La legislatura lo trataría a más tardar en abril. Darío Cárdenas se escapó tras contactarse por teléfono con un cómplice. Otro tema: las estafas virtuales.
Un proyecto impulsado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para prohibir que los presos en las cárceles provinciales tengan acceso a teléfonos celulares, fue ingresado a la Legislatura comenzará a ser analizado en reuniones informativas de las que participarán autoridades del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública.
El proyecto de ley cobra especial relevancia tras la fuga del peligroso asesino Darío “El Loco” Cárdenas, quien este lunes se escapó del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew después de haber acordado el mecanismo de fuga mediante una llamada telefónica a un cómplice, según afirmó el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz.
Este caso se suma al crecimiento registrado en los últimos tiempos del número de delitos cometidos desde el interior de los centros de detención a través del uso de celulares, principalmente estafas virtuales y extorsiones.
La diputada provincial oficialista Andrea Aguilera, una de las impulsoras del proyecto en el recinto, explicó que apuntan a prohibir “el ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de equipos terminales móviles” por parte de personas privadas de la libertad.
La legisladora remarcó que no se trata de dejar incomunicados a los presos sino de organizar un sistema que permita controlar lo que hacen.
“Se establece un régimen de comunicaciones institucionales controladas, que garantice el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto a los derechos humanos”, indicó.
“Nosotros no estamos prohibiendo la comunicación. Lo que intentamos es prohibir la clandestinidad”, insistió Aguilera, en diálogo con el medio local Actualidad 2.0.
Según precisó la diputada, el proyecto retoma los criterios de la Ley Nacional 24.660, cuyo esquema se vio alterado durante la pandemia de Covid-19, cuando se facilitó el uso de celulares en las cárceles debido a que los reclusos no podían recibir visitas.
Esto último ya había sido mencionado por el ministro Iturrioz al referirse a los motivos por los cuales Cárdenas pudo acceder a un teléfono y planificar su huida.
Aguilera, por su parte, precisó que el control establecidos en la ley nacional “se perdió en la pandemia” y así el celular “terminó transformándose en una herramienta clandestina para cometer delitos”.
El nuevo sistema que impulsa el Gobierno contempla comunicaciones mediante telefonía “institucional” —ya sea fija o móvil— y bajo supervisión. Es decir que los presos no contarían con aparatos propios sino que solo podrían acceder al uso de equipos pertenecientes al centro penitenciario que los aloje.
“Que (el teléfono) garantice el contacto con la familia, la defensa técnica o las autoridades, pero que no sea una puerta irrestricta al uso de redes sociales o aplicaciones como WhatsApp”, insistió la diputada.
Respecto de los casos de estafas virtuales, Aguilera señaló que hay datos del Ministerio Público Fiscal que los vinculan con dispositivos ubicados dentro de cárceles de la provincia. “Las IP (el código que registra el lugar de conexión a internet) han sido ubicadas dentro de centros de detención”, afirmó.
El tratamiento del proyecto en la legislatura de Chubut no pasaría de los primeros días del mes próximo. “Buscamos reunir la mayor cantidad de evidencia y voces calificadas para llegar con el mejor proyecto posible”, detalló Aguilera, y estimó que podría tratarse en el recinto en las próximas "una o dos sesiones".