La investigación detectó al menos 24 operaciones de venta de droga en poco más de un mes. El juez ordenó prisión preventiva y clausuró la vivienda.
Una investigación por venta de drogas en Rincón de los Sauces terminó con una pareja acusada formalmente por el Ministerio Público Fiscal y con la clausura de la vivienda donde presuntamente funcionaba el punto de comercialización.
La formulación de cargos se realizó este sábado en la Ciudad Judicial. La fiscal del caso Silvia Moreira y la asistente letrada Mariana Querejeta, de la fiscalía de Narcocriminalidad, acusaron a un hombre identificado como F. A. N. y a una mujer de iniciales F. M. P. N. de dedicarse a la venta de estupefacientes entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2026 en un domicilio de la localidad petrolera.
De acuerdo con la investigación que llevaron adelante en conjunto el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el lugar funcionaba como un punto de expendio al que concurrían compradores principalmente durante la tarde. Según se pudo reconstruir, las transacciones se realizaban tanto con dinero en efectivo como mediante transferencias a través de billeteras virtuales.
Los investigadores lograron acreditar al menos 24 operaciones de venta durante el período analizado, lo que permitió avanzar con medidas judiciales para reunir más pruebas y desarticular la presunta actividad ilegal.
La acusación formal se concretó luego del operativo realizado el 13 de marzo alrededor de las 17:35, cuando efectivos policiales allanaron la vivienda que ocupaban las dos personas investigadas en Rincón de los Sauces.
Durante el procedimiento se secuestraron distintas sustancias y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de droga. Entre ellos había 68 gramos de clorhidrato de cocaína, parte ya fraccionada y parte sin dividir, además de 2 gramos de cannabis sativa.
También fueron halladas balanzas de precisión con restos de sustancia y materiales utilizados para el corte y el armado de dosis, como nylons. En el lugar se incautaron además 1.903.000 pesos en efectivo.
Durante el allanamiento también se encontraron varias armas de fuego y municiones de distintos calibres. Entre los elementos secuestrados había un revólver calibre .32 marca Special SP de color plateado, un revólver calibre .32 marca Police Positive con seis municiones en su tambor y otro revólver calibre .32 marca Colt, también plateado. A esto se sumaron diversas municiones de calibres .22, .38 SPL y .32 SPL.
En base a las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en tres hechos.
De acuerdo con la acusación presentada en la audiencia, ambos habrían actuado como coautores en la actividad investigada.
Como medida cautelar, la fiscalía solicitó que el hombre permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación, mientras que para la mujer pidió la modalidad de prisión domiciliaria.
Los peritajes posteriores confirmaron que las armas estaban en condiciones de ser utilizadas, es decir, aptas para efectuar disparos. A su vez, se constató mediante el organismo nacional que regula el control de armamento, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que ninguno de los imputados figura como legítimo tenedor o portador de armas de fuego.
El pedido fue fundamentado en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la necesidad de garantizar que los imputados se presenten ante la Justicia durante el proceso penal.
El plazo solicitado por la fiscalía para estas medidas fue de cuatro meses. La diferencia en las modalidades de detención tiene relación con la situación familiar detectada durante el procedimiento, ya que en la vivienda se encontraba una beba que forma parte del entorno de la pareja.
Ante esta situación, desde el Ministerio Público Fiscal también se requirió la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para evaluar el contexto familiar y las condiciones de la menor.
Además, se solicitaron estudios médicos para la mujer imputada, en el marco de las medidas adoptadas por el tribunal. El juez de garantías Juan Pablo Encima avaló tanto la formulación de cargos presentada por la fiscalía como las medidas cautelares solicitadas para los dos acusados.
Finalmente, el magistrado fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía complete la investigación y determine los próximos pasos del proceso judicial.