Según el abogado, el padre de Battista “ocupó altos cargos ejecutivos en el Ministerio de Transporte de la Nación” y su madre tenía una fuerte formación técnica.
Cinco hermanos del detenido ejercen la medicina y la psiquiatría y viven en la zona de Hurlingham, en el Oeste del Gran Buenos Aires.
Consultado sobre si algún integrante de ese círculo cercano se comunicó para ofrecer asistencia, el abogado respondió: “Todavía no”.
Para rebatir la hipótesis de abandono material de su familia que sostiene la acusación, el defensor describió la economía del hogar.
Según Sandoval, “Battista siempre funcionó como el único proveedor económico del hogar y cobraba una jubilación mínima”, y además vendía preparados naturales de manera particular.
Por eso, reveló que el detenido pidió a la Justicia que libere el dinero en efectivo secuestrado durante el operativo en su casa, donde según fuentes de la investigación le confiaron a Clarín, habían encontrado a los integrantes de la familia aislados en distintos ambientes.
La defensa quiere entregarle esos fondos a la hija mayor del bioquímico, para que cancele las deudas urgentes de la familia mientras el padre siga preso.
El abogado cuestionó también el resultado del allanamiento.
Sostuvo que antes del procedimiento la familia estaba unida bajo un mismo techo y que “el accionar del Estado terminó disgregando al grupo al dejar a la madre inmersa en un quiebre emocional y económico, a los hijos en hogares sustitutos y al único sostén financiero preso”.
La hipótesis de las fiscales Cecilia Bagnato y Mónica Caveri es diametralmente opuesta a la postura del defensor.
Para el Ministerio Público el caso encuadra en privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo.
Tras las primeras intervenciones en la vivienda, los equipos técnicos advirtieron en un informe oficial que los integrantes del hogar se encontraban en “vulnerabilidad extrema” por sus condiciones de vida.
La Fiscalía anticipó que el imputado será sometido a una pericia psiquiátrica obligatoria, para evaluar si comprendía la gravedad de sus actos durante los años de encierro.
Mientras tanto, cumplirá la prisión preventiva dictada por el juez, a la espera de que los hijos declaren mediante Cámara Gesell.
En sus primeras declaraciones públicas, Sandoval había hablado de la situación en la casa de Esquel como “una forma de vida” que tenía la familia, y que era consensuada.
Ahora, se suma el elemento de una presunta persecución que puso al jefe de familia, en su momento vinculado a una ONG evangelista con actividad en toda Latinoamérica y que despertaba sospechas, a la defensiva y en una estrategia de autoprotección que los habría llevado a todos al aislamiento.