La Justicia imputó a cuatro personas por vender cocaína y marihuana en cuatro viviendas diferentes. Un detenido disparó contra una casa y amenazó de muerte a un hombre.
La Justicia de Neuquén formuló cargos contra cuatro personas acusadas de comercializar cocaína y marihuana en distintos puntos de venta en Centenario. Uno de los imputados quedó detenido en prisión preventiva por haber disparado contra una vivienda y amenazar de muerte al propietario y por un episodio donde intentó atropellar a un policía para escapar de un control.
La fiscal del caso, Silvia Moreira presentó la acusación durante una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. La representante del Ministerio Fiscal le atribuyó a tres varones M.N.V.A, J.P.Z.A y K.B junto a una mujer M.A.A el delito de comercialización de sustancias ilícitas desde septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de este año.
La acusación describió la división de tareas que tenía cada uno de los acusados para desarrollar la venta de estupefacientes en cuatro bocas de expendio ubicadas en las calles México, Costa Rica, Puerto Argentino y Ricardo Güiraldes. Según la acusación, las ventas se realizaban por la tarde y la noche, mientras que los pagos se efectuaban a través de transferencias a billeteras virtuales y con pagos en efectivo.
El 12 de septiembre pasado se llevaron adelante una serie de allanamientos que contó con la participación del personal de la División Antinarcóticos de la Policía Provincial. Durante los operativos, los agentes secuestraron drogas, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, retazos de nylon y 638.230 pesos en efectivo.
Durante la audiencia, la Fiscalía describió los roles de cada una de las personas acusadas. El principal imputado, identificado como M.N.V.A era el encargado de la compra y venta de las sustancias ilícitas, empleaba el dinero disponible para la adquisición de estupefacientes tanto para las bocas de expendio y para terceros.
“Es quien conocía a los proveedores, resguardaba y reponía, no solo drogas sino también armas de fuego. Recibía la recaudación diaria” explicó la fiscal.
El imputado M.M.A era el encargado de la coordinación de los pagos y transferencias. Utilizaba su casa para almacenar las sustancias, el dinero en efectivo y también controlaba las transacciones en las que P.Z intermediaba.
La función de P.Z era ser el administrador de la organización. El hombre recolectaba y administraba el ingreso de las transferencias, las cantidades y la identidad de quienes transferían junto a M.A.A. También se encargaba de resguardar y custodiar la droga junto a otros elementos vinculados a la actividad.
En cuanto a K.B. se desempeñaba como vendedor permanente en las viviendas donde se comercializaba la droga.
Por estos hechos, M.N.V.A., M.A.A. y P.Z. fueron acusados como coautores de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, mientras que K.B. fue considerado partícipe secundario.
La Fiscalía planteó que M.N.V.A. ejecutó un ataque armado el 15 de septiembre de 2025, cerca de las dos de la madrugada en la calle Puerto Argentino. Según la acusación, el hombre acudió a una vivienda junto con otras personas que aún no fueron identificadas y efectuaron disparos contra la casa y lo amenazó de muerte. El residente de la vivienda logró refugiarse en un inmueble cercano y no sufrió lesiones.
Ese mismo día, M.N.V.A regresó al domicilio, arrojó piedras y cuando la víctima salió lo amenazó con un arma de fuego para que se fuera de la localidad.
Por este episodio, Fiscalía le atribuyó el delito de abuso de armas en concurso real con amenazas agravadas, en calidad de autor.
El tercer hecho sucedió el 11 de abril de 2026, alrededor de las 16, en las calles Honduras y Perú del barrio Fonavi. Según la acusación, M.N.V.A intentó atropellar a un efectivo de la Comisaría 52.
El ataque sucedió cuando el agente observó un Volkswagen Vento gris en marcha y sin ocupantes. Cuando llegaron dos personas, M.N.V.A se subió al vehículo e intentó embestir a un policía para escapar.
Tras el ataque, los agentes iniciaron una persecución por la calle Nicaragua, abandonó el auto y huyó a pie. Durante la huida dejó caer un envoltorio con 137 gramos de clorhidrato de cocaína. En la requisa posterior del Volkswagen Vento fueron encontrados otros 33 gramos de cocaína y marihuana. Este hecho fue calificado como atentado a la autoridad, en calidad de autor.
Para garantizar el avance de la investigación y ante la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, Moreira solicitó un plazo de investigación de cuatro meses de duración y la prisión preventiva para M.N.V.A. Para M.A.A, P.Z y K.B solicitó la detención domiciliaria por el mismo plazo con el control de dispositivo electrónico y de vigilancia.
La fiscal también requirió prohibir cualquier contacto con la víctima del abuso de armas, embargar el 70% de los fondos de las cuentas bancarias y el 100% de los dólares, el embargo de vehículos y motos secuestradas. También solicitó la clausura preventiva de casas utilizadas como puntos de venta.
La jueza de garantías Natalia Peloso rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por las defensas y confirmó la competencia de la justicia provincial para juzgar el caso. En consecuencia, la magistrada dispuso fijar el plazo de investigación en cuatro meses y dio por formulados todos los cargos.
En sintonía con lo solicitado por la fiscal del caso, Peloso dictó la prisión preventiva por cuatro meses para M.N.V.A en un establecimiento carcelario y desestimó la prisión domiciliaria solicitada por su defensa en la casa de un familiar, porque la vivienda no contaba con las garantías de seguridad necesarias.
En el caso de M.A.A. y P.Z., la magistrada concedió la prisión domiciliaria por cuatro meses. K.B., en cambio, quedó en libertad, aunque deberá fijar domicilio y presentarse tres veces por semana en la Comisaría 52.
Finalmente, Peloso autorizó el embargo de las cuentas bancarias y de Mercado Pago, con excepción de la cuenta en la que M.A.A. percibe sus haberes jubilatorios. También dispuso el embargo de los vehículos involucrados y la clausura preventiva de los inmuebles señalados como centros de comercialización.