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Habrían hecho un by-pass para saltear la planta de tratamiento de efluentes. El líquido vertido tenía un nivel de bacterias y Escherichia Coli más de 2.000 veces por encima de lo permitivo.
Comenzó en los Tribunales de Puerto Madryn el juicio contra dos directivos de una compañía pesquera, acusados de ser los responsables de contaminación marítima por el vertido de residuos sin tratar a las aguas del Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut.
Los acusados son Nadine Perry y Brahim Yoosef Vargas, señalados como encargados del tratamiento de efluentes de la firma pesquera Conarpesa. El proceso judicial conducido por la jueza Patricia Reyes se inició este lunes y está previsto que el jueves se realicen los alegatos finales.
De acuerdo con la acusación de los fiscales Alex Williams y Florencia Bianchi, en 2023 la firma utilizó una cañería para descargar directamente al mar residuos crudos provenientes del procesamiento de langostinos, sin ningún tipo de tratamiento previo.
El Ministerio Público Fiscal se basó en pericias técnicas y testimonios de especialistas del Centro Nacional Patagónico del Conicet (Cenpat-Conicet) que indicaron que el líquido vertido contenía niveles de contaminación muy por encima de lo permitido: 2.300 veces más en bacteriología y 2.700 veces más en Escherichia coli.
Agentes de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Puerto Madryn, de la Policía y la Policía Científica, coincidieron en señalar que en sus respectivas inspecciones del lugar detectaron un líquido rojizo de olor pestilente que emanaba de un caño que llegaba hasta el alambrado perimetral de la planta de Conarpesa.
Por otro lado, entre las pruebas más relevantes aportadas por la Fiscalía, hay intercambios de mensajes presuntamente incriminatorios entre Parry y Vargas.
En uno de estos mensajes, enviado el mismo día en el que se realizaron allanamientos a la planta de la empresa, se lee: “No podemos derivar más al by-pass”.
El texto haría referencia a un caño no declarado por Conarpesa que se conectaba con el caño troncal autorizado eludiendo, con un by-pass, la zona de tratamiento de los líquidos, y permitiendo su volcado directo al mar.
De acuerdo con la exposición de los investigadores, ese intercambio demuestra que ambos imputados conocían las maniobras y buscaban ocultar el vertido de residuos pesqueros en estas condiciones al Golfo Nuevo.
Si bien el procesamiento de Parry, Vargas y la empresa se dispuso en abril de 2023 por pedido del fiscal Williams, los inicios de la investigación datan de 2020, luego de la difusión de un video que mostraba un líquido rosado con olor penetrante desembocando en el mar desde el Parque Industrial Pesquero.
En base a las imágenes de ese video se dispuso la inspección realizada por personal de la Policía Científica, la Secretaría de Ecología y Ambiente y el Cenpat-Conicet que confirmó la existencia del “bypass” no declarado.
La fiscalía sostiene que el sistema de sistema de descarga de efluentes crudos mediante ese método fue dispuesto por la gerencia de planta y la jefatura de área a cargo de Parry y Vargas, lo que motivó su procesamiento.
En cambio, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, no fue imputado ya que no se pudo demostrar que estuviera al tanto del funcionamiento del sistema ilegal.