Tras los testimonios públicos de ambos y las contradicciones, la investigación avanzó este martes con medidas concretas en Trelew. Qué se sabe.
La causa que sacudió a la Justicia de Chubut a partir de la difusión de un video que muestra al abogado defensor Martín Castro recibiendo 12 millones de pesos de manos de Irene Ramírez —madre de un imputado— dio un paso significativo esta semana. Con autorización del juez Marcos Nápoli, el fiscal general Omar Rodríguez dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de ambos como parte de la recolección de pruebas clave para tratar de determinar por un lado, si lo que muestran las imágenes es real y no un mantaje y, por otro, si efectivamente el pago que se muestra fue para coimear a una fiscal o no.
Los dispositivos incautados pertenecen a Castro y a Ramírez, las dos personas que aparecen en las imágenes donde se observa la entrega del dinero.
En este punto de la investigación, los investigadores buscan analizar las comunicaciones entre ambos para reconstruir el contexto del encuentro y determinar el alcance de la maniobra bajo sospecha.
En paralelo al secuestro de los teléfonmos, se realizó además una pericia ocular en el edificio ubicado sobre calle 28 de Julio, en el centro de Trelew, donde se habría concretado la entrega, según los testimonios de la mujer.
Fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, según los resultados que arrojen los peritajes a a los dispositivos y otras pruebas en análisis.
La investigación, de todos modos, avanza con hermetismo en el contexto de un escándalo, en caso de que algo de lo que se afirma en el video sea cierto.
La causa se abrió a partir de las denuncias formales del procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, y de Julieta Gamarra, la fiscal mencionada en el video como supuesta destinataria del pago, quien desde 2025 está a cargo de la oficina anticorrupción del Ministerio Público chubutense.
Inicialmente, el núcleo del escándalo apuntó a la funcionaria judicial, pero con el paso de los días, empezó a tomar relevancia la figura del abogado Castro, quien públicamente desligó a la fiscal de toda responsabilidad, y de la mujer que en el video entrega el dinero, quien el lunes salió a hablar y contradijo al letrado que en su momento defendió a su hijo.
Castro declaró el viernes en FM El Chubut que el dinero correspondía exclusivamente al pago de sus honorarios profesionales, debidamente registrados en las actuaciones judiciales. Además, negó de manera categórica cualquier vínculo con la fiscal: "La fiscal Julieta Gamarra nunca me solicitó, nunca le ofrecí y nunca le entregué dinero alguno, ni en esta ni en ninguna causa", sostuvo con contundencia.
Pero la versión de Irene Ramírez apunta en una dirección completamente distinta. La mujer aseguró que sus honorarios ya habían sido abonados previamente —11.000 dólares— y que los 12 millones entregados en la mochila tenían otro destino.
"El video es real. Él nos pidió ese dinero porque mi hijo iba a ser condenado a cuatro años y nos dijo que Julieta (por Gamarra) lo dejaba con un año si yo aportaba los 12 millones", afirmó Ramírez.
Según su relato, el abogado le indicó que el acuerdo ya había sido conversado con la fiscal y que el dinero le sería entregado a ella.
Ramírez describió con detalle las condiciones en las que se concretó el pago. Contó que inicialmente la cita estaba prevista en el estudio jurídico del abogado, en Yrigoyen 1189, pero que Castro cambió el punto de encuentro sobre la marcha. Finalmente, la entrega se realizó en el palier de un entrepiso del edificio ubicado en 9 de Julio 128.
"Era incómodo andar con una mochila llena de plata y entregársela en el palier. Le pregunté si no tenía un lugar más privado, pero me dijo que no nos podía hacer subir porque arriba estaba su familia", recordó.
También intentó pedirle un recibo al abogado como constancia del pago, algo que él rechazó. "Me dijo que me quedara tranquila, que Julieta iba a cumplir", señaló.
La mujer justificó su decisión de pagar por el estado de angustia en que se encontraba. "Yo no soy abogada ni sé de leyes, soy mamá y ante la desesperación de que mi hijo no quedara cuatro años detenido accedí a pagar", expresó. Y remarcó que el resultado judicial posterior fue consistente con lo que le habían prometido: "Mi hijo terminó quedando con un año" de prisión como condena. Ramírez también afirmó estar dispuesta a colaborar con la Justicia en lo que resulte necesario.
El jueves de la semana pasada, cuando Gamarra se puso a disposición de la Justicia y habló públicamente, además de negar rotundamente que hubiera recibido algún pago, llamó al abogado del video a aclarar la situación. Incluso, deslizó alguna sospecha: “Martín Castro tiene que aparecer y decir cuál es la realidad de que yo no recibí ningún dinero Y entonces tendrá que hacerse cargo de si le pidió de más o no a la familia”, dijo.